Panorámica de la bahía de Alicante, captada desde el Castillo de Santa Bárbara.ALICANTE. Alicante se suma a la relación de municipios que optan por ordenar la actividad de las viviendas de uso turístico (VUT) con el impulso de una propuesta de suspensión en la concesión de licencias que se prevé debatir -y previsiblemente, aprobar- en el pleno ordinario de diciembre, el próximo día 19. Esa moratoria en el otorgamiento de nuevos permisos tendrá una duración máxima de dos años: un periodo en el que se prevé promover una regulación urbanística específica sobre los sectores o zonas del término municipal en los que se podrá disponer de ese tipo de uso en edificios residenciales.
Así lo ha anunciado este lunes el alcalde, Luis Barcala, a través de un comunicado, en el que ha argumentado que la decisión trata de "regular" el "impacto" de dicha actividad "en el tejido urbano y social de la ciudad". Barcala ha explicado que "esta moratoria nos permitirá disponer de tiempo para revisar la regulación municipal sobre viviendas turísticas y desarrollar normativas específicas para garantizar un crecimiento turístico equilibrado y sostenible y al mismo tiempo contribuyan a favorecer el acceso de los alicantinos a la vivienda, que es una de nuestras prioridades en este mandato".
La moratoria conllevará la suspensión de la tramitación y del otorgamiento de licencias, declaraciones responsables, así como cualquier otro título habilitante para la implantación de nuevas VUT o cambios de uso, con alcance a todo el territorio de Alicante. Asimismo, quedará en suspenso el otorgamiento de cédulas de garantía urbanística e informes de compatibilidad urbanística en el ámbito afectado para el uso de VUT.
En este sentido, el primer edil ha incidido en que "facilitará poder integrar en el plan municipal un límite en la densidad de viviendas de uso turístico por zonas y regular el impacto que esta situación genera sobre el mercado inmobiliario y la convivencia vecinal, sobre todo en los barrios de mayor concentración".
El comunicado incide en que el equipo de gobierno ha tomado esta decisión "tras recibir y analizar las conclusiones de los dos estudios elaborados por la Cátedra de Turismo de la Universidad de Alicante y la empresa especializada Estrategia y Organización S.A. (EOSA) sobre la situación de la VUT en Alicante", anticipado por este diario. Hasta el momento, ya ha trascendido que el primer informe cifraba en cerca de 4.000 las viviendas turísticas existentes en la ciudad y que incluso se llegaba a recomendar la posibilidad de frenar nuevas autorizaciones en los barrios del Casco Antiguo y Carolinas.
No obstante, se había aplazado cualquier decisión al respecto a la espera de conocer los resultados del segundo informe, encomendado por la Concejalía de Urbanismo, del que ya se dispondrían resultados, aunque el detalle de sus conclusiones todavía no se ha dado a conocer.
Sea como fuere, fuentes municipales han precisado este lunes, a través de dicha nota publica, que -según ambos estudios- las limitaciones a aplicar sobre las VUT deberán basarse en un análisis detallado que contemple la capacidad de los servicios públicos, la conservación del carácter residencial de cada zona y la preservación de un equilibrio entre las actividades turísticas y las necesidades de los residentes locales. "La determinación de estos límites permitirá regular el número de licencias emitidas por barrio o zona, adaptándose a la situación particular de cada área, con énfasis en aquellas que ya muestran signos de saturación turística", añaden las mismas fuenes.
Además, el Ayuntamiento de Alicante realizará "revisiones periódicas de las licencias otorgadas para evaluar el cumplimiento de las normativas y si se detectan problemas significativos en la calidad de vida o en la accesibilidad a la vivienda, se podría proceder a la retirada o no renovación de las licencias en los casos que corresponda". De hecho, el equipo de gobierno ya ha formalizado el trámite de solicitar las competencias de inspección, fiscalización, sanción y recaudación con el fin de detectar la presencia de oferta ilegal, a partir de la posibilidad habilitada por la Generalitat, a través del nuevo decreto regulador sobre las VUT.
Por otro lado, se sigue trabajando en las campañas de inspección de los apartamentos turísticos de la ciudad y el levantamiento de actas de suspensión de actividad a los que ejercen la actividad sin licencia o incumplen la normativa, a la espera de materializar la asunción de dichas competencias en materia de imposición de sanciones por infracciones leves, graves y muy graves.
"El Ayuntamiento de Alicante está volcado en el desarrollo de medidas que favorezcan el acceso de la vivienda a los alicantinos, como el desarrollo de planes urbanísticos que permitirán impulsar 6.000 viviendas en este mandato, de las cuales entre un 30 y un 40 % serán viviendas protegidas. Además, Alicante ha ofrecido ya a la Generalitat ocho solares de patrimonio municipal para la construcción de aproximadamente 265 viviendas dentro del Plan Vive, a los que se sumarán otros en los próximos meses", según concluye la nota pública.
El anuncio de la propuesta de acuerdo sobre la suspensión de licencias para nuevas VUT ha generado las previsibles reacciones políticas entre los grupos que ejercen funciones de oposición. A grandes rasgos, las tres formaciones que conforman el eje progresista -PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem- han considerado que se trata de una medida necesaria, pero han reprochado que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), haya retrasado su aplicación hasta ahora y han recriminado que no se haya compartido información sobre los resultados de los dos informes encargados sobre la situación del sector. Vox, por su parte, ha tildado la iniciativa de "parche" que no soluciona los problemas de degradación de los barrios y que, además, puede poner trabas para que cualquier ciudadano pueda disponer libremente de sus propiedades.
