La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, y el alcalde, Luis Barcala, en el transcurso del debate sobre el estado de la ciudad.
27/10/2021 -
ALICANTE. Poco elemento noticioso pudo extraerse este martes sobre el desenlace del debate sobre el estado de Alicante más allá de las implicaciones de los discursos y los gestos que se desplegaron entre las paredes del salón de plenos. Lo cierto es que el contenido de las intervenciones del conjunto de los partidos representados en el Ayuntamiento fue, a grandes rasgos, una reiteración de los argumentos que se pudieron escucharon en su última edición, la de 2020, marcada por la irrupción de la crisis de la covid.
Desde el recuerdo a las víctimas, hasta las medidas concebidas para superar los efectos de la crisis sanitaria desde el ámbito municipal fueron prácticamente un calco del debate precedente. Solo los primeros avances respecto a la iniciativa Alicante Futura para impulsar la transformación del modelo productivo de la ciudad (cuyos efectos todavía no acaban de visibilizarse, ni comprenderse, según se apunta desde la oposición) o algunos detalles del programa Alicante Corazón Verde para instaurar los retos de la sostenibilidad en el medio urbano (con una apuesta por la depuración y la reutilización del agua, la recogida selectiva de residuos para minimizar vertidos y la reducción de emisiones de dióxido de carbono asociadas a la movilidad) sobresalieron de ese guion ya manido, como ya ha contado Alicante Plaza.
No obstante, los análisis expuestos por cada partido sirvieron una vez más para medir la temperatura del momento político que se vive en la ciudad -en muchos aspectos, contaminado por el escenario autonómico y nacional- y sobre cuáles son las alianzas que comienzan a atisbarse a menos de dos años de que se celebren las próximas elecciones municipales de 2023. Quizá más que nunca hasta ahora, en el debate se evidenció la voluntad del equipo de gobierno (o, como mínimo, de la parte mayoritaria conformada por el PP) por congraciarse con Vox, así como los primeros intentos promovidos desde la bancada del eje progresista para conformar una alianza alternativa que impida la suma oficial de las tres fuerzas del centro-derecha (ahora o dentro de dos años) que ya consideran formalizada de facto.
Este es, a grandes rasgos, un resumen de las principales propuestas que se plantearon durante la sesión y las conclusiones que pudieron extraerse sobre ellas a partir de los parlamentos de los intervinientes, en otra sesión marcada por la semipresencialidad, en cumplimiento de las medidas de prevención frente a la covid, con sólo parte de los ediles postrados en sus escaños, en la que por momentos incluso el alcalde permaneció sin acompañamiento de los ediles de su propio grupo, al optar (se supone) por permanecer conectados de forma telemática.
Luis Barcala: Como se instauró desde la implantación de los debates monográficos sobre el estado de la ciudad, el alcalde fue el encargado de abrir y cerrar la sesión (de cerca de tres horas y media de duración). En su primera intervención (lea aquí su contenido), hizo balance de gestión respecto al último año y sacó pecho sobre el plan renove impulsado por el bipartito para transformar la escena urbana de la ciudad con proyectos por 70 millones con los que se trata de promover la reurbanización de todos los barrios. Muchos de ellos incluidos en el dictamen de la comisión por la recuperación tras la crisis de la covid, según apuntó.
También hizo alusión a la unidad del equipo de gobierno y a su capacidad de gestión, más por reiterar la crítica a la experiencia precedente del tripartito que conformaron PSOE, Guanyar y Compromís entre 2015 y 2017, que por convencimiento propio o por poner énfasis en los logros de esa gestión en común. De hecho, no hizo ninguna mención específica a sus socios de Ciudadanos.
Después, enumeró los avances en la gestión de las grandes contratas municipales (limpieza viaria y gestión de residuos y transporte público en autobús) para reiterar el compromiso de que se licitarían y pondrían en marcha antes de 2023, después de que ambas se hayan prorrogado (la de la limpieza, pese al compromiso en contrario adquirido en campaña). Y, además, quiso destacar sus mejoras, como las que ya se habrían puesto en marcha en la contrata de zonas verdes, en manos de un nuevo contratista desde este enero y que ahora se pretende ampliar con un coste adicional para incorporar más personal.
