El alcalde, el 'popular' Luis Barcala, en un pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Más presión sobre la mesa del equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante en relación a la adenda del convenio de Avant sobre el pago de la deuda de las obras del AVE y el futuro de los terrenos de Renfe liberados de las vías. Esta vez, esa presión no llega solo desde los bancos de la izquierda. De hecho, la votación sobre el polémico documento ha roto los bloques ideológicos tradicionales: PSPV-PSOE, Ciudadanos (Cs) y Compromís han unido sus fuerzas (14 votos a favor) frente a las del PP (8 votos en contra) y la abstención de Guanyar (5) para instar al Ayuntamiento de Alicante a firmar esa propuesta, aprobada por el consejo de ministros el pasado viernes. Eso sí, como ya ha contado este diario, el acuerdo solo representa la expresión de una voluntad política, sin ningún alcance imperativo real, ya que la capacidad de firma de ese tipo de convenios es una competencia reservada al equipo de Gobierno.
Por partes. Los portavoces de los tres grupos políticos que han suscrito la declaración institucional, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís, la han defendido bajo argumentos similares. Así, la portavoz del grupo socialista, Eva Montesinos, ha señalado que el rechazo del equipo de Gobierno sobre ese convenio es fruto de un "arrebato electoral y partidista" y ha advertido de la irresponsabilidad que supondría que el acuerdo no se firmase, tras apuntar que "el pago de la deuda se trata de un primer paso" y que se debe seguir reclamando el resto de inversiones pendientes. En relación a la posición del PP ha señalado que "ya hemos pagado 20 millones en este mandato en relación a sentencias derivadas de sus gobiernos, así que habrán pensado que no importa pagar otros 15 millones más", ha dicho.
La líder de Cs, Yaneth Giraldo, ha señalado que el parque central de Alicante es "un tema de ciudad, por lo que ha reprochado al alcalde, Luis Barcala, que se hubiese "extralimitado al tomar una decisión al respecto sin convocar al resto de grupos políticos". "Este tema se ha utilizado de forma partidista y electoralista tratando de confundir a la gente", ha señalado. En esta línea, también ha recalcado que se debe reclamar el resto de inversiones, pero ha insistido en que "se tienen que dar los primeros pasos" por lo que ha instado al PP a recapacitar y no rechazar la firma de la adenda al convenio.
En parecidos términos se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, quien ha insistido en que "no ganamos nada y perdemos todos" en el caso de que no se firme esa adenda "por la cabezonería del señor Barcala". "Aprendan de la responsabilidad prestada por Compromís en el debate de los presupuestos municipales", ha recordado, al referirse a su abstención en ese debate. Además, ha incidido en que el PP no tiene legitimidad para "hacerse los ofendidos" sobre el supuesto descarte de inversiones "que ya estaban recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ese que no se aprobó porque, entre otros partidos, ustedes lo rechazaron".
El edil no adscrito, Fernando Sepulcre, ha adelantado su voto a favor tras denunciar la dejadez de todos los partidos políticos tradicionales respecto a Alicante, tanto en Valencia como en Madrid y también en Alicante. La segunda edil no adscrita, Nerea Belmonte, ha abundado en las críticas al partidismo.
Por su parte, el líder de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, también ha denunciado que el debate sobre el convenio es "electoralista a más no poder". Una crítica en la que ha incluido al propio Gobierno central que dirige Pedro Sánchez. Así, ha apuntado que en el convenio que se aprobó en el consejo de Avant de julio de 2017 "no se habló nunca de retirar los proyectos que se reflejaban en el convenio original, de 2003". Además, ha recriminado el retraso en el desarrollo de aquel acuerdo, que debía haberse firmado en octubre de ese año. En esta línea, Pavón ha señalado que "Guanyar propuso a PSPV, Ciudadanos y Compromís una propuesta diferente en la que se instaba a que no se eliminasen de la adenda actuaciones como la variante de Torrellano".
Pavón ha subrayado que el convenio de 2003 no es sobre la Operación Integrada número 2, los terrenos liberados de las vías tras las obras de la llegada del AVE, sino un convenio global sobre la reordenación ferroviaria de Alicante, por lo que ha considerado "un despropósito que se eliminen esas obras". "Adif impone su dictadura", ha insistido, "y estoy seguro de que PSOE y Compromís estarían denunciando el convenio si lo hubiese aprobado un consejo de ministros presidido por el PP", ha concluido.