Por partes. En primer término, la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha cuestionado que Barcala "haya demorado la toma de decisiones en materia de regulación de viviendas turísticas", y ha asegurado que el PSOE "lleva meses exigiendo la suspensión de nuevas licencias para impulsar un cambio en la ordenación urbanística que impida pisos turísticos en bloques residenciales". Pese a todo, ha señalado Amorós, "los apartamentos turísticos ilegales siguen en el más absoluto descontrol".
"En materia turística el PP de Barcala va siete pasos por detrás de las propuestas que plantea el PSOE en el Ayuntamiento de Alicante", ha argumentado. "Hace meses que propusimos al pleno una modificación del PGOU para que no pudieran establecerse viviendas de uso turísticos en edificios de viviendas residencial y votaron en contra. Hace meses que propusimos un estudio para que se midiera la capacidad de apartamentos turísticos que se podían absorber en nuestros barrios para garantizar el acceso a la vivienda y votaron en contra, para después licitar la redacción de un informe en los mismos términos. Es inaudito que voten sistemáticamente en contra las propuestas del partido socialista para acabar adoptando las medidas que proponemos", ha considerado.
"Llegar tarde o negar soluciones a nuestros vecinos porque las propone el PSOE demuestra que el el PP de Alicante no sólo no tiene proyecto, sino que copia el modelo turístico que propone el PSOE alicantino, solo que lo hace tarde y generando perjuicios a los vecinos y vecinas", ha apuntado. Por último, ha considerado que "Barcala mantiene en un cajón bajo llave el informe elaborado por la UA sobre la situación de los apartamentos turísticos en Alicante" y ha añadido que "tampoco se sabe absolutamente nada del informe adicional que iba a ser encargado por Urbanismo".
En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha coincidido en la perspectiva crítica al considerar que la medida anunciada por el equipo de gobierno "llega tarde". "Nos come la especulación. Ahora será muy posible regular y cerrar todos los pisos turísticos ilegales, más del 80% del total", ha señalado. Al tiempo, ha manifestado que "a principio de año, Compromís planteó una propuesta similar en el pleno "y el PP votó en contra". "Nadie conoce cuál es la política turística de este gobierno municipal. Pedimos al alcalde Luis Barcala que comparezca y detalle los datos del estudio que hace meses encargó y las medidas para luchar contra la especulación", ha recalcado.
En tercer lugar, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que "esta medida era necesaria hace mucho para frenar el crecimiento descontrolado del turismo de corta estancia que está provocando un aumento de los precios de la vivienda y la expulsión de alicantinos residentes de los barrios más afectados. Alicante no puede quedarse atrás en la regulación de este fenómeno porque la situación actual está poniendo riesgo el derecho a la vivienda y la calidad de vida de los vecinos y vecinas".
De ahí que haya dado la bienvenida al PP "a la cordura de no seguir mirando hacia otro lado mientras cada vez más alicantinos y alicantinas se ven obligados a abandonar sus hogares por la subida descontrolada de los precios del alquiler". "Desde Esquerra Unida Podem seguimos esperando los resultados de los informes que ha realizado la Universidad de Alicante y lo que ahora demandamos es una normativa clara efectiva y consensuada que proteja los intereses de la ciudadanía alicantina y que evite la especulación inmobiliaria.
El verdadero problema que existe es la falta de compromiso del equipo de gobierno del PP para regular este sector que se ha convertido en un negocio especulativo que además se enfrenta a los intereses de la mayoría de nuestra ciudadanía alicantina", ha concluido.
Por último, la posición manifestada por el grupo municipal de Vox es distinta. Su portavoz municipal, Carmen Robledillo, ha apuntado que, a su juicio, "esta medida no protege a los barrios de la dejadez sufrida durante años en cuestión de pisos turísticos y menos tirándose dos años para realizar un estudio para su impacto en los barrios donde más proliferan". En esta línea, ha considerado que la propuesta anunciada por el primer edil "simplemente se trata de un parche que solo va a servir para que sigan ganando dinero los que ejercen el negocio de forma ilegal".
Así, ha argumentado que "tampoco es una medida eficaz para combatir el problema de la vivienda que trae como su primera causa la falta de liberalización de suelo y, como segunda, la inacción de las instituciones de todos los colores políticos en la falta de promoción de vivienda social y de apoyo a los jóvenes que, a día de hoy, ven imposible el emanciparse".
Al respecto, ha incidido en que "el estudio de impacto debería estar realizado ya y no cerrar la puerta a que un propietario haga con la vivienda que ha pagado lo que le dé la gana, siempre cumpliendo con las normas. Es un castigo generalizado para tapar las chapuzas de los gobernantes, sin más". Por todo ello, ha subrayado que "en definitiva, hay que poner el foco en los pisos turísticos ilegales, y la única manera de atajar el problema es con inspecciones diarias; no podemos culpar al sector que con su dinero y esfuerzo están trabajando para fomentar el turismo en la ciudad".
"Con esta medida no creemos que se vaya a conseguir poner freno a la proliferación de pisos turísticos ilegales que son el verdadero problema. No se puede aplicar esa medida por igual a todos los barrios de Alicante pues hay que valorar las zonas de alto esfuerzo familiar, las zonas saturadas de carácter patrimonial", ha concluido.
