Ayuntamiento de Benidorm. Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm añade a su historial una nueva sentencia en contra en materia de personal. El Juzgado de lo Social número 2 de Benidorm ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por una trabajadora autónoma a la que se le reconoce que tiene una relación laboral con el Consistorio bajo la fórmula de contrato indefinido desde julio de 2013, según apunta la sentencia a la que ha tenido acceso Alicante Plaza. Ahora, el juez obliga al Ayuntamiento a considerarla personal laboral. Y las que se podrían avecinar.
El Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB), que ha acompañado a la trabajadora en este procedimiento judicial, reseñó que desde que se conoce el fallo, ya son dos las personas que se han puesto en contacto con ellos para asesorarles en este asunto.
En este caso concreto, los hechos se remontan a hace casi una década, cuando comenzó sus labores de técnico de administración electrónica con contratos menores. De este modo, la Administración local tendrá que formalizar el contrato indefinido con la demandante, considerándola personal laboral desde julio de 2013 y con una jornada laboral de 9:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes.
El SPPLB explicó que desde que se legisló en 2018 esta situación anómala, se establece que estos trabajadores son los que “tienen que acudir a la oficina o lugar de trabajo del cliente diariamente y con un horario fijo, que recibe encargos de trabajo que no puede rechazar, que recibe una retribución determinada de forma unilateral y que no tiene capacidad de decidir sobre la organización del trabajo, ni sobre la carga del mismo”.
Sobre la situación de la demandante, indicaron que la trabajadora no va a perder ningún derecho de los que tenía y, además, como facturaba con IVA, y está considerado como salario, desde el sindicato van a solicitar la devolución de todo a la Agencia Tributaria con responsabilidad al Ayuntamiento de Benidorm. Con todo, reclamaron al gobierno local que "no intente alargar el proceso recurriendo, porque lo que no se puede tolerar es que un Ayuntamiento utilice a autónomos para cubrir puestos que deberían de estar cubiertos mediante procesos selectivos desde hace mucho tiempo".
Entre otras cuesiones, para probar esta relación laboral dependiente, el juez tomó declaración al jefe del departamento, asegurando que se le consultaban las vacaciones para no perturbar "el normal funcionamiento" de esta área del Consistorio. Al mismo tiempo, reconoció que el material que usa es propiedad del Ayuntamiento, tiene un espacio de trabajo fijo y extensión telefónica e incluso se emiten facturas para el abono de las vacaciones retribuidas y posee una tarjeta para la firma electrónica.
