Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El último decreto aprobado por el Gobierno central de Pedro Sánchez antes de que se celebren las elecciones generales del 23 de julio -más conocido como decreto escoba- ha puesto deberes al futuro president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, que deberá acometer antes de que finalice el año: sacar una nueva Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria para reducir la temporalidad en las administraciones valencianas.
La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado jueves, autoriza a una "tasa adicional a las Administraciones Públicas para que convoquen procesos selectivos conforme a la disposición octava de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público con la finalidad de garantizar en todo el territorio el derecho de acceso a los procesos de estabilización en condiciones de igualdad".
En la exposición de motivos, el Ejecutivo central argumenta el por qué ahora autoriza una nueva convocatoria extraordinaria para reducir la temporalidad en las administraciones al 8% total de las plantillas como la que ya aprobó hace dos años. El motivo principal, dice, es que ha existido "desigualdad en las diferentes comunidades autónomas a la hora de convocar los procesos del concurso de méritos extraordinario" porque cuando se ejecutaron las convocatorias, todavía había procesos de estabilización anteriores que no se habían resuelto y tenían una regulación diferente a la OPE extraordinaria de 2021.
Una circunstancia que ha derivado en que vacantes ocupadas por personas que cumplían los requisitos, no fuesen convocadas en el concurso de méritos extraordinario y, por tanto, se impidió con ello el acceso a estas plazas por la vía de la estabilización.
En el caso de la Comunitat Valenciana, tal y como publicó este diario, la Generalitat puso en marcha la OPE de estabilización con un total de 3.728 plazas, sin el aval sindical, de las cuales 2.514 plazas se cubrirán mediante un concurso de méritos que ya está en marcha y otras 1.214 por oposición. Un proceso al que inscribieron más de 55.000 personas y que evidencia el dilema de la alta tasa de temporales que tiene la Administración valenciana, dada la avalancha de demanda.
Ahora bien, el Consell puso en marcha esta OPE sin que se hubieran resuelto varias convocatorias de las oposiciones anteriores, las OPE de 2017, 2018 y 2019, que también incluían plazas de estabilización. Un hecho que tuvo, además del mencionado ahora por el Gobierno, otra consecuencia: que personas que se presentaron a estos procesos anteriores se inscribieran también en las mismas categorías en esta OPE extraordinaria de 2022 sin saber si habían aprobado o no en las pasadas oposiciones.
Ahora, el Gobierno de Sánchez ordena a las autonomías a convocar el "tercer y último proceso de estabilización", por lo que no se esperan nuevas convocatorias de este tipo. Y obliga a las comunidades a aprobar el número de plazas que saquen antes de que finalice 2023, así como a resolver la Oferta Pública de Empleo antes del 31 de diciembre de 2024.
Un calendario que obliga a Mazón a ponerse manos a la obra para, en los próximos seis meses, haber negociado con los sindicatos en la Mesa General la nueva OPE y aprobarlo en un pleno del Consell.
Según recoge el decreto, deberán salir a concurso todas las plazas vacantes de naturaleza estructural que estuvieron ocupadas el 31 de diciembre de 2021 por personal con una relación temporal anterior al 1 de enero de 2016 y que no hubieran superado un proceso de estabilización distinto del concurso de méritos.
El número en la Comunitat, no obstante, es una incógnita. Si bien, cabe recordar que UGT protestó cuando la Conselleria de Justicia y Administración Pública contempló 3.728 plazas al considerarla "totalmente insuficientes". El sindicato defendía que la Administración del Consell (función pública sin contar docentes y personal sanitario) contaba con una plantilla de 19.000 personas, de las cuales tan solo 8.800 son personal fijo. En diferentes comunicados, exponían que de las 10.200 plazas restantes, 8.300 empleados se encontraban en puestos estructurales y 6.500 ocupaban puestos vacantes.
Unos cálculos por los que, aseguraban, la consellera en funciones Gabriela Bravo, tan solo habría ofertado el 46% de las plazas. Una tesis en base a la que reclamaban que la OPE extraordinaria se ampliara. En el ámbito de la enseñanza, además, pedían que se incluyeran 13.000 vacantes y que de ellas, 11.000 se ofertaran en el concurso de méritos y las otras 2.000 mediante oposición. La Conselleria de Educación, sin embargo, ofertó 7.079 vacantes. Y en el caso de sanidad, reclamaban también que se ampliaran las plazas de las más de 9.000 plazas (8.950 estatutarias y 221 puestos funcionariales).