La edil de Urbanismo y portavoz del PP, Mari Carmen de España, ha coincidido plenamente con Pavón y ha denunciado que el convenio es "el convenio de las vergüenza", que "entierra el futuro de Alicante" y que, "además, obliga a esperar diez años para el desarrollo de esas infraestructuras, porque eso no lo dice nadie: el convenio tiene una duración de diez años". Así, ha garantizado que "Alicante no va a decir que no a su desarrollo" y, en réplica a las críticias sobre el partidismo, ha reprochado el electoralismo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, al anunciar, este miércoles, la conexión del tranvía con la estación de Renfe.
De nuevo en relación al convenio de Avant, ha recordado el argumento del agravio comparativo respecto al convenio que se promueve para la ciudad de València y ha recalcado que el PP no va a firmar la adenda sobre el convenio. "Alicante no quiere un parque de bolas, como lo que se plantea, quiere un parque central", ha abundado.
El alcalde, Luis Barcala, también ha tomado la palabra para justificar el rechazo a la adenda del convenio. Así, ha señalado que esa propuesta no respeta lo que se aprobó en el consejo de Avant en julio de 2017. "Esta crisis no lo genera el equipo de Gobierno, esto es consecuencia de una decisión unilateral del consejo de ministros que perjudica los intereses de esta ciudad", ha apuntado. "Primero se negocia y luego se firma, es de sentido común". "Estamos hablando un convenio de 2003, si ahora firmamos un documento que tiene una validez de diez años en el que no se prevén esas inversiones, ya me dirán", ha apuntado.
A su juicio, "la adenda contiene la renuncia a esas inversiones, el soterramiento, la intermodal, la variante de Torrellano...". En esta línea, ha recalcado una y otra vez "no se puede firmar y luego sentarse a negociar". "Adif ya ha tendido la mano, son conscientes del agravio comparativo de València; lo que pedimos es que no se nos quiten esas inversiones, que no se supriman", ha insistido. "Yo no pienso firmar esa adenda en tanto no la renegociemos en el seno de Avant, los pactos y los consensos no se tiran a la basura sin darnos oportunidad de que nos expliquen el porqué y se nos dé la oportunidad de renegociar", ha concluido.
En la sesión, por otra parte, se ha aprobado aunque solo parcialmente otra propuesta de declaración institucional presentada por Guanyar en relación a dos de las cuestiones que ahora están en fase de resolución de alegaciones en el Puerto de Alicante: la modificación número 5 del Plan Especial del Puerto y la propuesta para la instalación de un macroplanta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías.
El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha sostenido, al detallar su iniciativa, que está alineada en el objetivo de integración Puerto-ciudad. Así, ha señalado su sorpresa por el hecho de que el Puerto haya obviado la posibilidad de incluir en la propuesta de modificación número 5 del Plan Especial del Puerto la prohibición expresa de que se instala una planta de combustible en el recinto portuario, como el que se plantea en la terminal que explota TMS, en función del convenio entre administraciones aprobado en 1995, cuando se produjo el traslado de las instalaciones de CLH a la partida de Els Reiets, de El Bacarot. La solicitud de modificación de esa concesión se encuentra en estos momentos en fase de resolución de alegaciones, después de que se registrasen 1.038 escritos de objeciones.
Tanto Compromís como Cs han expresado que podrían compartir parte de los objetivos de la declaración, aunque han lamentado que no se les facilitase la posibilidad de participar en su redacción. Por parte del PSOE, Fernando Marcos, ha expresado su rechazo a la propuesta en la medida en que tanto la modificación del Plan Especial del Puerto como el proyecto de la planta de combustible están ahora en fase de alegaciones y quien ha querido presentarlas ya lo ha hecho.
La edil de Urbanismo, Mari Carmen de España, también se ha referido a la inoportunidad de la propuesta y ha lamentado que el portavoz de Guanyar insista permanentemente en cuestiones que ya se han abordado.
Tras la exposición de las posturas de cada grupo, se ha aceptado someter a votación por separado los ocho puntos de la declaración. Así, todos han quedado rechazados, con diferentes equilibrios de votos, salvo el punto número 6 por el que se insta a la Autoridad Portuaria de Alicante a prohibir, a través de la modificación puntual del Plan Especial ahora en trámite, "la implantación de instalaciones de almacenamiento" de combustible, en función del acuerdo entre administraciones que se firmó en 1995 para el traslado de la planta de CLH.