Al tiempo, también presumió de haber puesto en marcha distintas medidas con ayudas por más de 32 millones para atender las necesidades generadas por la pandemia, para anticiparse a las críticas que después le lanzaron desde el eje progresista. De igual modo, hizo repaso a la rebaja fiscal impulsada a partir de 2019, con una reducción del 5% en el IBI, una vez cancelado el plan de ajuste y la deuda contraída con los bancos.
El alcalde, Luis Barcala.
Por último, reiteró que el Ayuntamiento no aplicaría la subida del IBI que se plantea promover a través de la propuesta de la nueva Ley de Vivienda planteada por el Gobierno Central para las zonas tensionadas con altos precios en el alquiler. Es más, aseguró que se aplicaría una reducción del tipo impositivo para absorber ese hipotético incremento. Y después, avanzó la intención del equipo de gobierno de que plantear la aprobación de la llamada ordenanza de convivencia cívica antes de que finalice 2021, en respuesta al reto planteado por Vox. Por lo demás, volvió a plantear la posibilidad de alcanzar acuerdos con la oposición.
Mario Ortolá: El portavoz de Vox volvió a expresar su respaldo a todas las decisiones del equipo de gobierno que representaran aligerar la carga fiscal sobre los ciudadanos, en otra muestra más de connivencia ideológica (lea aquí el contenido de su intervención). Además, por primera vez incluso planteó otras dos propuestas en esa dirección: la rebaja del impuesto de vehículos y el de la plusvalía (en este caso, para bonificarlo al 95%, según dijo).
Después, recurrió a algunas de las ideas recurrentes ya planteadas a lo largo de este mandato al reclamar que se reforzase la seguridad ciudadana con una auténtica policía de barrio, así como la ejecución de más inversiones para las partidas rurales. También reivindicó la aprobación de la ordenanza de mendicidad y su mensaje fue atendido por el propio alcalde, como ya se ha incidido.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá.
Y por último, además de denunciar la existencia de burocracia administrativa e instar a que se simplificasen trámites para facilitar gestiones a los ciudadanos, también emplazó al equipo de gobierno a no plegarse a las medidas promovidas por la izquierda para combatir la emergencia climática al reiterar su rechazo a la implantación de una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que, según indicó, acabará perjudicando al comercio tradicional del centro en favor de los centros comerciales situados fuera del perímetro de los dos anillos previstos para la implantación de medidas restrictivas a la circulación de vehículos provistos de motor de combustión.
Natxo Bellido: El portavoz de Compromís apuntó al descrédito en el que, a juicio del conjunto del eje progresista, ha caído el equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza (lea aquí el contenido de su primera y de su segunda intervención). Además, incidió en que el análisis ofrecido por Barcala sobre el estado de Alicante no se correspondía con la realidad, al persistir problemas como el estado de suciedad de las calles, o el retraso en la adjudicación de las grandes contratas para las que se ha tenido que acordar prórrogas. De igual modo, restó eficacia a la bajada de impuestos promovida por el bipartito al señalar que el dinero aportado vía impuestos no está en los bolsillos de los alicantinos, sino en los bancos, después de que PP y Cs decidiesen cancelar los préstamos municipales pendientes. También cargó contra el equipo de gobierno por bloquear la llegada de inversiones del Consell, como las obras de colegios del Plan Edificant o la propuesta de compra de las participaciones municipales en el Teatro Principal para relanzar su gestión.
En la misma línea, sostuvo que el bipartito tampoco ha ejecutado gran parte de las inversiones municipales y recriminó el retraso o los sobrecostes en las que sí se han puesto en marcha, como la de La Explanada o la de Padre Esplá. También reprochó la desatención a las desigualdades y la falta de medidas para impulsar la sostenibilidad y combatir la emergencia climática para no desagradar a Vox.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido.
Y al tiempo, señaló que, a su juicio, existen síntomas de agotamiento en el ciclo de gobierno de Barcala, al no promover un proyecto de ciudad ni haber impulsado promesas como el PGOU o el centro de congresos, entre otros puntos. En esta línea, fue el primero en plantear la conformación de alianza para construir una alternativa desde la izquierda ante las próximas municipales con el fin de que Vox no ampliase su influencia y no acabase asumiendo un papel ejecutivo en el gobierno municipal, entre otras propuestas para avanzar hacia un modelo de ciudad sostenible o para facilitar el acceso a la vivienda, similares a las que Compromís viene planteando desde el inicio del mandato.
