Las maquinas del servicio de limpieza viaria, en plena operativa en la Plaza del Ayuntamiento.ALICANTE. La actividad se multiplica en el departamento de Contratación del Ayuntamiento de Alicante para tratar de regularizar todos los servicios públicos que, en estos momentos, se prestan sin todas las coberturas legales que proporciona un contrato en vigor. Y todo, con las dificultades añadidas tras las últimas reformas legislativas en materia de contratación pública.
La lista de contratas en espera se amplía desde este sábado la que concierne al servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales, asumido por UTE Limpal (Clece y Fissa) en febrero de 2018 por dos años de duración. Como avanzó Alicante Plaza, y se confirmó este viernes en la comisión de fiscalización sobre el cumplimiento de ese contrato, el ayuntamiento ha concertado con la UTE su continuidad en el servicio de modo provisional, en principio, hasta que se pueda convocar un nuevo concurso, con las mismas condiciones económicas y de programación que hasta ahora.
El acuerdo trata de garantizar, así, el mantenimiento de condiciones higiénico-sanitarias adecuadas en los 62 centros educativos de la ciudad, además de los mercados municipales y las instalaciones deportivas, sin necesidad de que el ayuntamiento se vea forzado a impulsar un contrato de emergencia como el que ya se acordó en 2017, tras la renuncia de Ortiz e Hijos a seguir desempeñando la labor (cuando también había vencido la duración de su contrato). De este modo, el servicio se seguirá prestando y se abonará mediante la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (el proceso establecido para los pagos no reflejados en el presupuesto).
Eso sí, ese acuerdo ya ha suscitado las críticas de los grupos de la oposición, en la medida en que "el equipo de Gobierno es conocedor de que UTE Limpal no había solicitado ejercer su derecho a prórroga desde hace seis meses y no ha procurado convocar el nuevo concurso antes de que se extinguiese la vigencia de su contrato", según denunciaron tanto el portavoz municipal del PSPV-PSOE, Paco Sanguino, como la edil de su grupo, Llanos Cano. Ambos recalcaron que "resulta inaudito" que se tenga que acudir a ampliar los pagos a una empresa "que está en el foco de la sospecha" por los presuntos incumplimientos que se fiscalizan en la comisión municipal específica ahora en curso.
En esta línea, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, también expresó sus dudas sobre los términos económicos de ese acuerdo de continuidad provisional, en la medida en que, "según la documentación que obra en el expediente de fiscalización del contrato, la UTE comunicó hace seis meses que no iba a solicitar la prórroga del contrato y que cualquier servicio que se pudiese prestar a posteriori se debería de renegociar con un coste mayor", apuntó.
Sea como fuere, fuentes del bipartito compuesto por PP y Cs apuntaron que los trabajos de redacción del nuevo pliego para poder licitar ese servicio están avanzados y aseguraron que el nuevo concurso se convocará en breve, con una duración de cuatro años, sin contar posibles prórrogas.
Sea como fuere, la controversia sobre la prestación de ese servicio también se ha extendido a las dos contratas de mayor importe económico de las que dependen del Ayuntamiento: la del transporte público en autobús y la de limpieza viaria y recogida de la basura. El pasado julio, el bipartito se vio forzado a conceder una prórroga extraordinaria de dos años de duración a su concesionaria histórica, Masatusa (Grupo Vectalia), tras cumplirse los 50 años de concesión de los que disponía hasta entonces. Ahora, PP y Cs deben afrontar una nueva licitación y se afanan en perfilar una propuesta de acuerdo sobre el modelo de gestión por el que se pretende apostar (directa o indirecta) a la vista del informe de asesoría externa que recomienda su gestión privada, y del análisis que corresponde formular a los técnicos municipales.
El bipartito acaba de despejar la adjudicación del servicio de zonas verdes y el de la provisión de señales
La contrata de limpieza viaria y recogida de residuos seguirá en manos de UTE Alicante (FCC, Ferrovial, Inusa y Cívica) hasta mediados del próximo año. No obstante, el equipo de Gobierno trata de iniciar ahora los estudios previos que resultan necesarios para poder impulsar su futura licitación sin llegar a acordar una hipotética prórroga: la redacción del Plan Local de Residuos y el Proyecto de Gestión del Plan Zonal del Área que conforma la ciudad de Alicante por sí sola. Como viene informando este diario, la intención del bipartito es convocar dos concursos por separado en busca de una mayor especialización y concurrrencia empresarial: uno sobre la limpieza viaria y otro sobre la recogida y tratamiento de residuos.
Por lo pronto, PP y Cs acaban de despejar el camino de dos contratas que también permanecían sin contrato vigente: la del mantenimiento de zonas verdes, ahora preadjudicada a STV Gestión, y la que atañe a la señalización horizontal y vertical de la ciudad, ya adjudicada (y en vigor) a cargo de Aceinsa Levante. Pero todavía debe convocar los concursos para regularizar otros servicios -varios de ellos, no precisamente menores- después de que el vencimiento de sus respectivos contratos haya coincidido a lo largo del último año.
Entre ellos, figura el servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento, operado por Telefónica hasta junio de 2018, cuando venció la única prórroga prevista en el contrato, adjudicado en 2014. Ahora, el servicio sigue prestándose por parte de la misma compañía, mediante el pago de reconocimientos extrajudiciales de crédito de más de 50.000 euros mensuales.
En esa misma situación se encuentra el servicio de actividades funerarias, limpieza y mantenimiento integral del cementerio municipal, en manos de Ferrovial Servicios hasta julio de este año. Desde entonces, la empresa sigue asumiendo su prestación con pagos de 31.000 euros mensuales.
Y el mismo escenario se reproduce para el servicio de conservación y mantenimiento integral y servicio de 48 horas del alumbrado público e instalaciones eléctricas, que recaía hasta mayo de este año en la UTE compuesta por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y Becsa, al vencer el contrato que tenía adjudicado desde 2015.
