María José Mira, que preside el Comité de Evaluación, en una imagen de archivoALICANTE. La Generalitat Valenciana tiene un problema para dar salida a la ingente cantidad de fondos (europeos y propios) de los que dispone para combatir la pobreza, mejorar la formación y fomentar la contratación de los ciudadanos. El Consell dispone de 354 millones de euros para gastar en estos menesteres (la mitad propios, la otra aportada por Bruselas) durante el periodo 2015-2020, pero sin embargo en los tres primeros ejercicios apenas ha sido capaz de ejecutar un 10% del total, según quedó de manifiesto en la reciente reunión del Comité de Evaluación del Fondo Social Europeo para la Comunitat Valenciana.
Según la rendición de cuentas de los representantes de la Generalitat en dicha reunión, celebrada el pasado 24 de abril en València bajo la presidencia de la secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, los distintos departamentos autonómicos implicados en la ejecución de estos fondos han desarrollado el 10,2% del total, pese a que el programa operativo acaba de alcanzar su ecuador temporal.
Lo cierto es que la responsabilidad en la baja ejecución de este programa, ideado para fomentar el empleo en la Comunitat, debe repartirse entre el Consell del Botànic y el último Ejecutivo del PP que presidía Alberto Fabra. No en vano, la primera anualidad del programa se inició con el anterior Consell, que cambió de color en junio tras las elecciones autonómicas. No obstante, el Botànic ha tenido dos anualidades completas, las de 2016 y 2017, para sacar adelante unos fondos que el propio secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, reconocía en una entrevista con Alicante Plaza que no se había sabido explotar hasta ese momento.
Según el documento resumen del informe de ejecución presentado por la Generalitat a las autoridades europeas (en la reunión había tres representantes de la Comisión Europea), hasta el cierre de 2017 se habían ejecutado 36 millones de euros de los ejes prioritarios, sobre los 354 millones disponibles a gastar hasta 2020. El eje donde más se ha avanzado es el educativo, ejecutado al 18% al cierre del pasado año (24,7 millones de los 135,5 disponibles). En el eje destinado al empleo y movilidad laboral se ha ejecutado solo el 4,7% de los fondos, 4,8 millones sobre 103 posibles. Peor es el dato en el eje destinado a la inclusión social: 4,4 millones sobre 101,8. Apenas el 4,4%.
Según las fuentes consultadas, los representantes del Consell adujeron tres motivos fundamentales para el llamativamente bajo grado de ejecución. En primer lugar, la complicada tramitación de este programa en combinación con ciertos problemas técnicos con las herramientas informáticas utilizadas. En segundo lugar, el hecho de que aún se está cerrando el programa anterior (que venció en 2014), y que el anterior Consell apenas ejecutó. Y en tercero, y parece que definitivo, el escaso interés que las convocatorias de ayudas a la formación o el empleo despiertan entre el sector privado, que es su principal destinatario. Esa falta de interés es la que explica, precisamente, que el Servef pusiera en marcha el año pasado su programa Avalem Joves, con el que financiaba la contratación de jóvenes en ayuntamientos con cargo a este programa. La respuesta de los consistorios, en este caso, sí fue masiva.
A preguntas de este diario, María José Mira, que ejerce como coordinadora de los distintos departamentos autonómicos implicados (desde el Servef hasta el IVF), admitió las dificultades que se está encontrando la Generalitat para explotar las posibilidades que abren estos fondos europeos. "El problema que estamos teniendo es que las empresas no acuden a las convocatorias, no hemos conseguido configurar incentivos lo suficientemente atractivos para las empresas, pero estamos trabajando en adecuarlos", explicó. "Avalem Joves es una pata del Programa de Garantía Juvenil que se financia con el Fondo Social, pero el Servef está teniendo problemas para ejecutar actuaciones de empresas".
La secretaria autonómica de Modelo Económico argumenta también que, si bien el programa operativo cubre el periodo 2014-2020, "en realidad los programas se empezaron a poner en marcha en 2017". Mira se muestra tranquila sobre el dato final de ejecución, porque "los programas tienen la regla N+3, porque en los tres primeros años lo que se hace es cerrar los programas anteriores". Es decir, que el presupuesto para el periodo actual podría seguir gastándose hasta 2023, según esta norma. Asimismo, defiende que "hay dos cosas que cumplir, el indicador de rendimiento y el hito financiero, que se evaluará por primera vez en diciembre de 2018". En ese momento, según Mira, "sí que te obligan a tener un porcentaje determinado de ejecución".
