ALTEA. El pleno del Ayuntamiento de Altea ha aprobado iniciar el procedimiento para la revisión de oficio del expediente de la concesión para la gestión de la zona azul, la grúa y el depósito. El objetivo del gobierno local es que se pueda liquidar el contrato antes de que termine, es decir, antes de 2060. Para ello, han decidido también suspender el abono de los gastos por grúa y depósito de vehículo que paga el municipio a la empresa. La moción ha sido aprobada por todos los partidos políticos salvo el PP, que se ha abstenido.
Como ha contado este diario de largo, no es la primera vez que el Consistorio se pronuncia sobre este asunto. En los últimos años han denunciado públicamente las supuestas irregularidades que soporta el contrato desde su firma. Por un lado, achacan a la mercantil deficiencias debido a la posible falta de inversión en la construcción de los parkings públicos que se establecieron en su momento, argumentando que después de 22 años solo ha construido uno de los cinco. Con la particularidad de que no pagan canon de la zona azul a cambio de estas obras planteadas. Por otro, remarcan un convenio de colaboración por el que la misma también se encarga del servicio de la grúa y que ahora tratan de anular.
Con todo, este jueves el concejal de Infraestructuras, Diego Zaragozí, elevaba a pleno una moción para reanudar la revisión de oficio y poner en manos de la Fiscalía el expediente con el fin de depurar responsabilidades. Todo ello teniendo en cuenta que declaraban la culpa de las dos partes.
Todos los partidos mostraron estar de acuerdo con la propuesta salvo uno: el PP. Que es el partido que gobernaba cuando se adjudicó el contrato en el año 2.000. Aunque la portavoz de los populares es Rocío Gómez, candidata a la alcaldía, el defensor de la postura del grupo municipal fue Pedro Barber. La intervención se centró en la incongruencia que tenía para ellos presentar el expediente en Fiscalía. "Creo que los 20 concejales que estamos aquí reunidos estamos para defender los intereses del ayuntamiento", comenzó diciendo. El edil no negó el desequilibrio económico "a favor de la empresa y en contra de los intereses del Ayuntamiento". Se apoya en los datos de la aplicación del contrato, reseñando que en 2019, la empresa obtuvo 370.000 euros en beneficios antes de impuestos, sobre unos ingresos de 630.000 euros, por lo que, destacó, "tienen un margen de beneficio del 60%".
Pero esto no es suficiente para apoyar la moción, y siguen en la inercia marcada hasta ahora votando abstención en los asuntos relacionados con al revisión de oficio, punto este último del que difieren con el gobierno de izquierdas. Así, mencionó que había dos opciones, reinterpretar el acuerdo de adjudicación, el contrato y el convenio para restablecer el equilibrio económico en favor del Ayuntamiento y cumplir "más adecuadamente" con el interés público en el momento de adjudicar el contrato. Posibilidad que apoyaban. O la revisión de oficio, que es la que se ha escogido.
A continuación, recordaron que la adjudicación se aprobó por unanimidad de la mesa de contratación. "Tanto el contrato como el convenio están firmados por el secretario y el alcalde", dijo. No obstante, reconoció que hasta aquí podrían estar de acuerdo con la revisión de oficio, y añadió lo siguiente: "Lo que no entendemos es que se ha añadido la remisión de todos los hechos al Ministerio Fiscal, a diez días de elecciones y nos parece un acto electoral y que no tiene sentido".
El popular remarcó que de los informes se desprendían irregularidades administrativas en la contratación y preguntaba al equipo de gobierno, formado por Compromís y PSOE, contra quién iría la denuncia sobre los supuestos delitos, si contra el secretario del Ayuntamiento de hace 23 años, contra el técnico de Contratos o contra los concejales que adoptaron el acuerdo de adjudicación en el pleno.
Tras esto, fue el momento de Zaragozí, que aseguró que no era una decisión electoralista, ni política, sino que obedecía a los tiempos que habían tocado por el retraso en la respuesta del Consell Jurídic Consultiu. Este órgano además consideraba que había culpabilidad por las dos partes, recordó el edil, y posibles irregularidades en el contrato, con planteamientos como que la empresa ganadora era "en principio la menos preparada". Por último, en respuesta al PP, aseguró que lo habían intentado resolver antes pero el Consultiu "tardó más en responder de lo habitual", por lo que señaló lo siguiente: "Ni tengo un interés concreto de ir en contra de personas, ni contra hechos". y remarcó que defenderán el interés del pueblo.
El Consultiu da la razón a Altea: puede invalidar la concesión de la zona azul que termina en 2060
El cruce de acusaciones siguió entre los dos partidos. El PP traía a colación los años de gobierno de cada uno en estos 23 años: 11 el PP y 12 el PSOE y Compromís. "¿Cómo se van a repartir las culpas, en función de los años que ha gobernado cada uno", dijo, insistiendo en que se estaban "utilizando recursos del Ayuntamiento con una finalidad electoral".
Por su parte, Zaragozí consideró que "no se puede repartir la carga por igual a los que lo fomentaron y apoyaron que a los que han intentado acabar con el contrato y defender los intereses de los alteanos". Asimismo, manifestó que le encantaría que Fiscalía fallara que no hay delito "y que simplemente se han hecho mal las cosas y se puede arreglar". Porque, enfatizó, le sabría mal que se hiciera con intención y premeditación para enriquecer a una empresa privada. "Esperemos que digan que ha sido una irregularidad administrativa", sentenció.
