El PP de Alicante 'frena' el convenio por las 2.000 casas de Pino y Ruaya tras el pulso con el Consell

ALICANTE. El desarrollo del sector urbanístico de Pino y Ruaya, la gran bolsa de suelo comprendida entre Vistahermosa y Santa Faz en la que se daría cabida a cerca de 2.300 viviendas, vuelve a primera línea del debate municipal a cuatro días de que se celebren las elecciones del 26 de mayo, y a unas dos semanas de que tome posesión el nuevo Consell. No es un plan cualquiera, por sus dimensiones. Y tampoco es precisamente anecdótico el momento en el que vuelve a exponerse ante la opinión pública, dado el enfrentamiento entablado entre el Ayuntamiento y el Gobierno autonómico el pasado octubre sobre los términos en los que el pleno municipal asumió la ejecución de una sentencia del TSJ, dictada en 1992, en la que se reconoce a ese sector la condición de suelo urbanizable.

El plan vuelve a escena después de que el portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, haya dado a conocer, este miércoles, la existencia de una propuesta de convenio urbanístico entre los propietarios del suelo y el Ayuntamiento por la que se trata de canalizar la modificación del Plan General (PGOU) que resulta necesaria para la urbanización del sector. Se trata, en suma, del paso lógico y correcto requerido para que ese plan pueda desarrollarse, ya que en la actualidad las 47 hectáreas de superficie que engloba no están incorporadas al planeamiento en vigor. O lo que es lo mismo, el sector oficialmente no existe y no tiene cabida si no se aprueba la necesaria modificación para incorporarlo.

Como publicó este diario, los propios impulsores del Plan Parcial, agrupados en la sociedad Lomas del Pino SL, ya anticiparon en enero que la firma del convenio urbanístico debía ser el siguiente acuerdo a adoptar para dar encaje oficial al desarrollo del sector, después de que el Ayuntamiento asumiese el acuerdo de ejecución de sentencia, en octubre. 

De hecho, fueron los mismos promotores quienes elevaron al Ayuntamiento su propuesta de convenio, el pasado noviembre, en base a los términos del acuerdo de pleno. En dicho acuerdo se asignaba a la ficha urbanística del sector de Pino y Ruaya unos parámetros de edificabilidad similar al de los sectores colindantes: un máximo de 50 viviendas por hectáreas. Dicha densidad se concedía a título orientativo, ya que todo quedaba supeditado a la tramitación de la modificación del PGOU posterior a la que se debía dar curso.

En todo caso, la Dirección General de Ordenación del Territorio consideró que el Ayuntamiento se extralimitaba en esa parte del acuerdo, puesto que, en opinión de sus técnicos, no era un aspecto al que se obligase en la sentencia. Además, se alegaba que con la aplicación de esa densidad se estaba invadiendo competencias urbanísticas que corresponden a la Generalitat. Así, conminó al Ayuntamiento a rectificar ese acuerdo de pleno, (aprobado por PP, PSPV-PSOE y Cs, con la abstención de Compromís y de los dos ediles no adscritos, y el rechazo de Guanyar). Sin embargo, el equipo de Gobierno, del PP, mantuvo la vigencia de ese acuerdo al considerar que el conflicto residía en una diferencia de interpretación técnica. Así, animó a la Generalitat a resolver la disputa en la jurisdicción contenciosa.

La Generalitat preveía aceptar el reto e iniciar acciones legales frente al acuerdo municipal para tratar de que fuese una instancia judicial (en este caso el Tribunal Superior de Justicia) quien forzase al Ayuntamiento a revertir la resolución adoptada. Y ese es, a la postre, el paso que según han puntualizado fuentes municipales este mismo miércoles, se acabó materializando el pasado 15 de marzo: el último día de plazo establecido para hacerlo. La Conselleria de Obras Públicas interpuso un contencioso contra el acuerdo municipal del pasado octubre, sin llegar a solicitar la suspensión de su aplicación, pese a que podía haberlo hecho.

