Agentes de la Policía Local, en labores de vigilancia en el Centro de Alicante, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La revisión de la ordenanza del ruido de Alicante, aprobada en Junta de Gobierno a principios de 2019 (27 años después de que se acordase su primera versión) sale del cajón en el que ha permanecido depositada hasta ahora, cuando faltan cuatro meses para que se celebren las elecciones municipales del 28 de mayo. El equipo de gobierno, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), a través de la Concejalía de Urbanismo que coordina el edil Adrián Santos Pérez, acaba de retomar ese texto para actualizarlo incorporando las novedades normativas autonómicas y estatales sobre la materia desplegadas desde 2019.
En ese proceso, se pretende abordar su adaptación al nuevo contexto urbanístico de la ciudad para que, en el caso de que resulte necesario, puedan incorporarse nuevos límites en cuanto a la emisión de decibelios máximos autorizados para cada zona y momento del día que tengan en cuenta la situación generada respecto al tráfico (una de las fuentes principales de ruido) con la nueva ordenación para el tránsito de vehículos en las calles en las que se ha implantado el límite de 30 km/h de velocidad máxima, así como la próxima configuración de espacios peatonales o semipeatonales, asociados a los proyectos de reurbanización y calmado de tráfico que conforman la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en sus dos anillos del Centro y del eje de la Gran Vía.
Fuentes del equipo de gobierno consultadas indicaron que el objetivo es completar o subsanar esa regulación que se presentó ante la Mesa del Ruido en marzo de 2019 con las aportaciones de los distintos departamentos municipales implicados -Tráfico, Medio Ambiente, Ocupación de Vía Pública e incluso Fiestas-, tras otra ronda de consultas con asociaciones de vecinos y con los representantes del sector de la hostelería -que, según las mismas fuentes, ya se han iniciado- para someter la ordenanza actualizada a un nuevo trámite de exposición pública, después de que ya quedasen recogidas parte de las sugerencias formuladas tras el primer proceso de participación pública que se activó a finales de 2018. En ese trámite de consultas previas, según concretaron entonces fuentes municipales, se presentaron cuatro propuestas a través del Registro General y 23 por correo electrónico.
Está por ver si esa nueva tramitación pendiente puede llegar a completarse con una propuesta definitiva que esté disponible para someterse a debate en pleno antes de que expire el mandato actual. Y, también, si puede acompasarse con la revisión de la ordenanza de Ocupación de Vía Pública que ahora también se encuentra en su última fase de definición, y que ya en 2019 se consideraba como otra herramienta complementaria indispensable para que la ordenanza del ruido tuviese eficacia, al poner orden en la disposición de veladores de la hostelería, entre otras actividades que se desarrollan en la calle.
Por lo pronto, todo parece indicar que los tiempos dependerán de la profundidad de los cambios a realizar y de que exista una predisposición real -y, por tanto, la consiguiente voluntad política- por parte de todos los departamentos municipales implicados, en un contexto preelectoral en el que se ha intensificado la reivindicación vecinal en ámbitos con circunstancias especiales, por su carácter turístico y la proliferación de locales de ocio y hostelería, como el Casco Antiguo y el Centro Tradicional.
Tanto es así que la asociación de vecinos Laderas del Benacantil ya ha programado un nueva concentración a las puertas del Ayuntamiento para el próximo 2 de marzo después de presentar por registro más de 100 denuncias relacionadas con la generación de ruido, mientras sigue en trámite el contencioso registrado por residentes particulares del Centro Tradicional para reclamar la declaración de Zona Acústica Saturada (ZAS) en el entorno de la calle Castaños.
Una de las concentraciones de protesta contra el ruido organizada por los residentes del Casco Antiguo.Esa nueva línea de acciones reivindicativas se producen a la espera de que puedan implementarse las medidas también anunciadas por el equipo de gobierno, a instancias de la Concejalía de Medio Ambiente, para actuar en el ámbito de ambos barrios mediante la puesta en marcha de actuaciones específicas ajustadas a la situación de cada calle, o incluso local por local, a partir del nuevo informe de mediciones elaborado desde que se levantaron las restricciones sanitarias al sector de la hostelería introducidas con motivo de la pandemia.
¿Qué preveía hasta ahora la propuesta de ordenanza de ruido que se aprobó en Junta de Gobierno en 2019? Según se detalló en ese momento, la normativa aumentaba las sanciones por infracciones (al actualizar los importes previstos 27 años atrás); reducía los decibelios que podían percibirse en los dormitorios de las viviendas; obligaba a presentar un estudio acústico a los locales y terrazas; introducía la regulación de los ruidos producidos por actividades o instalaciones inadecuadas (sistemas de aire condicionado o de ventilación forzada) en los edificios, así como las actividades de calle como la carga y descarga o la limpieza viaria y recogida de residuos, o los eventos festivos como las mascletàs.
En concreto, se planeaba la reducción de los decibelios a percibir en interior del dormitorio de 30 a 25 y se fijaba el límite para las mascletàs en 90 decibelios con una duración máxima de siete minutos. Además, en el artículo 34, se establecían más exigencias para las terrazas de la hostelería para requerir un estudio acústico también en el exterior de los locales. Se preveía que dicho estudio fuese exigido a todos los nuevos establecimientos para poder obtener licencia, así como a los existentes en caso de tener que solicitarlas o ampliarlas. También se obligaba a pedir autorización para actividades en el exterior de la vía púbica que lleven consigo alteración de ruido como pueden ser las despedidas de soltero con charanga.
En cuanto al endurecimiento de las sanciones, se preveía su aumento particularmente para las graves, que pasarían a elevarse entre los 600 y los 12.000 euros, multiplicando por ocho las cantidades de la anterior normativa. Al tiempo, se preveía elevar las sanciones leves hasta los 600 euros. Además, como novedad, se preveía la creación de una Oficina del Ruido para atender las relaciones entre vecinos y administración en cuestiones que afectasen a problemas por exceso de emisiones sonoras.
