SANTA POLA. La investigación del denominado caso uniformes de Santa Pola, en el que ya hay 11 imputados, entre ellos, el jefe de la Policía Local, José Miguel Zaragoza (hermano del ex alcalde, Miguel Zaragoza), y los representantes de la empresa Uniformes Riera, se amplía. La juez que instruye la causa ha citado a declarar a otro ex regidor del PP, Andrés García Baile, que lo fue entre 2007 y 2011, y al grupo de empresas Gil de los Ríos, otro de los gigantes en el suministro de uniformes a ayuntamientos de la Comunitat Valenciana. En concreto, han sido citado Antoni Folgado Mateu, Antonio Gil Moreno, Mario Gil Moreno como responsables de las mercantiles Antonio Gil de los Ríos SL, Gil de los Ríos Unformes SL e Insignia SL. Todos ellos, junto el ex regidor, también están acusados de presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
De esta manera, la causa se amplía y ya cuenta con 15 imputados. Además de los cuatro ahora mencionados, están el jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza; tres agentes del cuerpo, Roque Alemañ y Pascual Linares -que además son ex presidentes del Club Atletismo de Santa Pola-, Alfonso Aracil; el ex concejal Antonio Pérez Huerta; casi todos los miembros de la familia Riera que ocupan cargos en las empresas que suministraron uniformes a la Ayuntamiento de Santa Pola entre 2011 y 2015, y la comercial de la firma, María Isabel Pérez Amorós. Hay que recordar que todos fueron detenidos a finales del mes de junio y quedaron en libertad con cargos. Han sido citado a declarar en calidad de imputados para el 23 y 2 4 de octubre, en el juzgado número 5 de Elche, que es quien instruye la causa.
Con el nuevo auto, la juez amplía la investigación y la retrotrae hasta 2008 para ver si también hubo irregularidades en la contratación de la uniformidad entre el Ayuntamiento de Santa Pola y el grupo de empresas de Gil de los Ríos, considerado competidor de Almacenes Riera. En los mentideros policiales, se considera que Gil de los Ríos domina a los ayuntamientos de la provincia de València y que Riera es el rey de los de la provincia de Alicante.
Tanto a los responsables de un grupo de empresas como al otro se le imputan los mismos delitos: prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Y es que la juez está intentando averiguar si el modus operandi detectado por los agentes de la Udef entre el ayuntamiento y las empresas del Almacenes Riera, como el supuesto de amaño de contratos menores, se producía en los años anteriores, pero con las empresas de Gil de los Ríos.
Hay que recordar que, según los agentes de la Policía Nacional que han realizado la investigación, la mayoría de los pedidos de uniformes se tramitaba con contratos menores; es decir, con la invitación de tres empresas. En el caso más reciente, se llamaba a tres empresas, cuyos accionistas coincidían: es decir, que la empresa agraciada, Almacenes Riera, que opera en multitud de ayuntamientos, se presentaba con varios nombres, como Manufacturas Redován SL; Unidepol SL y Polmuniform SL. Todas ellas con la familia Riera Marcos de Redován, en el centro de la operación.