La concentración de protesta organizada por entidades sociales y grupos políticos del eje progresista para exigir la retirada de la ordenanza.ALICANTE. El proceso de tramitación de la conocida como ordenanza de convivencia cívica que promueve el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por PP y Cs, continúa anclado en la controversia. Ahora, al margen del rechazo político y social que la propuesta ha suscitado, se añade un cruce de informes técnicos con perspectivas enfrentadas emitidos por los jefes de departamento de dos concejalías que participan en su elaboración: las de Igualdad y Seguridad. Se da la circunstancia, además, de que las competencias sobre la primera recaen en el grupo de Cs, a través de la edil María Conejero, mientras que la segunda es una de las responsabilidades que ejerce el PP, por representación del edil José Ramón González.
El primero de esos informes es el evacuado por la Concejalía de Igualdad, el pasado 11 de noviembre. A grandes rasgos, en él se concluye que en la elaboración de la ordenanza -aprobada a mediados de octubre en Junta de Gobierno y pendiente de la incorporación de las enmiendas de la oposición- se debió haber emitido un informe previo de impacto de género para evitar situaciones de desigualdad que afectan especialmente a las mujeres, como la que atañe a las que se ven forzadas a ejercer la mendicidad o la prostitución. Además, el dictamen apunta la necesidad de contar con la opinión de los actores sociales para incorporar sus aportaciones.
En concreto, entre sus conclusiones se apunta que "el proyecto de ordenanza para la convivencia cívica nace sobre la tensión de sanciones vs soluciones, medidas punitivas vs incluyentes, una tensión rechazada por colectivos ciudadanos de todo tipo que, además, puede deslegitimar el trabajo que desde otros servicios y departamentos municipales llevamos a cabo para la protección de los derechos de las mujeres, su integridad, seguridad y dignidad, así como de colectivos en exclusión social, en situación de franca vulnerabilidad y en riesgo de ser expulsados definitivamente de toda red de protección social".
Ese primer informe, suscitó la emisión de un segundo dictamen, fechado el 19 de noviembre, en el que el jefe del departamento de Seguridad en el que se replica que la ordenanza se formula como "herramienta jurídica a utilizar por los agentes de la Policía Local" para responder "a las demandas y reclamaciones ciudadanas respecto a diversas y variadas actuaciones en vía pública que alteran la convivencia cívica". Así, concreta que "no se pretende dar una respuesta global a la problemática de la mendicidad o la prostitución" y que tampoco "se criminaliza tales conductas".
Igualmente, el el informe concreta que "no se considera exigible recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones" que se dediquen a representar a las personas que se viesen afectados por la norma en cuanto que la norma no "afronta una regulación de desarrollo directo y esencial de los derechos o intereses legítimos". Y por último, añade que "el proyecto de ordenanza vela por la protección de los colectivos más desfavorecidos, como son los menores, las personas ancianas y las mujeres". Así, rechaza en gran medida las conclusiones del informe de Igualdad y solo acepta las rectificaciones por lo que respecta a la incorporación del lenguaje inclusivo en la redacción de la propuesta.
La tramitación de la ordenanza sigue paralizada, a la espera de que puedan acordarse modificaciones, entre las que también figurarían las que pretende promover Cs
¿Qué implica esa confrontación de informes emitidos por dos concejalías controladas por cada uno de los partidos que conforman el equipo de Gobierno? A priori, fuentes del bipartito consultadas por Alicante Plaza indicaron que se trata de dos perspectivas técnicas distintas emitidas por funcionarios que deben considerarse en cuanto se complete la tramitación de la norma. Por el momento, su debate sigue aplazado sine die a la espera de que se pueda promover una revisión con aportaciones del conjunto de los grupos políticos municipales, en función del anuncio formulado por el alcalde, el popular Luis Barcala, durante la presentación del borrador del presupuesto de 2021. Según las mismas fuentes, entre esas modificaciones a introducir en el texto figurarían las que pretende aplicar el grupo municipal de Cs, por ejemplo, sin que se haya planteado de manera oficial la posibilidad de acordar a corto plazo una mesa de negociación al respecto con los grupos políticos del eje progresista.
Por lo pronto, PSOE, Unides Podem y Compromís siguen reclamando la retirada del texto para que pueda consensuarse una nueva propuesta. PSOE y Unides Podem han planteado la exigencia de la renuncia a su tramitación como condición ineludible para que sus respectivos concejales (11 en total) puedan votar a favor del presupuesto municipal de 2021. Compromís, por su parte, también ha solicitado su retirada para que se pueda afrontar su revisión de manera consensuada, sin llegar a plantear esa renuncia como una línea roja. De hecho, la coalición valencianista -y también el PSOE- han planteado sendas propuestas para su debate en el pleno de diciembre, el próximo jueves, en esa dirección.
Unides Podem, por su parte, ha añadido este viernes que ha iniciado conversaciones con el PSOE para incorporar una enmienda a su moción, con el objetivo de que la comisión que se trata de promover para redactar una nueva ordenanza de convivencia, incorpore las conclusiones defendidas por el informe de Igualdad. Su portavoz, Xavier López, ha insistido en que "debemos huir de la persecución y la criminalización impulsada por la derecha en sus guiños constantes a Vox" y que se debe "encaminar la ordenanza hacia garantizar la protección de las personas vulnerables y la igualdad de derechos para todas las personas, combatiendo la explotación y la trata", ha asegurado.