Xavier López: El portavoz de Unides Podem EU cogió el guante lanzado por Bellido aunque apuntó que para la formación de esa posible alianza se deben demostrar pasos previos de coordinación y voluntad de desarrollar un trabajo en común. Además, criticó el triunfalismo ofrecido por el alcalde, abundó en el descrédito que, en su opinión, merecen sus anuncios tras reiterados incumplimientos en su ejecución (citó como ejemplo paradigmático la construcción de la pasarela ciclopeatonal a Urbanova) y le recriminó su acercamiento a la ultraderecha y a las formas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (lea aquí el contenido de su intervención).
Como Bellido, también alertó a Barcala de que su tiempo estaba llegando a su fin, al mencionar las maniobras supuestamente impulsadas por la exalcaldesa Sonia Castedo y su entorno en una presunta estrategia para regresar al PP para moverle la silla, que se han encargado de promocionar al detalle desde determinados foros en un intento de resucitar su activismo político tras la sentencia exculpatoria sobre el PGOU investigado en Brugal (todavía no firme).
El portavoz de Unides Podem EU, López.
Más tarde, también recriminó al bipartito "despilfarro" en el control de las contratas municipales, la persistencia del problema de la limpieza, el hecho de haber optado por la externalización de servicios como el transporte público sin explorar otros modelos de gestión pública que funcionan en Madrid, València o Barcelona, o que también se apueste por la gestión externa del Castillo de Santa Bárbara para dinamizarlo, en lo que continuó considerando un ejemplo de privatización del patrimonio público.
En contraposición, planteó que se crease una empresa municipal para la gestión de todos los servicios públicos y otra dedicada a la generación de energía, que se desbloqueasen las medidas puestas en marcha por otras administraciones para reducir la brecha social como las iniciativas para facilitar el acceso a una vivienda, a través de la adhesión a la red Xaloc de la Conselleria de Vivienda o que se constituyese un ente gestor del patrimonio público que promoviese planes sociales desde una perspectiva social y turística.
Mari Carmen Sánchez: La vicealcaldesa y portavoz de Ciudadanos reiteró la defensa de la gestión del equipo de gobierno, del que ensalzó su unidad, y sostuvo que se ha conseguido cumplir ya el 70% de los compromisos adquiridos en la firma del pacto político suscrito tras las municipales de 2019 (lea aquí el contenido de su intervención). Sobre todo, subrayó la labor desarrollada en las parcelas que dependen de los cinco concejales de su partido: Urbanismo, Turismo, Cultura, Deportes, Igualdad, Cooperación y Juventud. Así, enumeró la exposición de ordenanzas urbanísticas para fomentar la transparencia, la puesta en marcha de planes de apoyo al sector turístico para promover campañas de captación de visitantes, la apuesta por la ampliación del MACA o la reorganización del sistema de promoción del deporte base municipal con el respaldo de los clubes.
También presumió de la política fiscal desplegada y fue la primera en aludir a la falta de inversiones estatales y del Consell en la ciudad y en el conjunto de la provincia de Alicante al asegurar que en el proyecto de Presupuestos del Estados se trata de la peor tratada en inversión por habitante entre el conjunto de las provincias. Además, reiteró el argumento ya expuesto por el bipartito en respuesta por la oferta de compra sobre el Principal que la Conselleria de Cultura solo había destinado un 7% de sus inversiones a la provincia.
La portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez.
De igual modo, defendió la externalización de la gestión del Castillo de Santa Bárbara, del que descartó su privatización, y aseguró que ningún grupo opositor votó en contra cuando se debatió sobre la iniciativa en el Patronato de Turismo.
Paco Sanguino: El portavoz del PSOE incidió en algunos de los elementos de crítica que ya habían usado sus homólogos de Compromís e Unides Podem EU como el "descontrol" en la gestión de las contratas municipales o el bloqueo a los acuerdos procedentes de otras administraciones sobre los que, según indicó, el bipartito se ha limitado a poner palos en las ruedas (lea aquí el contenido de su intervención).
