ALICANTE. El arquitecto urbanista Luis Cantallops, primer redactor del que iba a convertirse en el nuevo PGOU de Alicante entre los años 2000 y 2007, ha declarado este miércoles, en el juicio sobre el presunto amaño de esa planificación urbanística investigado en el caso Brugal, que no mantuvo reuniones con propietarios de suelo, promotores o agentes urbanizadores para compartir información que no fuese pública sobre el futuro planeamiento de la ciudad.
Esa ha sido su respuesta a la pregunta formulada por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, después de que el arquitecto Jesús Quesada, quien asumió los trabajos de redacción del PGOU a partir de 2008, declarase, este lunes, que él sí mantenía de manera habitual ese tipo de reuniones y que, de hecho, las consideraba necesarias. En ese momento, apuntó que durante su desarrollo, le daban a conocer sus proyectos y él les mostraba su opinión y trasladaba sus planteamientos al Ayuntamiento.
Al contrario que Quesada, Cantallops solo ha recordado haber participado en un encuentro de presentación con asociaciones de promotores y sindicatos para darles a conocer "un diagnóstico de situación" sobre el PGOU en el que se plantearon "cuestiones generales", sin entrar en cuestiones particulares. Igualmente, ha apuntado que también se hizo una presentación sobre el proyecto del Plan Rabasa, en el año 2005, con cuya planificación él no estaba de acuerdo "por el número de viviendas a construir".
Es más, al respecto de ese proyecto -promovido por las empresas del promotor Enrique Ortiz- ha señalado que recibió una carta remitida por el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, en 2004 en la que se le solicitaba que dejase fuera del PGOU los sectores de Rabasa y de Pino y Ruaya. No obstante, según ha apuntado, él entregó su trabajo poco después, en ese mismo año, incorporando esos dos sectores.
Igualmente, a preguntas de Briones, ha señalado que desde que entregó ese trabajo hasta el año 2007, cuando se rescindió su contrato, la redacción del PGOU estuvo paralizada, pese a que, según le ha cuestionado el fiscal, él llegó a pedir por carta que se pudiese reactivar ese trabajo, en el año 2005. Cantallops ha asegurado que no recordaba esa petición y que, mientras esa redacción estuvo paralizada, él se dedicó a trabajar en el proyecto urbanístico del soterramiento, la denominada Operación Integrada número 2, cuya planificación también tenía encomendada, entre otros trabajos.
También en respuesta al fiscal, Cantallops ha asegurado que su relación con el exalcalde Díaz Alperi era "muy compleja" y que, cuando se reunía con los técnicos municipales, lo que le trasladaban era que ellos no compartían las ideas que le trasladaban los políticos. En esta línea, también ha señalado que recordaba que el exalcalde se dedicó a "salpicar" a través de los medios de comunicación sobre "las carencias" de su trabajo.
El arquitecto, que ha declarado por videoconferencia desde Barcelona, ha asegurado que él no recordaba la regla del 1x1 con la que se debía equilibrar la inclusión de suelo urbanizable con una superficie equivalente de suelo para parque natural. Respecto a las situaciones concretas del suelo de los Saladares de Aguamarga, ha apuntado que recordaba que se pretendía urbanizar. Y sobre la clasificación del suelo del estadio Rico Pérez, ha apuntado que en el avance del PGOU figuraba como equipamiento deportivo.
Al margen del testimonio de Cantallops, las acusaciones han tratado de orientar la tercera sesión de declaraciones de los testigos en la supuesta entrega de tres bungalós con los que, según el sumario, Ortiz pudo obsequiar a los hijos del exalcalde, Díaz Alperi. Así, han comparecido varios responsables de las empresas que participaron en la promoción y construcción de esos bungalós, en el residencial Marina Golf, del PAU 5. Las obras corrieron a cargo de Orvi, por encomienda de una sociedad participada por Orvi y Promociones González, del empresario Aurelio Villarejo.