Vista aérea de la desaladora de Mutxamel, en una imagen de archivoEL CAMPELLO. El Ayuntamiento de El Campello finalmente no aceptará la modificación del contrato con Acuamed. Sin embargo, la factura del agua en el municipio se subirá igualmente, pues se justifica en la amortización de los costes de inversión y producción de la desaladora de Mutxamel, que suministrará agua desalada a la población campellera. Con esto, se rechaza también subir el tiempo de vigencia del convenio de los 25 años que establece el contrato a los 40 que se pretendían firmar.
La empresa estatal Acuamed envió el jueves 20 de mayo un ultimátum al consistorio avisándole de que si en un plazo de diez días no aceptaban la adenda de modificación al convenio de la desaladora de Mutxamel, en los primeros días de junio Acuamed remitirá la "primera factura conforme al convenio vigente, teniendo en cuenta la fecha de inicio de explotación del 1 de octubre de 2020".
Así se actuará finalmente, pues el alcalde, Juanjo Berenguer (PP), ha expuesto la situación en las comisiones celebradas durante el lunes 24 y ninguna de las formaciones que votó que no ha cambiado de postura. Es por ello que el tema no volverá a llevarse a pleno, pues el resultado sería el mismo, volviéndose a rechazar esta adenda de modificación. De esta manera, El Campello pagará 14 millones en la factura del agua repartidos durante los próximos 25 años.
El contrato entre el Ayuntamiento y Acuamed se firmó en diciembre de 2006, justo después de ser aprobado por el Pleno ese mes, con los votos a favor de PP, PSOE, Grupo Mixto (concejal no adscrito) y tres concejales no adscritos; los votos en contra de BN y la abstención de EU.
Mientras que PP y VOX votaron sí a esta adenda en el pleno de marzo, Compromís se abstuvo y Cs -aliado en el equipo de gobierno- y los grupos de PSOE, EU, RED y Podemos votaron en contra, postura que siguen manteniendo. Es precisamente esta última formación la que propone la creación de un contrato transitorio que deberá negociar el alcalde y ser apoyado por el resto de grupos municipales. "Los datos están desfasados; la desaladora debería haber empezado a funcionar en 2015" (la adenda propone que se fije el nuevo inicio en octubre de 2020), expone la problemática el portavoz de la formación morada, Eric Quiles.
Además, expone que este nuevo contrato transitorio defenderá a los campelleros y campelleras ante este "atropello y chantaje del Ministerio" y se podrá "seguir negociando con el Ministerio quién va a pagar estos plazos de amortización, a medio y largo plazo", pues Podemos aboga por que sea el Ministerio quien los asuma. Por su parte, sigue pidiendo que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudien la posibilidad de denunciar el convenio de 2006 por incumplimiento.
