El plano que delimita el anillo exterior de la Gran Vía sobre el que se pretende implantar la ZBE de Alicante.ALICANTE. Alicante no seguirá los pasos de Elche para regular el funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) pese a ser ciudades vecinas con gobiernos alineados desde el punto de vista político. En el caso de la capital, no habrá ningún tipo de restricción adicional (al margen de las que ya rigen en el Casco Antiguo) para el acceso de vehículos en el ámbito comprendido desde el anillo de la Gran Vía hasta el Centro Tradicional. Como en Elche, tampoco se exigirá la disposición de tarjeta ECO y, sobre todo (y aquí radica una de las principales diferencias entre los planteamientos de las dos ciudades) no se aplazará la imposición de sanciones a futuro, como sí queda reflejado en la ordenanza reguladora de la ZBE de Elche aprobada este martes.
Como mínimo, ese fue el mensaje que persistió en trasladar el vicealcalde, concejal de Medio Ambiente y portavoz del equipo de gobierno, Manuel Villar, este martes, tras ser cuestionado por la fórmula por la que se pretende apostar en la ciudad respecto a la regulación de la ZBE, en la comparecencia semanal en la que se da cuenta de los acuerdos alcanzados en Junta de Gobierno.
Villar insistió en la argumentación que el PP ya ha venido defendiendo respecto al modelo de ZBE que se pretende implantar en Alicante para asegurar que "aquí partimos de la premisa de que no existe un problema de contaminación [lo cierto es que el gobierno de Elche (PP y Vox) también lo niega], por lo que no creemos necesario que se deba imponer ninguna restricción al tráfico, ni tampoco demorar la aplicación de multas".
Pero, además, añadió una valoración adicional respecto al objetivo de las actuaciones puestas en marcha gracias a la obtención de los 15 millones en fondos europeos concedidos para la implantación de ese mecanismo de reducción de emisiones contaminantes, traspuesto a la legislación española a través de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. Al respecto, señaló que "lo que hemos pretendido es aprovechar esos fondos para llevar a cabo una transformación urbana y una mejora en la movilidad", explicó. Así, justificó el cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones al argumentar que "si se mejoran las condiciones de movilidad, también se reducirá la contaminación".
Por lo pronto, el proyecto de implantación de la ZBE de Alicante validado por el Ministerio para la Transición Ecológica prevé un conjunto de iniciativas con las que se aspiraba a reducir el tráfico de vehículos en hasta un 20%, tras la instalación de cámaras y sensores como puntos de rastreo y monitorización en un primer anillo exterior, sobre el borde de la Gran Vía, que permitirían activar hipotéticas limitaciones en el caso de que se detectasen niveles de polución en la calidad del aire superiores a los establecidos en la legislación.
Además, el proyecto incorporaba el desarrollo de actuaciones que comprenden la reducción de la amplitud de carriles para minorar la velocidad del tráfico en algunas de las principales arterias de la ciudad, como el Paseo de los Mártires de la Libertad. De igual modo, se incluye la eliminación de aparcamientos para ampliar las aceras y favorecer los desplazamientos peatonales en el eje formado por Marvá, Federico Soto y Doctor Gadea o en la avenida de Ramón y Cajal (en la que también se incorpora el carril bici), además del fomento del transporte público con la introducción de un carril reservado a los autobuses en la avenida de Aguilera (aunque se trata de una obra pendiente de ejecución, para la que se ha tenido que solicitar una prórroga) que permitiría ganar velocidad comercial en las líneas que la atraviesan.
Con todo, el PP continúa sin dar a conocer la regulación concreta que se pretende aplicar en la implantación de esa ZBE. Villar insistió en que se estaba trabajando en la redacción de la ordenanza reguladora, sin ofrecer ningún avance adicional ni detallar cuándo podría elevarse a aprobación en pleno, pese a que la ZBE debería tener aplicación desde enero de 2024. En todo caso, se limitó a señalar que se seguía actuando en coordinación con TEVA (la empresa adjudicataria de la instalación de la red de cámaras y sensores) para acabar de perfilar su funcionamiento.
Al tiempo, Villar también se refirió al debate abierto a cuenta de la propuesta de revisión de los terrenos liberados de las vías del ferrocarril, la denominada Operación Integrada número 2, con el fin de "repensar" la configuración de la estación Intermodal, como apuntó el alcalde, Luis Barcala, en la comparecencia pública en la que hizo balance de los 100 primeros días del nuevo mandato.
En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno señaló que se están manteniendo contactos con responsables de la Conselleria de Infraestructuras en ese sentido y descartó que el hecho de que el presidente del Consell, Carlos Mazón, apuntase la semana pasada que el proyecto de la estación de tranvía en Renfe se mantendría "en su totalidad" no suponía ninguna contradicción respecto a las manifestaciones previas formulas por Barcala. "Se está hablando, pero desde el principio lo que se ha dicho es que sería bueno revisar toda el plan de la Operación Integrada número 2 para que se ejecute el mejor proyecto posible", concluyó.
Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, señaló al respecto que "el gobierno de Barcala debe de dejar de poner en riesgo la inversión de 132 millones de euros para la estación intermodal de Alicante", en alusión, en realidad, al proyecto de la estación de tranvía que formará parte de la futura terminal intermodal. "Basta ya de jugar con una infraestructura que es fundamental para la ciudad y para toda la provincia", recalcó. Así, añadió que "es público y notorio que Mazón ha desautorizado a Barcala y, llegados a este punto, no caben más excusas. Se debe ejecutar el proyecto que dejó licitado el gobierno de la Generalitat Valenciana con Ximo Puig como presidente al tratarse de una infraestructura de futuro para facilitar la movilidad", apostilló.
