SAN VICENTE DEL RASPEIG. En noviembre de 2020 San Vicente del Raspeig fue, junto con Sant Joan d'Alacant, una de las primeras localidades de la Comunitat en firmar con la Generalitat la cesión del derecho de tanteo y retracto en la compra de viviendas para ampliar el parque público municipal. Casi un año después, el Ayuntamiento ha renovado este convenio de colaboración por un año más, con trece votos a favor y diez en contra al llevar el asunto al pleno de octubre, celebrado el miércoles 27, donde el alcalde, Jesús Villar (PSOE), ha recordado que este acuerdo facilita al consistorio la compra de "viviendas con características determinadas, siendo los propietarios, en muchas ocasiones, fondos buitre".
En el turno de intervención de la oposición, el portavoz de Compromís, Ramón Leyda, ha determinado que "un buen plan de ayudas de alquiler tiene que ir de la mano con un aumento de oferta de viviendas de emergencia social. Nuestro municipio cuenta con un reglamento y también tiene que encontrar otras fórmulas para la adquisición de inmuebles de este tipo. Pensamos que este convenio amplía ese parque público de viviendas y da una solución a este Ayuntamiento y al resto que se acoja".
David Navarro, portavoz de Podemos, ha ensalzado que este acuerdo permite "continuar mejorando la capacidad de respuesta de la administración tanto autonómica como municipal ante la necesidad habitacional. La renovación de este convenio es otra oportunidad que el Ayuntamiento de San Vicente no debe desaprovechar y más si queremos seguir cumpliendo con nuestro compromiso de ampliar el parque público de vivienda".
Otra ha sido la opinión de VOX, que ha recordado que "en enero el Ayuntamiento ejerció este derecho de tanteo sobre una vivienda que iba a adquirir una pareja, con los muebles ya comprados y dejándoles sin casa", ha expuesto David García. Y ha insistido en que "este convenio lo vendieron con el argumento de que serviría para evitar que las casas no cayeran en manos de quienes querían hacer negocio, pero lo único que están haciendo es intervenir en las compras que quiere hacer la gente".
Por su parte, Óscar Lillo, portavoz del PP, ha justificado su voto en contra en que "esta ley está recurrida en el Tribunal Constitucional por pensar que va en contra de la propiedad privada y la libertad, por lo que, hasta que la justicia no se pronuncie al respecto, seguiremos votando que no". Y ha sido Jordi Roig, desde Cs, quien ha considerado que "se está vulnerando el espíritu del decreto ley por intervenir en operaciones de compraventa de viviendas de vecinos de San Vicente. Además, aprovechando esta prórroga se podría haber introducido alguna mejora, como podría ser que el ejercicio de este derecho no perjudique operaciones de compra de viviendas por ciudadanos de nuestro municipio".
