Una de las máquinas barrenderas de la UTE concesionaria, en plena operativa. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. Semáforo en verde para la fiscalización del contrato de limpieza viaria y recogida de la basura, pero señal de 'stop' en la comisión sobre el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales. Por partes. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito en situación de minoría compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), acaba de desbloquear este lunes la comisión sobre el cumplimiento de la contrata de limpieza viaria y recogida de la basura, en manos de la alianza empresarial compuesta por FCC, Ferrovial, Inusa y Grupo Cívica (bajo la denominación de UTE Alicante) desde el año 2013.
PP y Cs han convocado su primera sesión para el próximo lunes 24 de febrero, más de cinco meses después de que su constitución se aprobase en pleno, en respuesta a una iniciativa presentada por el grupo municipal de Compromís (que acabó contando con el respaldo unánime de la corporación). Eso sí, el orden del día de la sesión queda prácticamente vacío de contenido. Se incluyen tres únicos puntos: constitución, plan de trabajo de la comisión y ruegos y preguntas.
De ahí que Compromís ya haya anticipado este lunes que presentará una propuesta de trabajo acompañada de petición de documentación y de una primera formulación de preguntas antes de que se celebre esa primera reunión con el propósito de que la sesión pueda comenzar a desarrollar su labor de análisis sin más demoras.
"Solicitamos que esta convocatoria, que llega después de haberlo solicitado desde hace meses, y que fue aprobada en el pleno de septiembre a propuesta de Compromís per Alacant, tenga contenido y no se limite a su constitución", ha señalado este mismo lunes el portavoz municipal de la coalición, Natxo Bellido. "Después de la burla que ha significado el retraso de estos meses en convocarla, debe servir para alguna cosa más que para vernos las caras", ha añadido Bellido.
En esta línea, Bellido ha confiado en que "en la reunión se nos informe de los problemas de controversia económica y judicial con la UTE", en referencia a la retención del pago de la certificación correspondiente al mes de diciembre acordada por el departamento de Intervención después de que la concesionaria haya interpuesto un contencioso por las diferencias de criterio existentes sobre quién debe asumir el coste de las auditorías económicas anuales sobre la prestación del servicio, establecidas en el pliego de condiciones.
Además, el líder de Compromís ha añadido que "esperamos que se nos informe de los planes del bipartito en relación a la renovación de material y a la propuesta de pagar más a la UTE participada por Ortiz en el final del contrato. Una medida que entendemos absurda en estos momentos por plantearse a destiempo y que solo parece cobrar sentido en relación con la inversión en renovación de la maquinaria".
Por último, según Bellido, Compromís solicitará información sobre "la redacción del nuevo pliego de condiciones de la limpieza que esperamos que, a diferencia de lo que está pasando con la renovación de todas las grandes contratas, pueda estar listo en tiempo y forma", ha concluido.
La convocatoria de la primera reunión de esa comisión ha coincidido, además, con la firma de los decretos de constitución de otras tres comisiones también acordadas en el pleno. Se trata de las relativas a la futura contrata de transporte público en autobús (planteada por Compromís); la de seguimiento de los acuerdos plenarios y la de conservación de Bienes de Interés Cultural (estas dos últimas, aprobadas a iniciativa del PSPV-PSOE).
No obstante, esos acuerdos también coinciden con la paralización temporal del trabajo de fiscalización sobre la contrata de limpieza de colegios y edificios municipales, constituida a mediados del mes de enero. Dicha comisión, sobre la que ya se han celebrado cuatro primeras sesiones, no volverá a reunirse hasta el próximo 2 de marzo por problemas de agenda de su secretario y de los ediles del equipo de Gobierno que la conforman, según han confirmado este lunes fuentes municipales.
En esa próxima sesión -que no se celebrará, por tanto, hasta dentro de dos semanas- se debe producir la nueva comparecencia del funcionario que ejerció como responsable del contrato desde febrero de 2018 hasta abril de 2019, Jesús Rubio. Esa segunda declaración se producirá a petición propia, a la vista de la información que se facilitó a los miembros de la comisión en las sesiones posteriores.
Además, para esa nueva sesión, se prevé volver a citar a la sustituta de Rubio al frente del control del servicio, la funcionaria Teresa Moreno, todavía en situación de baja médica. Y, por último, también se pretende solicitar la comparecencia de los responsables de la gerencia de la UTE que asume la prestación del servicio (ya con el contrato vencido), compuesta por Clece y Fissa.
Como informó Alicante Plaza, en la última sesión de dicha comisión, celebrada el pasado viernes, se puso de manifiesto que el ayuntamiento no ha abonado las certificaciones de pago correspondiente a los meses de noviembre y diciembre a la vista de las supuestas deficiencias encontradas en su prestación, según aseguró el funcionario que ejerce como responsable del contrato suplente, Alejandro Ybarra.
