La contrata de limpieza de colegios: Alicante suspende su pago desde noviembre por anomalías 

ALICANTE. La cuarta sesión de la comisión para fiscalizar el cumplimiento de la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales de Alicante, a cargo de UTE Limpal (la alianza empresarial formada por Clece y Fissa), ha vuelto a evidenciar la existencia de presuntas deficiencias en la prestación del servicio: uno de los que supone un mayor coste económico para el Ayuntamiento, junto a la limpieza viaria y el servicio de transporte público en autobús. 

Cuando menos, esas presuntas deficiencias se han puesto de manifiesto a partir de las explicaciones ofrecidas por el actual responsable del contrato en funciones, Alejandro Ybarra, quien ha confirmado que, cuando él asumió la tarea de supervisar el servicio, el pasado diciembre, no se habían firmado las certificaciones de pago de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y que él solo accedió a firmar las correspondientes a esos dos primeros meses. 

Según Ybarra, su predecesora en esa tarea (la funcionaria titular del cargo desde abril de 2019, Teresa Moreno) no había dado el visto bueno al pago de esas mensualidades, por motivos que no ha podido precisar. Así, ha añadido que él sí validó los pagos correspondientes a septiembre y octubre para evitar que los trabajadores de la UTE pudiesen verse afectados por el posible impago de sus nóminas, pero, no obstante, ha señalado que se negó a firmar las certificaciones de noviembre y diciembre tras haber acumulado abundante documentación sobre los presuntos incumplimientos de la UTE. Igualmente, ha sostenido que tampoco se ha certificado el pago de la certificación correspondiente al mes de enero.

En esta línea, según fuentes de la comisión, Ybarra ha apuntado que, entre esa documentación que podría atestiguar las presuntas deficiencias en el servicio, figuraban las actas de comprobación que le facilitó la inspectora encargada de evaluar el estado de los 62 centros educativos, Amparo Candela (quien también ha comparecido con posterioridad este mismo viernes ante la comisión).

Así, según las mismas fuentes, Ybarra ha concretado que él certificó el pago del servicio prestado en septiembre y octubre el pasado 23 de diciembre por importe de 718.688,36 euros cada mes. Además, ha añadido que, a raíz de las supuestas irregularidades detectadas por la inspectora de colegios (Candela) y de la documentación aportada por la propia UTE, tendrá que evaluar la existencia de esos posibles incumplimientos para decidir si debe firmar esas certificaciones pendientes. En esta línea, ha apuntado que había solicitado documentación adicional a la UTE para poder concluir esa evaluación.

Además, según fuentes de la comisión, Ybarra también ha detallado que, al margen de su último requerimiento, la UTE ha aportado nueva documentación con fecha 7 de febrero de 2020 en la que se podría comprobar que en los listados figuran trabajadores repetidos con distinto horario simultáneo en distintos centros y que "se cargan en torno a las 2.700 horas mensuales por personal directivo de la empresa (encargados de zona, encargados generales, administrativa, etc.)", según han precisado fuentes del PSPV-PSOE a través de un comunicado.

A la vista de dicha documentación, la edil socialista Llanos Cano ha exhibido otro documento sobre "movimientos de trabajadores adscritos a la limpieza de centros escolares realizados por UTE Limpal desde el inicio del contrato hasta el 5 de febrero". Según fuentes del PSPV-PSOE, "en ese listado figuran unos 300 trabajadores de los mas de 400 con los que debía contar la UTE". Ademas, según las mismas fuentes, Cano ha subrayado que existen trabajadores con mas de 13 y 14 contratos consecutivos y que de más de 100 consta que se les dio de baja en 2018.

Ybarra ha respondido al respecto que esas supuestas anomalías son, precisamente, las que debe contrastar ahora. En esta línea, según fuentes del PSPV-PSOE, ha lamentado los escasos recursos de los que dispone para desarrollar su labor. Por último, Ybarra tampoco ha podido justificar por qué había sido designado como responsable del contrato, cuando se trata del "único arquitecto de carrera que figura en el ayuntamiento", como han planteado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, y la edil de Unides Podem, Vanessa Romero, al preguntarle sobre el desempeño de su tarea.

