Vista de la Iglesia de Tabarca, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Ahora sí. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), saca del congelador la redacción del Plan Especial de Tabarca para definir el futuro urbanístico de la isla al aprobar el acuerdo de adjudicación que resultaba necesario para que pudiese producirse la firma del contrato.
La convocatoria del concurso se produjo en julio de 2022 y, tras varios trámites relacionados con la evaluación de las propuestas y de las condiciones requeridas a los gabinetes que presentaron oferta, se acabó cerrando una propuesta de adjudicación el 21 de diciembre de ese mismo año. La Mesa de Contratación ratificó la selección de Gabinet d'Anàlisi Ambiental y Territorial (GAAT) el 11 de enero, por un importe de 58.820 euros. Sin embargo, la concesión del contrato no se llegó a aprobar hasta el pasado martes, 9 de mayo, en Junta de Gobierno.
Fuentes del equipo de gobierno consultadas precisaron que ese retraso derivaría de la carencia de personal en el departamento de Contratación y de la ausencia de disponibilidad presupuestaria para que pudiese formalizarse la firma del contrato, toda vez que no se había llegado a reactivar la partida destinada a sufragar asistencias técnicas de la Concejalía de Urbanismo hasta ahora.
Sea como fuere, el acuerdo de adjudicación permite que comiencen a correr los plazos. Desde el momento en el que se formalice la firma del contrato, el equipo redactor dispondrá de un plazo de nueve meses para elaborar y entregar el trabajo: un documento de planificación en el que se deben regular los usos permitidos y las condiciones de protección de los distintos elementos históricos y paisajísticos de la única isla habitada de la Comunitat. De hecho, fuentes municipales subrayaron al dar a conocer la licitación de la redacción del Plan Especial que se pretendía actualizar la planificación aprobada en 1984 con el propósito de adaptarla y preservar el conjunto histórico artístico de la isla.
Además, entonces también se concretó que se tendrían en cuenta "los trabajos necesarios para la redacción del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico que permitan identificar, describir y evaluar los probables efectos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan Especial". De igual modo, el mismo concejal de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), señaló que la revisión del Plan Especial comenzó a redactarse en el año 2000, pero apuntó que había quedado desfasado al tener que adaptarse a la nueva normativa aprobada desde entonces, como la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Comunidad Valenciana (Lotup).
En todo caso, no ha sido hasta ahora, en la recta final del mandato, cuando se ha conseguido cerrar el proceso de contratación de un documento que en el seno del equipo de gobierno se considera un hito desde el punto de vista urbanístico, lo que conlleva que el trabajo no esté terminado hasta principios de 2024, ya con otras corporación y otro equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento.
Se trata de una situación que se reproduce en lo que respecta a la propia redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del que ahora se estaría ultimando la elaboración de los informes sectoriales previos para configurar su ordenación estructural, después de cuatro años en los que se ha tenido que liquidar el contrato precedente, adjudicado a Laboratorio de Proyectos (un trabajo del que se acabó desistiendo en 2015, tras el estallido del caso Brugal), y en el que se ha tenido que reconfigurar la Oficina del Plan General con la contratación de la arquitecta Leticia Martín como nueva directora.
No obstante, el de la redacción de la ordenación urbanística no es el único retraso que afecta a la isla respecto a los compromisos asumidos en estos últimos cuatro años. La ausencia de avances se reproduce por lo que respecta a la ampliación del cementerio de la isla, ahora bloqueado a la espera de que pueda existir disponibilidad presupuestaria, al no haberse llegado a aprobar la propuesta de presupuesto para 2023 en el que se preveía la financiación de las obras, así como en lo que atañe a la implantación del servicio de transporte regular anunciado por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes.
El departamento autonómico que coordina Rebeca Torró se ha visto abocado a declarar desierto el concurso convocado para implantar esa conexión diaria desde la costa de Santa Pola, ya que la licitación se cerró sin que se presentase ninguna oferta, a pesar de que varias empresas sí habían formulado consultas y habían manifestado su interés en la convocatoria. En cualquier caso, fuentes consultadas señalaron que se mantiene el compromiso de poner en funcionamiento ese servicio y que se siguen estudiando fórmulas para que esté disponible durante todo el año. La convocatoria infructuosa partía con un valor estimado de concesión de 2.158.975 y cinco años de prestación.
