ALICANTE. Cambio de rumbo. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), atiende a la petición formalizada por la Asociación de Vendedores de La Explanada (AVE) -conocidos popularmente como los hippies- y por los tres grupos del eje progresista que ejercen funciones de oposición (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) y promueve la concesión de una moratoria de tres meses en la autorización que permite su permanencia en el paseo turístico con el fin de que pueda completarse el expediente para su reubicación.
Ese planteamiento queda sujeto a la aprobación de un nuevo acuerdo de pleno -que se pretende someter a votación el próximo martes- por el que se modifica la decisión previa adoptada en marzo de 2023 en la que se fijaba el 31 de octubre de este año fecha límite para el desmontaje de las casetas de venta. Con la nueva propuesta formulada por la Concejalía de Ocupación de Vía Pública el permiso de instalación continuará vigente hasta el 15 de enero para el ejercicio de actividad (la venta propiamente dicha) y hasta el 31 de enero por lo que respecta a la retirada de los puestos (lo que proporcionaría un plazo de dos semanas para las labores de su desmontaje).
Con ello, se pretendería procurar el tiempo necesario para que el colectivo de vendedores pueda solicitar un nuevo permiso de instalación en el emplazamiento alternativo planteado por el Ayuntamiento y el Puerto de Alicante: el espacio público comprendido entre el espigón del Postiguet y el edificio del Hotel Meliá. Ese permiso queda en manos del Servicio Provincial de Costas, que ya ha requerido al Ayuntamiento que amplíe información adicional para poder tramitar el expediente administrativo preceptivo.
En concreto, entre esa documentación solicitada debe figurar el detalle de la superficie que resulta necesaria para la instalación de los puestos, así como las dimensiones de las casetas y la delimitación de los pasillos que quedarán libres para el tránsito peatonal, además de la aportación de una memoria económico-financiera sobre la actividad de los puestos con el fin de poder determinar el importe del canon que deberán abonar por la ocupación de ese suelo.
El departamento municipal de Ocupación de Vía Pública, por su parte, ya ha dado traslado de esos requisitos a la asociación de vendedores con el propósito de que sea dicho colectivo quien aporte esa información a Costas, para lo que ofrecerá la colaboración que se estime oportuna, según han apuntado fuentes municipales consultadas. La entrega de esa documentación debe producirse con fecha límite de 11 de noviembre, según confirmó la concejal del área, Cristina Cutanda, en un encuentro mantenido con los titulares de los puestos.
En último término, la nueva moratoria a conceder a los vendedores trataría de procurar el margen suficiente para que se complete ese expediente de autorización que permita su reubicación en un nuevo emplazamiento, para el que se calcula precisamente un plazo de tres meses. De este modo, PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem han acordado desistir del registro de la propuesta con la que se pretendía forzar al equipo de gobierno a conceder esa prórroga temporal para la instalación de las casetas. No obstante, según fuentes consultadas, esa iniciativa se reactivará en el supuesto de que los puestos no dispongan de un espacio alternativo en el que situarse cuando finalice el mes de enero.
Sea como fuere, como también ha informado este diario, la reubicación de los puestos junto al espigón del Postiguet tendría, igualmente, fecha de caducidad, toda vez que el Servicio Provincial de Costas ya ha precisado que las autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre tienen una duración máxima de cuatro años.