Lo cierto es que, para entonces, según ha desvelado el líder de Guanyar, ya existía una propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por el jefe del departamento de Planeamiento, y firmada por la concejal de Urbanismo, Mari Carmen de España, en la que se acepta la tramitación de esa modificación del Plan General, pero a través de una fórmula distinta a la planteada por los promotores. En concreto, en la propuesta municipal se habla de "un convenio de cooperación público-privada para llevar a cabo una actuación de desarrollo urbanístico", dado que la superficie del sector que se pretende reclasificar "supera los umbrales que se establecen en la LOTUP para la iniciativa privada [...] debiéndose realizar a iniciativa municipal".

Por lo demás, dicha propuesta de acuerdo formulada en febrero plantea ajustar los parámetros al índice de edificabilidad bruta que planteaba la revisión del Plan General impulsada por el PP en el mandato precedente, al ser el último documento de revisión que se expuso al público, aunque después decayó, cuando el propio Ayuntamiento desistió de su tramitación, en 2015. Se trataba de la propuesta de planeamiento objeto de investigación en las diligencias del caso Brugal, en el que se indaga si los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo pudieron dar un trato de favor al promotor Enrique Ortiz.

Así, esa propuesta de acuerdo preparada desde febrero, que no ha llegado a aprobarse, planteaba que "la edificabilidad correspondiente deberá ser de 0,39 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de superficie". El resto de condiciones propuestas por los promotores se mantenían, como las alturas previstas (entre 3 y 6, en función de la elevación del terreno de cada zona), o la reserva de suelo dotacional y la creación de una zona verde de parque público. Solo se ponía una salvedad a los plazos de ejecución defendidos por los propietarios del suelo del sector, tras concluir que los dos meses para el inicio del trámite de modificación del PGOU a los que aspiraba Lomas del Pino eran imposibles de cumplir.

Dicha propuesta indica que, en todo caso, el acuerdo debía ser aprobado, primero, por la Junta de Gobierno, y que, después, debía someterse a la votación del pleno de la corporación, en el que el PP solo dispone de 8 concejales de un total de 29.

el pp dejó en suspenso el trámite de la propuesta tras el contencioso presentado por la generalitat contra el acuerdo de octubre

No obstante, la propuesta no se ha llegado a elevar nunca a la consideración de la Junta de Gobierno hasta ahora. Fuentes del PP han apuntado, inicialmente, que la propuesta estaba en fase de tramitación técnica sin que se hubiese completado todos los pasos necesarios antes de someterse a esa primera evaluación de la Junta de Gobierno. Horas después, las mismas fuentes han ampliado esa información para añadir que la tramitación de la propuesta se dejó en suspenso a la vista del contencioso que finalmente sí presentó la Generalitat en marzo. Y que esa decisión de paralizar el procedimiento se adoptó por una cuestión de responsabilidad. En suma, se desistió de promover un acuerdo que podía verse afectado por ese recurso, por lo que se convino no aprobar nada "en tanto no se resuelva el recurso judicial". 

Además, según las mismas fuentes, en paralelo se estarían manteniendo conversaciones con la Generalitat a instancias de todos los grupos políticos con representación municipal para encontrar una solución a la diferencia de interpretaciones sobre el acuerdo de octubre. Según las mismas fuentes, se trata de "una posición razonable" si se tiene en cuenta que el acuerdo municipal consiste en promover "una modificación puntual del Plan General que no aprueba el equipo de Gobierno, sino que deberá pasar por pleno para su aprobación y en última instancia deberá aprobarlo la Generalitat y no el gobierno municipal".   

Sin embargo, el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, mantiene una opinión distinta. A su juicio, el acuerdo no se habría sometido a debate en la Junta de Gobierno ni en el pleno ante el temor de que pudiese pasar factura ante la inminente celebración de las elecciones municipales.

