El alcalde, Luis Barcala, ante los representantes de PSOE, Unides Podem EU y Compromís, en el pleno.ALICANTE. Los seis grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Alicante han alcanzado este jueves la unanimidad en el reconocimiento del Hércules y también a la hora de reivindicar la ejecución de infraestructuras pendientes, como el proyecto de conexión entre Alicante y Valencia por tren de alta velocidad. Pero no por lo que respecta a la reivindicación de mayores inversiones para la provincia de Alicante a través de una modificación del sistema de financiación autonómica y de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y eso que se ha debatido y votado hasta tres declaraciones institucionales (propuestas de resolución de contenido político, sin ninguna eficacia ejecutiva) relacionadas con esos dos temas centrales.
Por partes. En primer término, las seis formaciones representadas en la corporación se han unido en la distinción de uno de los clubes deportivos más reconocidos de la ciudad, el Hércules Club de Fútbol, con motivo de la conmemoración de su centenario. En una declaración institucional conjunta, Partido Popular (PP), PSOE, Ciudadanos (Cs), Unides Podem EU, Compromís y Vox se han conjurado para destacar la trayectoria de la entidad, los logros deportivos alcanzados y su papel como embajador de la ciudad, tras la lectura de la propuesta efectuada por el alcalde, Luis Barcala, en función del acuerdo alcanzado en la junta de portavoces el pasado jueves. No ha sido necesaria la votación, ni ha habido espacio para el enfrentamiento dialéctico, ya que la propuesta contaba de partida con el respaldo unánime de la corporación.
Sí la ha habido, en segundo término, en la declaración institucional promovida por los dos partidos aliados en la gestión municipal, PP y Cs, con el fin de "denunciar el nuevo retraso hasta 2025 de la construcción del AVE entre Alicante y Valencia y la procedencia de que se acelere la construcción de la conexión entre Villena y el Puerto de Alicante". Aunque, en este caso, el resultado de la iniciativa ha sido justo el mismo: ha quedado aprobada por unanimidad, con el apoyo de los 29 concejales que conforman la corporación. Eso sí, en la antesala de las elecciones municipales y autonómicas de 2023, cada partido ha tratado de argumentar ciertas diferencias de matiz en sus posiciones con la intención de recriminarse de forma mutua la responsabilidad política de que ese proyecto no se haya convertido en realidad hasta ahora.
En esta línea, tanto los representantes de PP, Cs y Vox han coincidido en lamentar el retraso en la ejecución de infraestructuras clave para Alicante, en otro ejemplo de lo que han tildado de "marginación" del actual Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos) respecto a la provincia, como han sostenido la portavoz del PP, Mari Carmen de España, y el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez. No obstante, tanto los portavoces de Compromís y Unides Podem EU, Natxo Bellido y Xavier López, como la portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, han sostenido que fue un ejecutivo presidido por el PP de Mariano Rajoy el que planificó su construcción desde 2015 y lo comenzó a retrasar pese a haberlo comprometido en el plazo de dos años.
Esas mismas posiciones se han evidenciado, después, en las tres declaraciones institucionales distintas que se han debatido a lo largo de la sesión respecto la infrafinanciación de la provincia de Alicante que se habría visto reflejada a través de las inversiones recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Se trata de una primera iniciativa promovida por el bipartito (a la que se adhirió Vox), otra firmada por Unides Podem EU y Compromís, que se extiende sobre el modelo de financiación autonómica, y una última formulada por el PSOE en el mismo sentido, en la que se pone el énfasis en el apoyo a las enmiendas para que se amplíe la llegada de fondos a la provincia. Las tres se han debatido por separado, en función de la decisión adoptada por el alcalde, Luis Barcala, durante la junta de portavoces de este lunes, al sostener que cada una de esas propuestas contenía elementos diferenciales.
