El edil de Limpieza, Israel Cortés, junto a los representantes de los grupos de la oposición, en la comisión.ALICANTE. El culebrón sobre la llamada auditoría económica sobre la contrata de limpieza y recogida de la basura de Alicante encara la que debería ser su temporada final con un argumento repetitivo y un epílogo también discutido de manera reiterada: la contratación paralela de un estudio sobre la calidad de la prestación del servicio que servirá de base para volver a licitar la concesión (la actual expira en junio de 2021). Esos han sido, cuando menos, los pasos anunciados por el actual concejal de Limpieza, el popular Israel Cortés, en la reunión de la comisión municipal para el análisis del contrato de Limpieza celebrada este martes, tras varias solicitudes presentadas por los grupos de la oposición.
A través de un comunicado, Cortés ha señalado que "estamos siguiendo las indicaciones del interventor municipal para realizar la auditoría económica de la contrata de limpieza para éste y futuros ejercicios". Para ello se va a sacar a licitación una asistencia técnica externa con el fin de redactar un pliego que defina el alcance de dicha auditoría. Además, ha insistido en que "la falta de una auditoría económica de la contrata de Limpieza es una situación heredada, que el tripartito no hizo cuando tenía que hacerlo, y que ahora hemos desbloqueado para que se empiece a auditar desde este ejercicio y en ejercicios próximos".
Cortés ha apuntado que, al mismo tiempo, "se va a encargar de forma inmediata la elaboración de un estudio de calidad del servicio en el que se analicen los recursos disponibles y los mecanismos de control" con el propósito de tener una especie de guía "que permita mejorar el servicio y establecer las bases para empezar a preparar el pliego de la nueva contrata antes de que la actual expire en el verano de 2021".
Este estudio, según el regidor, también permitirá plantear posibles modificaciones del contrato, para introducir mejoras como los contenedores para la recogida de residuos orgánicos y para la recogida selectiva. En este sentido, Cortés ha apuntado que "estamos trabajando para que de aquí a final de año podamos instalar más de medio millar de nuevas unidades de este tipo de contenedor en las calles de Alicante".
La contratación de esa consultoría externa es un anuncio que se viene reiterando desde hace meses, incluso desde el mandato del PSOE en solitario. Una de las últimas ocasiones en las que se aludió a ese estudio fue el pasado mes de enero, como publicó Alicante Plaza, aunque lo cierto es que también ha salido a colación en el turno de ruegos y preguntas en los plenos municipales celebrados desde entonces.
Sea como fuere, en la comisión de este martes también se ha dado cuenta de los planes para el centro de tratamiento de residuos de Fontcalent. Cortés ha señalado que las inversiones previstas de renovación y mejora de la maquinaria previstas ya se han realizado. Y ha añadido que "está en estudio la posibilidad de incorporar una segunda línea de tratamiento para atender los incrementos de vertido que se producen en verano y en los periodos de mayor afluencia turística". También se analiza la posibilidad de avanzar en el tratamiento de bioresiduos de forma paralela a la implantación de los contenedores de residuos orgánicos, según el mismo comunicado.
En la comisión se han mostrado a los representantes de los grupos políticos las memorias anuales de gestión de residuos. También se ha explicado el procedimiento para el control del absentismo por bajas no cubiertas o no explicadas, y se ha mostrado el informe facilitado por la concesionaria del seguimiento de la red de camiones de recogida de residuos a través de GPS.
No obstante, las explicaciones facilitadas por Cortés sobre las iniciativas que pretende adoptar el equipo de Gobierno no han satisfecho las expectativas de los grupos de la oposición, que se han apresurado a lamentar la falta de gestión del PP.
En primer término, la edil socialista, Rosana Arques, ha instado al PP y a Cortés a explicar "a qué se han dedicado" en el año que ha transcurrido desde su llegada al poder, ya que, a su juicio, la comisión "no ha servido más que para vender humo; no hay gestión y la ciudad cada vez está más sucia". Así, ha considerado que "el señor Barcala es incapaz de gestionar un contrato que es herencia suya, porque no olvidemos que Alicante está como está porque el PP aprobó este contrato y lo dejó blindado para el futuro".
El portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, por su parte, ha lamentado, de nuevo, el retraso de la convocatoria de la comisión, pendiente desde el pasado julio, y ha apuntado que, desde entonces, "no parece que se haya avanzado casi nada respecto a lo ya planteado" en su última sesión. Así, ha precisado que no se ha concretado nada, al margen de que "ya está perfectamente claro que la auditoría económica del servicio tiene que licitarse y realizarse bajo la supervisión de Intervención y de que se van a destinar unos 14.000 euros a una asistencia técnica para evaluar la calidad del servicio". Como Arques, ha abundado en que "la ciudad sigue igual de sucia que hace siete meses y la planta de residuos es básicamente un gigantesco vertedero".
Respecto al punto de la auditoría económica, Pavón ha apuntado que "hemos propuesto que se incluyan también los años 2017 y 2018 pese a que el PP haya decidido deducir a UTE Alicante del precio del contrato el coste de ambas auditorías no realizadas". "También hemos propuesto que se realice una evaluación de la situación de la planta de tratamiento de Fontcalent y de las inversiones necesarias para que el porcentaje de residuos que van a vertedero, que en 2017 fue del 60%, se reduzca de forma sensible para alargar la vida útil de la planta en favor del reciclaje y la recuperación de residuos y de la mejora de la calidad de vida de los vecinos de las partidas rurales situadas en el entorno de la planta".
Según Pavón, Guanyar también ha propuesto "que no se aumente el número de contenedores de materia orgánica de uso voluntario ante las escasas cifras de recogida y que se centren los esfuerzos en implantar el sistema puerta a puerta, aunque sea gradualmente seleccionando algunos barrios y partidas rurales en los que comenzar su implantación, como forma más eficaz de separar los residuos en origen". A su juicio, "con el actual sistema de contenedores, incluso con el quinto contenedor de orgánica, es imposible cumplir las exigencias que impone la Unión Europea en materia de residuos".
"La implantación del puerta a puerta conllevará necesariamente una modificación del pliego que debe aprovecharse también para revisar otros puntos del pliego, como los indicadores de la calidad del servicio. Y respecto a las inversiones en la planta de Fontcalent se han mencionado las dos inversiones con cargo a préstamo que figuran, a propuesta nuestra, en la declaración institucional que ayer se aprobó en el pleno, con un coste global de 1,5 millones para reducir los problemas de malos olores en su entorno: la cubrición de las balsas de lixiviados con una lámina plástica flotante y el cerramiento efectivo de los espacios en los que se deposita y composta la materia orgánica", ha concluido.
El portavoz adjunto de Ciudadanos (Cs), Antonio Manresa, ha apuntado que "la comisión de vigilancia del contrato de la limpieza solo ha conseguido mantener las dudas que teníamos desde el principio sobre si hay una voluntad política real para fiscalizar el grado de cumplimiento del servicio, es decir, sobre su control efectivo". Según ha valorado, "el edil de Limpieza ha acudido a la comisión sin ideas claras y sin aportar la documentación pertinente para que los grupos políticos puedan hacer su trabajo en condiciones; a las comisiones hay que ir con los deberes hechos", ha insistido.
En esta línea, ha añadido que "hemos constatado que UTE-Alicante no hizo en 2017 y 2018 la auditoría externa económica y el PP solo ha ha decidido descontarle a la empresa 100.000 euros, sin estudiar previamente si un tema tan importante es objeto de una sanción". "También albergamos dudas de que a estas alturas del partido se vaya a ejecutar el estudio de la limpieza viaria y recogida de residuos cuando quedan dos meses para finalizar el mandato", ha enfatizado.
En esta línea, el representante de Cs ha considerado que "el pliego está agotado y de ahí que sigamos insistiendo en que es preciso trabajar en un nuevo pliego de condiciones para que de verdad se limpie la ciudad y que realmente esté limpia".
Por último, la edil de Compromís, Sonia Tirado, ha calificado la comisión "como una nueva tomadura de pelo del concejal Israel Cortés; una comisión en la que el concejal ha venido sin una sola de la documentación que le habíamos pedido en el escrito que presentamos el pasado mes de enero todos los grupos municipales".
A su juicio, en la comisión "hemos hablado punto por punto de todas las peticiones y en todas y cada una de ellas no hay nada hecho: ni la auditoria económica, ni el informe o el estudio técnico del servicio prestado por la UTE, ni el estado de las inversiones para el CETRA, ni en el cambio de modelo de recogida de residuos orgánicos. En definitiva una paralización absoluta y una gran irresponsabilidad por parte del gobierno del PP".
