Un juez abre diligencias contra el edil de Urbanismo de Alicante por el cierre de una planta de escombros

ALICANTE. La empresa Llegando a la Cima, gestora de la planta de reciclaje de residuos de obra y demolición, del mismo nombre, situada en la Partida de Fontcalent de Alicante, ha revelado que un juzgado de Alicante ha abierto diligencias previas para investigar al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante , Adrián Santos Pérez, y a tres técnicos del área, así como su gestión. 

La firma denuncia la indefensión en la que, a su juicio, se ha visto sumida durante los últimos dos años, en los que, según sostiene, "se han ignorado y vulnerado" por parte del Ayuntamiento de Alicante, concretamente desde la Concejalía de Urbanismo, los derechos más básicos que asisten a cualquier mercantil y ciudadano que solicita un trámite por parte de la Administración más cercana, su ayuntamiento, así como (y sobre todo) "la desobediencia reiterada al auto judicial que reconoció en su día a Llegando a la Cima su legitimidad para el tratamiento de residuos, esto es, su recogida, clasificación y reciclaje de RCDS", auto que fue acatado por la conselleria correspondiente, rehusando dicha administración a recurrir la mencionada decisión judicial. En sentido estricto, en ese auto se reconocía a la empresa la posibilidad de valorizar residuos, sin que se concretase que dispusiese de licencia de actividad para hacerlo en el emplazamiento de sus instalaciones, en Fontcalent.

En todo caso, la empresa incide en que esa sería "una desobediencia que los ahora investigados han llevado hasta sus últimas consecuencias, dictando el cierre de las instalaciones, ante las presiones y movilizaciones de los vecinos de la zona, que han pesado más que el auto emitido por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV" y que, a juicio de la empresa, "han  llevado a dichos cargos públicos a incumplir con su deber de acatar la orden judicial, tal como dicta la Ley".

Por su parte, fuentes municipales han declinado realizar valoraciones al respecto al considerar que no se disponía de ninguna evidencia relacionada con esa decisión judicial. Al tiempo, han defendido que el Ayuntamiento y los técnicos de la Concejalía de Urbanismo han actuado conforme a Ley para responder frente al funcionamiento de la empresa, que, según han incidido, llegó a levantar el precinto policial de cierre acordado tras comprobar que no disponía de todas las autorizaciones necesarias para ejercer su actividad.