De hecho, el mismo primer edil ha sostenido, a colación de las alusiones formuladas por los portavoces del resto de formaciones, que el equipo de gobierno sí ofreció la posibilidad de que los grupos de la oposición pudiesen sumarse a su iniciativa "sin que se obtuviese respuesta", algo que, según ha defendido, "no se ha producido" respecto a las propuestas promovidas por el resto de fuerzas de la oposición, que no se habrían compartido con el resto de grupos para intentar una posible suma. No obstante, el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha considerado, al respecto, que "no es lo mismo comunicar una propuesta que tener la voluntad de consensuarla" a modo de matización sobre el reproche formulado por el primer edil.
Sea como fuere, en el cruce de intervenciones reproducido en la discusión de esas tres iniciativas los representantes de los seis partidos han mantenido prácticamente la misma línea argumental. Tanto el eje del centro-derecha (compuesto por PP, Cs y Vox), como el bloque progresista (formado por PSOE, Unides Podem EU y Compromís) han coincidido en que la propuesta presupuestaria que ahora inicia la tramitación en el Congreso es insuficiente para la provincia de Alicante. Al menos en lo que respecta la capítulo de inversiones. Así, los seis grupos han expuesto la necesidad de que puedan modificarse para corregir sus cifras. No obstante, los representantes de esos dos bloques han discrepado tanto en los calificativos dirigidos a esa planificación económica trazada por PSOE y Unidas Podemos, como en la introducción del enfoque histórico en la evolución de las previsiones presupuestarias del Estado a lo largo de la última década.
En síntesis, los portavoces de PP, Cs y Vox, Mari Carmen de España, Mari Carmen Sánchez y Mario Ortolá, no han dudado en descalificar las previsiones económicas contempladas en los PGE para Alicante al tildarlas de "agravio" y de "las peores de la historia" para la provincia tras desgranar las diferencias de cifras entre las aportaciones previstas frente a las dotaciones reflejadas para otros territorios, así como la distancia entre las aportaciones fiscales y el retorno obtenido en forma de inversiones estatales. Al tiempo, han señalado que tanto PSOE como Podemos forman parte del Gobierno central y del Consell por lo que podrían mover ficha para mejorar el sistema de financiación autonómica o incorporar las dotaciones económicas necesarias a través de los PGE "en los que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, también pulsa el botón verde", según ha enfatizado Sánchez, en alusión directa a los ediles de la coalición valencianista como corresponsables de esa supuesta marginación estatal.
Por su parte, los portavoces de Compromís, Unides Podem EU y PSOE, Natxo Bellido, Xavier López y Miguel Millana, han puesto el retrovisor y han sostenido que la falta de inversiones para la provincia viene arrastrada desde los pasados mandatos del PP hasta el punto de sostener, como lo ha hecho Millana, que el mérito de asignar la menor cuantía a la provincia de Alicante le corresponde a Mariano Rajoy. Además, Millana ha incidido en que se está trabajando por la vía de enmiendas para que se incorporen otros 500 millones en inversiones para la provincia, tras poner énfasis en el apartado social de las cuentas que también comprende la consiguiente aportación territorializada para los ciudadanos de la provincia en cuestiones como el incremento de las pensiones o de las coberturas sociales. Y, sobre todo, en lo que respecta a la defensa de la declaración promovida por su partido, Millana ha reseñado que en los PGE ya se refleja una asignación presupuestaria que se adecúa al criterio poblacional de la Comunitat.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en un momento del pleno.En esta línea, tanto López como Bellido también han reivindicado la necesidad de lograr un bloque unitario para lograr la rectificación de las cuentas estatales, en torno al trabajo coordinado por la Plataforma pel Finançament, que tiene previsto abordar una propuesta conjunta este viernes. Es más, han llegado a cuestionar a los representantes de PP y Cs sobre qué aspecto en concreto no estaban de acuerdo respecto a la iniciativa que ellos promovían.
De este modo, a la postre, en el momento de la votación de las tres propuestas se han producido las consiguientes discrepancias. La propuesta promovida por PP, Cs y también Vox, por la que se acuerda "manifestar el rechazo a la infrafinanciación que va a sufrir Alicante en los Presupuestos Generales del Estado para 2023" ha quedado aprobada con sus 16 votos. Los dos ediles de Unides Podem EU y los dos de Compromís se han abstenido. Por su parte, los nueve representantes del PSOE han votado en contra.
