La terminal de mercancías gestionada en régimen de concesión por TMS. Foto: TMSALICANTE. Tras la unidad política, llega la hora de los argumentos técnicos y jurídicos. El acuerdo unánime aprobado este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Alicante frente a la propuesta para instalar seis primeros depósitos de almacenaje de combustibles en el Puerto conmina a la propia administración local a presentar alegaciones contra la modificación de la concesión presentada por Terminales Marítimas del Sureste (TMS). Es decir, justo el trámite necesario con el que se trataría de dar cabida a la instalación de esos silos, a propuesta de la empresa XC Business 90.
¿En qué aspectos se van a fundamentar esas objeciones? La línea frontal que el Ayuntamiento ya ha anunciado que pretende atacar es el intento de tramitar el proyecto en dos fases. Como avanzó la portavoz del PP y edil de Urbanismo, Mari Carmen de España, se considera como mínimo una anomalía, si no una especie de fraude, que se trate de obtener permiso para instalar seis primeros depósitos con una capacidad concreta (unas 100.000 toneladas de carburantes) para allanar el camino a la construcción de otros 12 más, en un horizonte de unos cuatro años (en los que tendrían cabida otras 600.000).
El gabinete que coordina el popular Luis Barcala coincide en las valoraciones que formuló el portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, el pasado viernes al considerar que esa tramitación dividida en dos tiempos impide que las administraciones que deben analizar la propuesta puedan tener una visión completa de la actividad que se pretende desarrollar sobre la terminal de mercancías del Puerto.
Según las fuentes consultadas, no será una estrategia aislada. De hecho, los colectivos vecinales y organizaciones conservacionistas que también han alzado la voz contra la iniciativa empresarial por la situación de riesgo potencial que supone en la zona residencial de su entorno, también prevén apuntar sobre ese flanco en sus respectivas objeciones. Además, incidirán sobre otro supuesta anomalía: que el proyecto no se haya acompañado desde el inicio de su tramitación administrativa de un estudio de impacto ambiental. Se trataría, según las mismas fuentes, de "una carencia crucial" que la Conselleria de Medio Ambiente debería exigir antes de emitir su informe de evaluación sobre la propuesta.
En tercer lugar, en ese paquete de objeciones que se prevé presentar a través de varias asociaciones vecinales y colectivos ecologistas se pondrá el acento en la dudosa solvencia técnica y económica de la empresa promotora. A juicio de los asesores de ese movimiento social, no parece acreditado que una compañía sin experiencia en el sector de los carburantes, constituida como SL con un capital social de poco más de 3.000 euros, tenga la capacidad y los recursos necesarios para construir y gestionar unas instalaciones en las que se aspira a mover hasta 300.000 toneladas de combustibles al año.
Menos todavía, si entre sus objetivos figura el de introducirse en el mercado del llamado bunkering: el suministro de carburante a buques en el mar. Así, se advertirá de que una práctica tan compleja requiere de todo tipo de garantías para evitar que se produzcan posibles vertidos o fugas.
En esta línea, se considera igualmente que el aval que la empresa habría depositado como garantía de ejecución del proyecto (115.719 euros) resultaría insuficiente para cubrir la inversión que, según la propuesta, se pretende llevar a cabo, por un importe de 5,7 millones.
Por último, las mismas fuentes apuntaron que también se explora la posibilidad de requerir que se estudie la convocatoria de un nuevo proceso público sobre la concesión del uso de la terminal de la que dispone TMS. El argumento que se baraja esgrimir es que la iniciativa que se pretende desarrollar no estuvo contemplada de inicio, de modo que se trataría de una alteración de los usos previstos demasiado trascendente como para no abrir de nuevo el proceso. Además, también se especula con la posibilidad de que debiera abrirse el proyecto a la concurrencia de otras empresas.
Como viene informando Alicante Plaza, el plazo para la presentación de alegaciones se cierra el 12 de noviembre. Su contenido será determinante para que el consejo de administración de la Autoridad Portuaria tome una decisión sobre la modificación de concesión solicitada. Y la base técnica y jurídica que se aporte en esos escritos también puede ser clave para justificar una hipotética denegación de permisos: una especie de cordón sanitario frente a posibles reclamaciones por parte de la empresa promotora.
