Fachada del ayuntamiento de Orihuela. Foto: APORIHUELA. Giro de 180 grados en el caso de los usuarios de los planes de empleo EMCUJU y EMPUJU, los programas subvencionados por la Generalitat y Fondo Social Europeo como incentivo para la contración de jóvenes. Hace un año, tras detectarse lo que se calificó de error administrativo, se reclamó a usuarios de estos planes la devolución de hasta 3.000 euros -en algunos casos- por haber cobrado más de lo que les correspondía, en un primer momento, durante ocho meses. Una inspección de trabajo en el consistorio ha desvelado que no se les aplicó el convenio colectivo salarial a los 64 contrados. Es por esto, que ahora es el ayuntamiento quien debe retribuciones a estos trabajadores del programa 2018-2019.
En total, las arcas municipales deben pagar a los 64 empleados de estos planes de empleo, 158.907 euros. De éstos, 109.286 euros son en materia de salarios, en el que se incluye el 20% de recargo que se exige por la demora en los pagos. Y 49.621 euros corresponden a la Seguridad Social, recargo del 20% también incluido. CC. OO. señalan que en algunos casos ingresaron por debajo del salario mínimo interprofesional de ese momento.
En estos importes también se incluye la devolución a aquellos empleados que llevaron a cabo los requerimientos del consistorio. Dos empleados del plan EMPUJU ingresaron al consistorio 3.478 euros y ocho del EMCUJU, 15.027 euros. Ahora, el ayuntamiento tiene que devolverles ese dinero que les reclamó más las retribuciones que se les debe.
El programa EMCUJU estaba destinado a la contratación de jóvenes con cualificación específica. Todos ellos fueron contratados en la modalidad de prácticas. Esto supondría un 60% de las retribuciones asignadas para el personal del mismo puesto. Pero no fue así. A uno de estos trabajadores se le requirió ingresar 2.900 euros en la cuenta del ayuntamiento por el "error administrativo" del que parte todo, por el periodo de agosto de 2018 a abril de 2019. Sin embargo, dado que su sueldo no estaba ajustado al convenio, además de no tener que devolver esa cuantía, el ayuntamiento le debe 2.200 euros.
El concejal de Recursos Humanos en ese momento, Rafael Almagro (PP), argumenta que "nos ceñimos a las tablas salariales que venía con la subvención". En los documentos de las subvención, se incluía un anexo donde establecían unos grupos de cotización y unos importes estándar, el coste que subvencionan, pero no significa por ello que haya que aplicarlo de forma exacta. Cada ayuntamiento aplicaría las retribuciones que tengan aprobadas. En el caso de Orihuela el convenio recoge retribuciones superiores a las recomendadas en la subvención.
"Han tratado a estos jóvenes como trabajadores de segunda" afirman desde CC. OO. La inspección de trabajo recuerda que no se puede discriminar a un trabajador en el mismo puesto con restribuciones distintas. Por ello exige al consistorio el pago de las retribuciones que adeudan a los usuarios de estos programas de empleo en base al convenio y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. El plazo expira el 1 de julio.
"Hemos hecho todo para hacer la regularización. He firmado la resolución y remitido a Tesorería, para trasladarlo al banco el pago y hacer el ingreso de los seguros sociales, que es lo primero que teníamos que hacer, y ya he firmado para hacer el pago de las diferencias retributivas" señala la actual concejala de Recursos Humanos, Luisa Boné.
"Lo que hemos hecho es resolver algo heredado del mandato anterior -en referencia a las concejalías de Fomento de Empleo y Recursos Humanos en manos del PP- y hemos aplicado el convenio del ayuntamiento" explica la actual edil de Recursos Humanos, Luisa Boné, Ciudadanos. "También puedo entender que la concejalía de Fomento de Empleo lo hizo con las mejores intenciones, porque si te mandan unas bases con una tabla salarial..." añade.