La segunda declaración institucional, promovida por Unides Podem EU y Compromís para exigir al Gobierno de España un nuevo modelo de financiación autonómica y la mejora de las inversiones previstas en los PGE, ha quedado rechazada, puesto que solo ha sumado los cuatro votos a favor de los ediles de los grupos proponentes. Los 16 ediles de PP, Cs y Vox han votado en contra, mientras que los nueve representantes de PSOE se han decantado por la abstención. Millana ha asegurado que, pese a la abstención manifestada por su grupo respecto a esa segunda propuesta, "apoyamos la mayoría de los postulados de la declaración, como también compartimos con la propuesta de PP y Cs que esto hay que arreglarlo". Sin embargo, ha añadido que el PSOE optaba por un voto de abstención al considerar que el asunto "debía abordarse desde otra perspectiva", lo que, en su opinión, justificaría el registro de una declaración institucional propia.
En cualquier caso, esa tercera iniciativa promovida por el PSOE, en la que se plantea "expresar el apoyo al proceso de enmiendas a los Presupuestos Generales y a las medidas propuestas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig", también ha quedado desestimada al sumar solo los nueve votos a favor de sus representantes. Los dos ediles de Compromís y de Unides Podem EU se han decantado por la abstención, después de que el portavoz de la coalición nacionalista haya reconocido al PSOE "la valentía" de al menos plantear una propuesta y de "reconocer que los presupuestos generales necesitan una corrección". "No compartimos estrictamente lo que dice esa declaración, pero reconocemos el valor de esa autocrítica que nos gustaría comprobar que también existe esa capacidad en este equipo de gobierno", ha sostenido Bellido. Y el portavoz de Unides Podem EU, López, ha lamentado que el PSOE no haya sido capaz de adherirse a la propuesta planteada por la confluencia y por la coalición valencianista, después de que se incorporasen "las sugerencias que nos plantearon". "Si hemos sido capaces de aprobar unos Presupuestos Generales, a pesar de nuestras diferencias en materias como la Ley Trans, deberíamos ser capaces de consensuar esta declaración", ha sostenido.
Por su parte, tanto las portavoces de PP y Cs, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, han tildado la iniciativa del PSOE de "un despropósito que no hay por dónde cogerlo", que quedaría reflejado en un texto "que está lleno de faltas de ortografía" y que, en realidad, "es una autoenmienda a los errores de sus partidos". Barcala, a su vez, ha cerrado la discusión al respecto para señalar que la declaración promovida por PP y Cs se refería al "agravio comparativo que sufría la ciudad y la provincia de Alicante en las inversiones, no en el resto de cuestiones, porque a nadie se le ocurre pensar que en los presupuestos se iba a decir que los jubilados de Alicante iban a percibir pensiones inferiores a las del resto de territorios", ha concluido. De este modo, la declaración ha quedado rechazada con los votos de PP y Cs y las abstenciones de Unides Podem EU y Compromís.
Al margen del debate presupuestario, el pleno también ha aprobado una declaración institucional registrada por PP y Cs para que la Generalitat "tome medidas para acabar con las listas de espera en los centros de atención temprana en la ciudad de Alicante". La iniciativa ha sumado los 16 votos de PP, Cs y Vox, frente a los 13 en contra de PSOE, Unides Podem EU y Compromís, después de que las tres fuerzas del eje progresista haya defendido el funcionamiento de los servicios sociales a cargo de la Conselleria de Políticas Inclusivas.
También se ha aprobado la propuesta promovida por Unides Podem EU y Compromís para que se amplíen las frecuencias, las paradas y el horario de la línea 27 del servicio de transporte urbano de autobús para favorecer el desplazamiento de los cientos de empleados que se desplazan a diario los centros de trabajo situados en la partida de Agua Amarga, así como la posibilidad de crear una zona de aparcamiento en ese entorno. Tanto los portavoces de Unides Podem EU y Compromís han incidido en la necesidad de mejorar la movilidad en un punto en el que se concentran las empresas del polígono industrial, la Euipo, además de varios hoteles, en respuesta a la reivindicación manifestada por los representantes de los trabajadores.
