Foto: EFEVALÈNCIA. (EP) La Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir diligencias de investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al entender que "sí resulta procedente" la práctica de determinadas pesquisas aunque "no se dirija inicialmente contra personas físicas o jurídicas".
En el decreto emitido por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, indica que estas diligencias permitirán "confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados" por los grupos parlamentarios de Más Mádrid, PSOE y Unidas Podemos el viernes pasado.
Añade que decide abrir investigación "por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución" y por "la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias".
En el Decreto, Anticorrupción señala que la "inicial indagación" no puede llevarse a cabo sin la previa incoación de diligencias de investigación penal, "imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados, sin que sea admisible la incoación de diligencias preparatorias".
Apunta que las denuncias de los grupos de la Asamblea de Madrid se limitan a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan, y por lo que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aforada ante el Tribunal Supremo, proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
El Ministerio Público indica no obstante que la secuencia de los hecho denunciados "no permite acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo" de las actuaciones porque no constituyen "indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada", en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas.
Así, señala que a la vista de que los hechos denunciados pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Anticorrupción y apreciando en los hechos una especial trascendencia, el fiscal jefe acuerda incoar estas diligencias y asumir la investigación él mismo.
En su denuncia, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso --el hermano de la presidenta-- medió con el Gobierno regional y que consiguió una "comisión" por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos"; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber "cohecho" y "tráfico de influencias".
Díaz Ayuso aclaró este viernes que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Y precisamente este mismo lunes entregó documentación al respecto a Anticorrupción.
Esa documentación aportada viene recogida en el decreto conocido esta martes. Se trata de la oferta con documentación de las características técnicas del producto; de los albaranes de entrega, factura y certificado de conformidad de la misma; del documento contable ADOK aprobado y la diligencia de toma de razón de contabilidad del mismo; y de la Memoria justificativa para la adquisición centralizada de material de protección, mascarillas, para el pabellón 10 del IFEMA del Servicio Madrileño de Salud.
A estos documentos sumó también la hoja de pedido del 1 de abril de 2020; el documento contable RC (retención de crédito); la diligencia de toma de razón de contabilidad del documento RC; la resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y resolución de 14 de mayo de 2020, de la misma Viceconsejería, de corrección errores materiales de la anterior resolución; el certificado del Secretario General del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2020 y, finalmente, el informe del Viceconsejero de Asuntos Jurídicos y Secretario General del Consejo de Gobierno de 18 de
febrero de 2022.
Este martes, tras conocerse que Anticorrupción abre diligencias fuentes del entorno de la presidenta recuerdan que todas las denuncias que se han llevado a los tribunales contra Díaz Ayuso han acabado siendo archivadas, y transmiten que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid observan esta decisión del Ministerio Público con "total tranquilidad porque está todo en regla".
