La portavoz del PP y edil de Urbanismo, Mari Carmen de España.ALICANTE. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha emitido este miércoles un dictamen favorable a la propuesta de delimitación de las fincas El Pino y Ruaya y el establecimiento de las condiciones urbanísticas en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 20 de mayo de 1992, que deberá ser ratificada en el pleno de este jueves. La propuesta ha contado con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, la abstención de Compromís y el voto en contra de Guanyar.
Con el dictamen favorable a la propuesta que el PP aprobó este martes en Junta de Gobierno, se prevé incorporar la planimetría de dichas fincas al Plan General Municipal de Ordenación Urbana (PGMOU), en los términos que establece la sentencia del TSJCV. Al mismo tiempo, se establecen las condiciones urbanísticas de dichas fincas y la Ficha de Planeamiento, de forma que se les reconoce una superficie de 47 hectáreas, con una calificación de suelo urbanizable, un uso predominantemente residencial y una edificación máxima de 50 viviendas por hectárea. La propuesta contempla las mismas condiciones que tiene el PAU 3 para su desarrollo y que es colindante con estas fincas, separado tan solo por la avenida de Dénia.
La edil de Urbanismo, Mari Carmen de España (PP), ha resaltado que "la mayoría de los grupos políticos han respaldado la propuesta de Urbanismo para resolver un asunto que lleva pendiente desde hace 25 años, en los que no se había llegado a ejecutar por distintos motivos la citada sentencia, a pesar de las reiteradas solicitudes de los propietarios de los terrenos". La propuesta deberá ser ratificada por el pleno, en cuya votación, salvo cambio improbable, se repetirán las mismas posiciones de voto.
El grupo municipal de Guanyar, a través de su portavoz y exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, ha expresado su rechazo a la fórmula por la que se ha optado para tratar de dar una solución a ese conflicto. A su juicio, "se quiere colar como ejecución de sentencia lo que tiene que tramitarse como una modificación del Plan General", con el propósito de ahorrarse esa tramitación. Además, ha señalado que "se ha cambiado de raíz el criterio municipal que se ha seguido mientras yo fui concejal de no admitir las pretensiones de las empresas promotoras de definir el uso del suelo de la finca o de establecer una determinada densidad de viviendas".
En su opinión, "eso excede de la mera ejecución de la sentencia, que únicamente obliga a que el suelo sea urbanizable, no a que el suelo sea residencial o a que haya que fijar una determinada densidad de viviendas". En esta línea, ha avanzado que "si se aprueba esta barbaridad iremos al contencioso".