Tanto el portavoz de Vox, Mario Ortolá, como el edil socialista Manuel Martínez, han coincidido en la necesidad de ampliar ese servicio para dar respuesta a la demanda de los trabajadores. Y también ha confluido en esa posición el edil de Transportes, Manuel Villar, quien ha asegurado que, con la nueva contrata, esa línea ya va a ver mejorado el servicio con un nuevo recorrido que permitirá ganar velocidad comercial. En esta línea, ha sostenido que "si resulta necesario, se introducirán nuevas mejoras". Así, la iniciativa ha quedado aprobada por unanimidad.
El primer edil, interviene ante la mirada de los ediles del eje progresista.También ha prosperado, la declaración promovida por el PSOE para que se agilice el proceso de aprobaciones de comisiones de servicios y llamamiento de interinos para cubrir las vacantes de la Policía Local y la Oferta de Empleo Público de 2023. En la defensa de la iniciativa, el edil socialista Manuel Martínez ha reprochado lo que ha considerado una falta de previsión por parte del equipo de gobierno para cubrir las plazas vacantes en la plantilla al ser conocedores de que los interinos que aprobaron las últimas oposiciones quedaban obligados a superar los cursos de formación del Ivaspe. Además, ha recriminado que, supuestamente, se pretenda optar por contratar seguridad privada.
El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha compartido la necesidad de que se refuerce la plantilla de la Policía Local y ha aprovechado para reclamar a la Subdelegación del Gobierno el refuerzo de la Comisaría de Policía Nacional de la Zona Norte. El edil de Compromís, Rafa Mas, ha abundado en el déficit de policías, ya expuesto por Martínez, lo que impide reforzar la vigilancia en zonas de ocio, por ejemplo. La edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, ha señalado que la plantilla de la Policía Local ya necesitaba personal antes de se produjese el cese de los interinos tras la celebración de las oposiciones.
Por último, el edil de Seguridad y Recursos Humanos, José Ramón González, ha sostenido que no se ha planteado la posibilidad de recurrir a vigilancia privada y ha añadido que los interinos cesados "son 28 porque han suspendido una oposición y entran los que la han aprobado y, legalmente, no podían continuar desempeñando sus funciones". Así, ha asegurado que Martínez "adolece un desconocimiento grave sobre el funcionamiento de la administración" y ha añadido que, en cuanto se disponga de los PGE de 2023, se procederá a organizar la convocatoria de oposiciones del próximo año. Pese a todo, en el momento de la votación, la iniciativa ha sumado un apoyo mayoritario con el respaldo de PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox (15 votos) frente a los 14 de PP y Cs.
No ha prosperado la propuesta promovida por el PSOE por la que se propone la adhesión del Ayuntamiento de Alicante a la iniciativa impulsada por el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil 'Alianza País por la Pobreza Infantil Cero'. El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha expresado su rechazo a la propuesta tras recriminar que "el responsable de ese Alto Comisionado sea un exconcejal socialista del País Vasco, al que se le paga unos emolumentos de 110.000 euros al año". "No es necesario que se destine ese sueldo y otros que forman el organigrama para que se cumpla la obligación de todas las administraciones públicas de velar para que no exista pobreza infantil, y menos si esa tarea se encomienda a un político y no a un profesional", ha incidido.
El edil de Compromís, Rafa Mas, le ha respondido con preguntas retóricas sobre los sueldos que cobran los representantes de Vox en distintas instituciones "por proferir odio". Después, ha expresado su respaldo a la iniciativa al considerarla necesaria para que se pueda combatir la desigualdad. La edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, también ha aludido al discurso de Ortolá para animarle a preguntar por una institución análoga creada en Madrid con respaldo de Vox. Y, asimismo, ha expresado su apoyo a la propuesta al considerar que resulta necesaria para procurar facilidades a la infancia. Por el equipo de gobierno, la edil de Acción Social, Julia Llopis, se ha alineado con el discurso de Ortolá al considerar que "este Alto Comisionado es un chiringuito para decir que ha bajado la pobreza infantil cuando eso no es cierto" mientras, según ha explicado, se dedican fondos públicos a subir el número de asesores en el Gobierno o a aumentar los impuestos. En el momento de la votación, la propuesta ha quedado rechazada por 16 votos, frente a 13 a favor.
