Una de las protestas organizadas por el movimiento vecinal frente a la planta de almacenaje de combustibles del Puerto. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El proyecto promovido por la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustible con seis primeros depósitos en la terminal de mercancías del Puerto queda expuesto en el margen de los próximos días a dos resoluciones que pueden acabar afectando a su desarrollo tanto a corto como a largo plazo. Se trata, en primer término, de la resolución del recurso presentado por la propia empresa respecto a la denegación de licencia municipal de obra por silencio administrativo y de la solicitud elevada por la organización Unir Alacant y por la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) para que la Autoridad Portuaria de Alicante inicie el preceptivo expediente para revocar la modificación de la concesión que ampara el encaje del proyecto de los depósitos.
Por partes. Todo parece indicar que la resolución del recurso de apelación presentado por XC Business 90 frente a la sentencia de primera instancia favorable al Ayuntamiento de Alicante podría conocerse en el margen de una semana, toda vez que los magistrados de la Sección 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) se reunió para el trámite de votación y fallo respecto a ese recurso el pasado 17 de abril.
La sentencia debe concretar si procede o no que se reconozca el derecho de la compañía a que se le conceda ese permiso por el retraso en la resolución de su solicitud por parte de la administración, o si está justificada su denegación después de que el Juzgado de lo Contencioso interpretarse que no podía concedérsele porque la petición de licencia no se acompañó de la presentación del proyecto con toda la documentación requerida, como arguyó el ayuntamiento.
La proximidad de la resolución de ese recurso ha llevado tanto al Ayuntamiento como a la Conselleria de Agua, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a permanecer a la espera sin adoptar ninguna otra decisión respecto al futuro del proyecto, más allá de acordar la suspensión de plazos en la resolución del expediente de solicitud de esa licencia, todavía pendiente de contestación por el trámite ordinario.
Al margen de ello, la Concejalía de Urbanismo ha elevado una nueva solicitud al departamento autonómico que dirige Salomé Pradas para que revise de nuevo el proyecto y reconsidere la conclusión recogida en dos informes previos -uno del área de Evaluación Ambiental y otro de la Abogacía de la Generalitat- en los que se eximía a la propuesta de XC Business de someterse al trámite de informe ambiental. La conselleria no ha contestado todavía a ese nuevo requerimiento, precisamente, hasta conocer el pronunciamiento que pueda adoptar el TSJ.
Entre tanto, la Autoridad Portuaria debe resolver también sobre la solicitud cursada por los colectivos Unir Alacant y la Plataforma por un Puerto Sostenible en la que, según se argumenta en el escrito, se señalan las circunstancias que fundamentarían la anulación del cambio concesional por el que, en 2019, se daba alas a la planta de XC Business, supeditada a la obtención de autorizaciones de las administraciones competentes. Entre esas causas de anulación del acuerdo, las dos organizaciones enumeraban una supuesta falta de rigor en el proyecto y las carencias en la supervisión que se llevó a cabo por parte de la Autoridad Portuaria en ese momento.
Fuentes consultadas precisaron que esa petición difícilmente podría llegar a tener viabilidad puesto que podría dar pie a que se incurriese en una posible prevaricación, en la medida en que se plantea que se anule una decisión que se adoptó hace cinco años porque, precisamente, se consideró que cumplía los requisitos normativos necesarios.
Por lo pronto, no habría respuesta respecto a ese planteamiento. Eso sí, la solicitud de las dos plataformas vecinales se trasladará al escenario político en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante este jueves con el debate de una declaración institucional registrada por el grupo municipal de Esquerra Unida Podem en la que se solicita el respaldo del ayuntamiento a esa petición sobre la revocación de la concesión. Se trata, en definitiva, de una propuesta con la que se pretende elevar la presión frente al proyecto y, al tiempo, forzar al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a volver a retratarse frente a la iniciativa empresarial, después de que ya se hayan emitido distintos pronunciamientos políticos de rechazo al proyecto con el voto del propio PP.