Por su parte, según fuentes de la comisión, la inspectora Amparo Candela (apartada de sus funciones en diciembre) ha declarado durante su comparecencia que, a su juicio, la UTE no ha cumplido con lo estipulado en el pliego de condiciones tanto en horas de prestación como en calidad de servicio. Además, según la versión ofrecida por la inspectora, la concesionaria también ha torpedeado cualquier intento de fiscalización por parte del Ayuntamiento. 

En esta línea, la inspectora ha afirmado que había requerido a la UTE en innumerables ocasiones la documentación pertinente y que le había sido negada sistemáticamente. Con todo, según las mismas fuentes, la inspectora ha asegurado que había comprobado in situ que los trabajadores no hacían las horas que se le comunicaban e, incluso, que había podido confirmar que tampoco se había cumplido la programación horaria aportada por la empresa al ayuntamiento. Sus explicaciones, además, se han apoyado en todas las comprobaciones por escrito que había ido acumulando durante el desarrollo de su labor, según las mismas fuentes.

Durante su comparecencia, la edil socialista Llanos Cano también le ha mostrado un acta de inspección de 4 de octubre de 2018 en la que se reflejaba que en un colegio no se había retirado las manchas de excrementos en el área de Infantil, "heces que estuvieron pegadas a la pared durante meses", según fuentes del PSPV-PSOE.

Por último, según fuentes de la comisión, el inspector suplente de Candela, Serafín Lillo, ha declarado que, a su juicio, no existió ninguna anomalía en la prestación del servicio en los momentos en los que él sustituyó a Candela para supervisar la prestación del servicio en los colegios. 

El equipo de Gobierno, compuesto por PP y Cs, ha apuntado, en un comunicado posterior, que los testimonios ofrecidos por los dos inspectores han puesto de manifiesto la existencia de "una disparidad de criterios con respecto al cumplimiento del pliego del contrato".

Con todo, las declaraciones de Ybarra y Candela, además de las explicaciones facilitadas por el primer responsable del contrato, Jesús Rubio, y por el jefe del servicio de Infraestructuras, Javier Maestre, durante las sesiones precedentes de la comisión, han llevado a la edil socialista Llanos Cano a solicitar la emisión de un informe jurídico para acotar la responsabilidad de las personas vinculadas al contrato, y su capacidad de obrar, con el propósito de poder formular conclusiones definitivas al término de los trabajos de la comisión.

El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, además, ha vuelto a preguntar sobre las condiciones en las que se está prestando el servicio en la actualidad, ya sin la cobertura legal de un contrato en vigor, después de que UTE Limpal advirtiese en diciembre de que se vería obligada a aplicar un incremento de precios del 8% en el caso de que continuase asumiendo su prestación a partir del 8 de febrero, como así ha sucedido. Con todo, según Bellido, no se ha aportado más aclaraciones al respecto.

Por lo pronto, al término de las comparecencias de este viernes, los representantes de la comisión han acordado solicitar, de nuevo, la comparecencia de Teresa Moreno, además de la del gerente de la UTE. A sus dos posibles declaraciones, se sumará la segunda comparecencia de Jesús Rubio, quien habría manifestado su intención de volver a ofrecer explicaciones "al considerar que, tras su primera comparecencia, se había aportado información errónea a los miembros de la comisión", según ha concretado la edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero.

De igual modo, los representantes de PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís han vuelto a plantear la petición de comparecencia del exconcejal de Infraestructuras Israel Cortés (PP), al margen de la posibilidad de que también pudiese comparecer el actual responsable del área, el también popular José Ramón González. Por su parte, los representantes de PP, Cs y Vox también han vuelto a proponer la solicitud de comparecencia de la exedil socialista Gloria Vara. Con todo, no ha habido acuerdo definitivo al respecto.

Sea como fuere, tras el desarrollo de la comisión, ha llegado el turno de las valoraciones políticas, como la ofrecida por el portavoz municipal del PSPV-PSOE, Paco Sanguino. El líder de los socialistas ha señalado que "el equipo de Gobierno no quiere ver que estamos pagando más de 17 millones de euros por un servicio que no se está prestando correctamente". A su juicio, "estamos ante un escándalo, porque queda demostrado por la documentación y declaraciones de los citados a la comisión, que no se ha cumplido de forma correcta con el contrato y pedimos responsabilidades".