En concreto, a través de un comunicado, Pavón ha señalado que "María del Carmen de España pretendía firmar un convenio de planeamiento con los promotores del sector Pino y Ruaya tras aprobarse previamente en la junta de gobierno local con el visto bueno del alcalde, Luis Barcala". "De España firmó una propuesta de aprobación inicial del convenio el pasado mes de febrero con el visto bueno de su jefe de planeamiento, pero nunca se llevó a la junta de gobierno, seguramente por el temor de Barcala a los efectos electorales que su aprobación podía tener. En ese convenio el PP mantiene los parámetros urbanísticos aprobados en el pleno del 25 de octubre de 2018, que afectan a la calificación del suelo y a la densidad de viviendas de las fincas Pino y Ruaya, al fijar que el uso del suelo sea residencial y una densidad de 50 viviendas por hectárea", añade. 

Y recuerda: "Un pleno en el que sólo Guanyar votó en contra de este nuevo pelotazo urbanístico, que apoyaron PP, PSOE y Ciudadanos (Compromís y los concejales tránsfugas se pusieron de perfil absteniéndose), aprobándose una disparatada propuesta que excedía claramente de la ejecución de la sentencia que afecta a estos terrenos, tal y como la Generalitat luego confirmó, llegando la Dirección General de Ordenación del Territorio a requerir a Barcala para que se modificara el acuerdo aprobado, un requerimiento que Barcala y el PP ignoraron de forma escandalosa primando el interés privado sobre el interés general de la ciudad. Un requerimiento que llevamos al pleno de enero de este año mediante una moción para que el Ayuntamiento lo cumpliera, moción que se rechazó con los votos del PP, Ciudadanos y la tránsfuga Nerea Belmonte y las abstenciones del PSOE y del tránsfuga Fernando Sepulcre".

En esta línea, apunta que "nos parece además muy grave que el convenio, mediante el que el Ayuntamiento se compromete a modificar el vigente Plan General, proponga recuperar la delimitación y el índice de edificabilidad bruta del sector - que incluye las fincas Pino y Ruaya -que definió el Plan General investigado en el caso Brugal por su presunto amaño en favor de los intereses de Enrique Ortiz- que tiene terrenos en propiedad en el sector-, del que el Ayuntamiento desistió al final de la anterior legislatura". 

Según Pavón, "el nuevo sector que define el convenio, calcando el Plan General de Alperi y Castedo, tendría 753.476,20 m2 (las fincas Pino y Ruaya suman 468.300 m2) y una edificabilidad bruta de 0,39 m2 techo/m2 suelo, es decir, una edificabilidad total de 293.855 m2 distribuida en bloques exentos de hasta 6 plantas de altura, pudiéndose construir más de 2.500 viviendas". 

A su jucio, "en definitiva, un nuevo escándalo urbanístico del PP y un convenio especulativo en toda regla con el que Barcala pretendía recuperar la ficha de planeamiento del sector Pino y Ruaya incluida en el Plan General de su antecesora Sonia Castedo, por el que está acusada de varios presuntos delitos junto a Alperi y Ortiz".

Y apostilla: "Esperamos que la propuesta de convenio que hemos hecho pública pase factura electoral a Barcala y de España de modo que no vuelvan al gobierno municipal tras las elecciones del próximo domingo, ya que de volver a gobernar sin duda impulsarían la aprobación del convenio y un nuevo Plan General que mucho nos tememos que se terminaría pareciendo mucho al Plan General de Alperi y Castedo". 

Las fuentes del PP consultadas han descartado por completo la tesis defendida por Pavón al señalar que el acuerdo no se dejó sobre la mesa por una cuestión electoral, sino por el registro del contencioso presentado por la Generalitat. Es más, han señalado que "el único que está utilizando electoralmente el tema es el señor Pavón que por cierto nunca presentó recurso alguno tal y como anunció en el pleno".