Entre otros ámbitos, citó expresamente el de la Educación, con ejemplos como el Plan Edificant o el plan para ejecutar inversiones por 30 millones en centros educativos de la ciudad. Además, lamentó que, a su juicio, no se haya puesto en marcha las medidas previstas en el dictamen de la comisión para la recuperación y criticó que el bipartito ensalzase las labores de mantenimiento como merito cuando se trata de una obligación.
El portavoz del PSOE, Paco Sanguino.
También recriminó que el bipartito se apoyase sistemáticamente en Vox para sacar adelante su gestión, reprochó que no se haya tenido en cuenta los pactos alcanzados con su formación en la negociación del presupuesto de 2021, como la puesta en marcha de un observatorio del empleo joven, que volvió a plantear como necesidad urgente y puso el acento en la falta de un plan estratégico de turismo o en los problemas de planificación en la ejecución de las obras de urbanización que se han puesto en marcha.
Además, en términos propositivos, planteó dirigir el foco hacia el europeismo y propuso abordar un debate municipal al respecto para fijar una estrategia de consenso enfocada en la captación de inversiones de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, entre otra larga lista de propuestas expuestas en su segunda intervención.
Mari Carmen de España: La portavoz del PP vino a añadir mayor carga política al balance ofrecido por el alcalde en contraposición a la gestión impulsada por el extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). De igual modo, reiteró el discurso del agravio inversor por parte del Gobierno central y del Consell tras incidir en las críticas a la falta de respuesta durante el periodo más complicado de la crisis sanitaria o la marcha de proyectos anunciados inicialmente en la ciudad, como el Centro de Envejecimiento, que finalmente se situará en el entorno de IFA.
Así, se refirió al anuncio formulado por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, sobre el estadio Rico Pérez, con una propuesta para convertirlo en un espacio polivalente para la celebración de eventos y conciertos bautizado como Rico Pérez Arena para calificarlo en tono irónico como "Rico Pérez Castillo de Arena". "Es otro ximoanuncio más", aseguró.
La portavoz del PP, Mari Carmen de España.
En esta línea, incidió en el retraso en la ejecución de inversiones como la retirada de las vías del ferrocarril en la primera línea del litoral sur, la construcción del Parque Central, la prolongación del Tram hasta la estación de Renfe o la ejecución de los tres centros de salud comprometidos en la ciudad, entre otros. De igual modo, señaló que la Conselleria de Vivienda no había promovido la construcción de ninguna inmueble de protección pública en la ciudad.
Las conclusiones
¿Qué implicaciones tuvo todo ese conjunto de discursos y propuestas? Las dos principales son las ya expuestas de partida en el inicio de este análisis. Primero, que el bipartito vuelve a poner de manifiesto su voluntad de granjearse el respaldo de Vox, en la medida en que los votos de sus dos concejales siguen resultando esenciales para decantar mayorías en el salón de plenos en el año y medio que resta de mandato.
Por mucho que fuese una propuesta electoral propia, el compromiso de reactivar la ordenanza de convivencia cívica antes de finalizar el año fue el ejemplo más evidente que se vuelve a producir, además, cuando se debe volver a producir el debate del presupuesto municipal de 2022. Y, además, también apuntaron en esa misma dirección (tratar de recabar el respaldo de Vox) las explicaciones ofrecidas por el alcalde sobre la zona de bajas emisiones (ZBE) que se pretende implantar en torno al Centro Tradicional y al anillo conformado por la Gran Vía. El primer edil vino a decir que esa ZBE no conllevaría limitación de libertades. Es decir, justo el reproche esgrimido por Vox para anunciar su oposición al proyecto, en un intento de llevar a la práctica el negacionismo que pregona frente a la emergencia climática (con advertencia sobre las implicaciones de esa ZBE sobre el comercio del Centro incluida).
