ALICANTE. La reforma fiscal promovida por el grupo municipal de Unides Podem EU con la que -según sus representantes- se aspiraba a lograr una mayor equidad en el pago de impuestos municipales mediante la modificación de las ordenanzas fiscales que regulan el cobro del IBI, el IAE, el ICIO y el IVTM queda abocada al rechazo en el Ayuntamiento de Alicante. El equipo de gobierno, el bipartito formado por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), se inclina por la desestimación de las cuatro propuestas normativas de modificación de dichas ordenanzas, a través de cuatro acuerdos que se prevé adoptar en la Junta de Gobierno de este martes, a la vista de los informes técnicos elaborados por el Servicio de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Municipal.
A grandes rasgos, en esos dictámenes se llega a una conclusión similar: que los planteamientos defendidos por la confluencia resultan inviables, bien por la falta de acuerdos previos, o bien por la ausencia de concreción o justificación jurídica y técnica que pueda amparar la adopción de los cambios solicitados. Ahora bien, en otros casos, como sucede con el IVTM, se concreta que el planteamiento queda sujeto al "principio de oportunidad" -o lo que es lo mismo, a la voluntad política en función de la situación económica municipal- al no existir impedimento legal para que pueda aplicarse el planteamiento propuesto.
Por partes. En primer término, respecto al cobro del IBI, los informes señalan que no resulta posible introducir un recargo del 50% en las viviendas deshabitadas en la medida en que el Ayuntamiento no solicitó a la Generalitat la delegación de la competencia para declarar viviendas vacías que se recoge en la Ley Valenciana de la Función social de la vivienda y su Reglamento de desarrollo. El planteamiento es simple: no se puede gravar algo que no puede existir al no haberse cumplimentado el trámite previo.
Además, también se considera inaplicable el incremento de la bonificación del impuesto a familias numerosas por falta de fundamentación técnica, y se descarta la rebaja propuesta para las viviendas de las partidas rurales al concluirse que no existe ningún núcleo reconocido en el término municipal que cumpla los parámetros necesarios para ser considerados asentamientos de población singularizados que sí ampararían esa minoración fiscal.
Respecto a la modificación del IAE planteada por Unides Podem EU, para que se incrementase en un 20% a las empresas con más de un millón de euros en volumen de negocios, los informes técnicos alcanzan una conclusión similar en la medida en que se señala que no se dan los criterios técnicos necesarios o que no se ajusta a la normativa de referencia y supera a la potestad de la que dispone el Ayuntamiento.
Por lo que concierne a la propuesta de modificación del ICIO (por la que se planteaba aumentar el tipo hasta el 2% para la actividad de construcción que afecte a edificios incluidos en el catálogo de protecciones o en la zona del Plan Especial del Casco Antiguo; dejar en el 50% la bonificación de la cuota a los proyectos declarados de especial interés o utilidad municipal e incrementarla entre el 50 y el 75% para las propuestas que se planteen en suelo industrial vacante; y aplicar una bonificación del 50% para las viviendas de protección pública, del 75% para la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico y eléctrico y del 80% para las obras encaminadas a favorecer la accesibilidad), los dictámenes técnicos también determinan que no resulta procedente en tanto que ya estaría en trámite una revisión de la ordenanza en líneas similares, que se excedería de la normativa en vigor sobre la materia o que la propuesta no se acompañaría de ningún apoyo técnico que la justificase.
Y, por último, respecto al IVTM, los informes sí ampararían la posibilidad de que se aplicasen distintos porcentajes en función de las características de cada tipo de vehículo al no existir precepto legal que obligue al Ayuntamiento a fijar unos índices concretos, por lo que quedaría abierto a la discrecionalidad municipal. No obstante, la propuesta de acuerdo continúa siendo la de desestimación de la iniciativa de Unides Podem EU, en la línea del acuerdo de rechazo que ya se planteó frente a otra propuesta normativa sobre el mismo impuesto registrada por el grupo municipal de Vox.
En todo caso, el acuerdo por el que se plantea la propuesta de desestimación no pone fin al recorrido administrativo de la reforma fiscal de Unides Podem EU. La decisión del equipo de gobierno abrirá un plazo para la presentación de enmiendas por parte del conjunto de grupos políticos con la pretensión de que cualquier otra formación opositora pueda plantear posibles modificaciones antes de que pueda debatirse en comisión de Hacienda y pleno.
Es lo que debería suceder, también, respecto a la propuesta normativa de abolición de la prostitución registrada por el grupo municipal del PSOE, sobre la que PP y Cs todavía no se han pronunciado en Junta de Gobierno pese a que su presentación se produjo con mayor antelación que la iniciativa de Unides Podem EU, el pasado mes de junio. De hecho, el PSOE ha acudido al Síndic de Greuges en busca de amparo ante la falta de respuesta al respecto.