El concejal de Cultura, Antonio Manresa, junto a su antecesora y actual gerente del Teatro Principal, María Dolores Padilla.ALICANTE. Los tres grupos del eje progresista que ejercen labores de oposición en el Ayuntamiento de Alicante, PSPV-PSOE, Unides Podem y Compromís, persisten en exigir explicaciones sobre el contrato de asesoría externa concertado por la Concejalía de Cultura para reforzar la difusión de su programación en medios especializados y de incrementar su difusión a través de las redes sociales, después de que el departamento que coordina el edil Antonio Manresa (Cs) haya respondido a las peticiones de información registradas por los grupos opositores sobre el expediente seguido para tramitar esa contratación.
Como viene informando este diario, se trata de un contrato menor por un importe de 15.000 euros más IVA para el periodo de junio a diciembre que se concertó de manera directa (sin concurso) tras la petición de tres presupuestos distintos a empresas o trabajadores autónomos especializados. El contrato se adjudicó a la propuesta presentada por un periodista especializado que había propuesto el presupuesto de menor coste entre los tres. Los otros dos presupuestos, además, superaban el importe límite establecido para los contratos menores.
Ahora, tras el primer análisis de ese expediente (en el que no figura ningún informe, sino la justificación de los motivos de la contratación, como resulta preceptivo), los tres grupos continúan reclamando información adicional mientras sopesan la posibilidad de dar traslado de los hechos a la Fiscalía para que dilucide si, como sostienen, puede haberse incurrido en un presunto fraude administrativo mediante el uso de un contrato menor para incorporar personal justo en el momento en el que una trabajadora interina adscrita a Cultura se acogía a una situación de baja por maternidad.
Así, en primer término, el PSPV-PSOE ha registrado ya una petición de comparecencia de Manresa en el próximo pleno ordinario de junio para que explique "todo el proceso llevado a cabo en la contratación a través de un contrato menor de un periodista para llevar comunicación y redes sociales de su departamento". A través de un comunicado, su portavoz municipal, Paco Sanguino, ha indicado que "reclamamos al concejal Manresa las explicaciones oportunas para que justifique el porqué ha acudido a un contrato menor (una manera de esquivar a la oposición) y no ha escogido al profesional de comunicación que, en teoría necesita, de la bolsa de empleo municipal", ya que, según sostiene el PSPV-PSOE, "el alcalde confirmó que se trataba de una sustitución de una funcionaria que había cogido la baja temporal el 1 de junio".
"Desde el PSOE tenemos serias sospechas de que se ha recurrido a un contrato a dedo que presuntamente puede ser fraudulento porque hay varios elementos que así lo indican tras comprobar la documentación remitida como puede ser la simultaneidad de fechas entre la baja de la funcionaria y la contratación del periodista o que, curiosamente, de las tres ofertas presentadas la única cuyo importe si esta bajo los umbrales de este tipo de contrato es la del periodista en cuestión", añade el comunicado.
Según el comunicado, Sanguino "no solo quiere que el concejal Manresa detalle en sesión plenaria todo el proceso, sino que también explique las contradicciones surgidas con el propio alcalde Luis Barcala, que fue el primero en reconocer que se había contratado a esta persona para sustituir una baja de una funcionaria". El comunicado del PSPV-PSOE insiste en que "el alcalde dijo que la contratación estaba a expensas de un informe de intervención como de la Oficina Presupuestaria, para ver si tenía encaje o no dentro de las medidas vinculadas a la covid-19 pero la documentación no obstante confirma que el decreto de nombramiento es de 28/05/20. No se explica que el Alcalde declarase el 2 de junio que la incorporación del trabajador estuviese pendiente de informe, cuando, además la incorporación efectiva del trabajador fue el 1 de junio", añade el PSPV-PSOE.
Unides Podem subraya que la Ley de Contratación del Sector Público impide que los contratos de servicios se puedan utilizar para emplear personal
Para Sanguino, "se trata de un asunto muy grave y de profundo calado. Tenemos que rescatar la importancia de la ética en los asuntos públicos, destacar los principios y valores éticos que deben ser inherentes en los servidores públicos". Así, el comunicado incide en que "en el mejor de los casos estamos ante una práctica reprobable por formas y fondo. Creíamos que estas prácticas se habían desterrado del Ayuntamiento de Alicante, máxime cuando estamos inmersos en una pandemia cuyas consecuencias sociales y económicas son gravísimas para la ciudadanía". Además, el comunicado añade que "en el peor de los casos nos encontramos ante una actuación presuntamente fraudulenta de la que daremos buena cuenta en los tribunales si se confirmara". Como mínimo, Sanguino incidió en que se continúa barajando la posibilidad de dar traslado de los hechos a Fiscalía.
Se trata de una tesis similar a la que defiende el grupo municipal de Unides Podem. Sus representantes sostienen que en el expediente de contratación se apunta que "para llevar a cabo la programación on line" de las actividades organizadas por Cultura "y el correcto seguimiento de las redes sociales es necesario contratar a un profesional especialista en comunicación", lo que a juicio de la confluencia que lidera Xavier López como portavoz, supone incumplir lo previsto en el artículo 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.
En concreto, en esa regulación se establece que "en ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores". Y se añade que "a la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista".
Hasta ahora, el concejal de Cultura ha explicado que el contrato tiene una duración temporal de seis meses para cubrir una prestación determinada que se hace especialmente necesaria por la incidencia de las medidas de prevención frente al coronavirus en el desarrollo de actos culturales, por lo que no supone la incorporación de personal adicional. En la misma línea, también ha argumentado que la contratación del servicio no se produce para cubrir la baja de una trabajadora interina.
Por su parte, el grupo municipal de Compromís todavía no ha recibido la información del expediente solicitada la semana pasada con el propósito de estudiar el inicio de posibles acciones políticas o ante los tribunales. Como mínimo, su portavoz, Natxo Bellido, viene insistiendo en que la contratación de ese servicio no resulta prioritaria entre las cuestiones que debe abordar la Concejalía de Cultura, como la selección de un nuevo director del Teatro Principal o que la programación cultural llegue a todos los barrios de la ciudad. En esta línea, Bellido también ha subrayado este lunes su intención de respaldar la petición de comparecencia de Manresa en el pleno.