Tampoco ha salido adelante la tercera iniciativa promovida por el PSOE por el que se plantea que el Ayuntamiento de Alicante se sume a la conmemoración "cada 31 de octubre el día del recuerdo y homenaje a todas las víctimas alicantinas del golpe militar, la guerra y la Dictadura". El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha considerado que esa conmemoración, prevista en la Ley de Memoria Democrática, ya en vigor era "sectaria" al no contemplar a todas las víctimas. Los ediles de Compromís y Unides Podem EU han expresado su apoyo a la iniciativa al considerar que se trata de prestar un homenaje necesario.
Por su parte, el edil de Cultura, Antonio Manresa, ha planteado una posible enmienda con la intención de que se introdujese esa conmemoración el 25 de mayo como fecha en la que se produjo el bombardeo del Mercado Central. Con todo, la sugerencia no ha sido admitida por el PSOE, lo que ha llevado a Manresa a anticipar su voto en contra, después de coincidir con Ortolá en que la Ley de Memoria Democrática, a su juicio, era sectaria al no reconocer a todas las víctimas. Así, en el momento de la votación, PP, Cs y Vox han votado en contra, mientras que PSOE, Unides Podem EU y Compromís han votado a favor: 15 votos en contra (ante la ausencia del edil Carlos Mazón) frente a 13 a favor.
Por el contrario, sí se ha aprobado la declaración también registrada por el PSOE por la que se plantea la necesidad de impulsar un plan de actuación que procure la peatonalización y la mejora de la accesibilidad en el barrio del Raval Roig. Tanto el edil socialista Manuel Martínez, como los representantes de Compromís y Unides Podem EU han denunciado el olvido del barrio, como el del resto de zonas residenciales de la ciudad, salvo cuando se aproximan la celebración de las fiestas.
Y, en este caso, la iniciativa ha sumado el apoyo de PP y Cs, además de los votos a favor de Unides Podem EU y Compromís y la abstención de los dos representantes de Vox. En el debate de la iniciativa, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha señalado que las actuaciones sugeridas por el PSOE requieren de una modificación del Plan Especial del barrio en la que se estaría trabajando. Y el edil de Infraestructuras, José Ramón González, ha enumerado las actuaciones que ya se habían llevado a cabo en el Raval Roig, como la renovación de luminarias.
Asimismo, también se ha aprobado la última declaración institucional promovida por el PSOE para que se consensue con los vecinos de Gran Vía Sur el uso que se pueda imprimir al parcela de titularidad municipal situada entre las calles Nadadora Carmen Soto, Francisco Muñoz Llorens y Banda Los Claveles, que el equipo de gobierno ha planteado utilizar para habilitar un aparcamiento provisional. La propuesta ha prosperado por unanimidad, con el voto favorable de los 28 ediles presentes en el pleno, después de que el edil de Participación Pública, Manuel Jiménez, haya reiterado que ya se había anunciado una negociación al respecto en el transcurso del pleno.
Por último, el pleno ha rechazado la declaración institucional presentada por Compromís por la que se planteaba tramitar la solicitud ante la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica para que se inicie el expediente de declaración de Monte Orgegia como Paraje Natural Municipal. La propuesta ha sumado 13 votos a favor (los de PSOE, Unides Podem EU y Compromís) frente a los 15 en contra de PP, Cs y Vox. El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha señalado que el monte está protegido a través del catálogo de protecciones. Además, ha señalado se están llevando a cabo labores de reforestación. Con todo, ha señalado que el principio, antes de promover la declaración como paraje natural, debería ser realizar un estudio de necesidades.
Con ese debate, se ha cerrado la sesión en la que también se ha tratado otros asuntos, como el rechazo a la creación de dos comisiones municipales para la elaboración de un plan de medidas sociales urgentes y para coordinar la ejecución de obras de urbanización.