La segunda de esas conclusiones esenciales es que las fuerzas de la izquierda parecen haber adquirido consciencia de la necesidad de conformar una alianza para construir una alternativa solida que permita regresar al poder municipal dentro de dos años. Se trata de una propuesta por la que optaron abiertamente desde las filas de Compromís y de Unides Podem EU, con el fin de reproducir la experiencia que ya se ha puesto en marcha en el Consell para trasladar sus políticas hasta la ciudad de Alicante. Sin embargo, no hubo una respuesta tan explícita al respecto por parte del PSOE. Su portavoz, Paco Sanguino, no hizo nada por recoger el guante, quizá sabedor de que esa es una cuestión que compete a los órganos de dirección del partido en la que tiene poco que decir. Mención al margen merece el hecho de que se reconozca ahora que esa alternativa está por construir después de más de dos años y medio de mandato.
La tercera conclusión es que el equipo de gobierno mostró los primeros síntomas de agotamiento. O al menos, que se ha desistido de plantear ninguna otra propuesta singular ilusionante que pueda contribuir a relanzar la proyección de la ciudad al margen de los proyectos ya anunciados en 2019 como la construcción del centro de congresos, que se ha acabado reubicando en el Puerto (se planteó inicialmente en el acceso sur), o el impulso del nuevo PGOU. Ambas propuestas se siguen cociendo a fuego lento, aunque el alcalde volviese a anunciar la firma inminente de los convenios de colaboración con la Diputación para poner en marcha la tramitación del edificio congresual. Y solo se habló de pasada de la tentativa municipal para optar a acoger la sede del Hermitage en la ciudad, después de que se volviese a emplazar al Consell a prestar apoyo a esa hipotética candidatura.
Por lo demás, nada nuevo sobre posibles usos para la parte de los edificios de las harineras de Benalúa que se pretende asumir a través del convenio de urbanización de la unidad de ejecución Plan Parcial de Benalúa Sur en la que se ubican, o sobre el destino que podría tener el antiguo Hospital del Rey (la actual sede de la Comandancia de la Guardia Civil) cuando se consume la operación de permuta por el solar de Rabasa en el que se proyecta la construcción de la nueva sede del Instituto Armado.
La cuarta conclusión, directamente vinculada a la tercera, es que -además de insistir en la necesidad de ese plan renove para mejorar la escena urbana de la ciudad tras años sin mantenimiento- el bipartito va a centrar todos los esfuerzos en tratar de ejecutar los proyectos que tiene en cartera o que están a punto de iniciarse antes de que termine el mandato, pese a que parte de ellos se hayan reiterado varias veces sin llegar a abordarse. Se trata, por ejemplo, de propuestas como el paseo litoral de 21 kilómetros o la pasarela ciclopeatonal hasta Urbanova que, de algún modo, formaría parte de ese proyecto global.
La quinta conclusión es que los intentos protagonizados por Ciudadanos para reivindicar el fruto de su gestión en el equipo de gobierno no estarían teniendo el reflejo esperado ni entre los representantes del resto de los grupos políticos con presencia en la corporación. PSOE, Unides Podem EU y Compromís básicamente solo mencionaron directamente al partido de Inés Arrimadas para recriminar decisiones relacionadas con la gestión turística. Por su parte, Vox obvió toda referencia al grupo liderado por la vicealcaldesa. Y el PP estuvo al borde de emularles, salvo por las alusiones a la unidad de pacto de gobierno. Está por ver qué eco tiene la gestión del partido dentro de dos años, cuando la ciudadanía tenga que volver a depositar su voto en las urnas, y cuál es entonces la influencia del contexto nacional y del estado político de la formación en ese momento.
La sexta conclusión es que al eje progresista le seguirá costando superar la hipoteca reputacional heredada del extinto tripartito. Cuando menos, las fuerzas del centro-derecha no van a dejar de reiterar los enfrentamientos internos que se registraron en ese periodo para impedir que la ciudadanía pueda volver a confiar en esa opción.
Y la séptima conclusión es que las posibilidades de alcanzar acuerdos y consensos en asuntos transversales pudieron quedar agotadas definitivamente en el dictamen de la comisión por la recuperación, ya que las posturas siguen enfrentadas entre las formaciones de los dos ejes del espectro ideológico. De hecho, existe disparidad de opiniones hasta en el grado de cumplimiento de los acuerdos incorporados en aquel dictamen.
análisis ap - el debate sobre el estado de la ciudad
La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, y el alcalde, Luis Barcala, en el transcurso del debate sobre el estado de la ciudad.
