Residencia de AltabixELCHE. La Asociación Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana (ReCoVa), quien ha estado durante años denunciando la situación de estos centros no solo en Elche sino a nivel autonómico, vuelve a cargar contra las concesionarias de residencias de mayores autonómicas que están vencidas, y que denuncian que para el actual gobierno "tampoco son una prioridad". En este sentido, el colectivo vuelve a centrarse en la de Altabix, sobre la que más han denunciado deficiencias, especialmente desde la pandemia. El pasado 5 de marzo se reunieron en València con representantes autonómicos y según indican, les manifestaron que "ni siquiera tienen un calendario establecido para renovar esas licitaciones".
Recuerdan que el secretario autonómico Emilio Argüeso señaló a los medios que la residencia de mayores de Altabix de Elche se sacaría a concurso por vía de urgencia en máximo 6 meses, "pero no han hecho nada al respecto. Esta residencia lleva con la licitación vencida cerca de dos años y acumula una cantidad ingente de incumplimientos, habiendo instado incluso el Síndic de Greuges en reiteradas ocasiones a que se intervenga por la Administración autonómica". Asimismo, arguyen que "el gobierno local, liderado por Pablo Ruz y Aurora Rodil, tampoco están haciendo nada para que en València las cosas se aceleren y solucionen con respecto a esta polémica residencia de mayores. Todo lo que prometieron antes de gobernar se ha diluído con la asunción al cargo".
La presidenta de la asociación Ester López incide por último en que "al gobierno autonómico poco les importa que se encuentren en enriquecimiento injusto, que las mejoras en las mismas a todos los niveles estén estancadas por no haberse publicado los concursos y, por ende, tampoco haberse negociado nuevos pliegos. Todo esto les está conduciendo a la precariedad y a una rotación de personal continua porque los trabajadores están huyendo de las mismas".
Por otra parte, siguen denunciando problemas en otras residencias ilicitanas, como las DomusVi. De la de L'Aljub apuntan a que acumulan "muchos problemas". Enviaron una queja a Generalitat en octubre de 2023, "de la que también son conocedores los miembros de la corporación municipal pero nadie ha acudido a realizar una inspección y los problemas persisten". Apuntan a que a nivel asistencial los servicios de médico y enfermería no ofrecen los cuidados que precisan los residentes, "y acumulamos en nuestra asociación una cantidad ingente de quejas. Es casi misión imposible que los familiares obtengan de estos profesionales la información que necesitan conocer de los residentes, y el seguimiento de la salud de cada persona que allí tiene su hogar no se realiza como corresponde". Aseguran que de esta forma aparecen llagas que nadie sabía que existían ni se estaban tratando y "cuadros de enfermedades graves repentinos a los que nadie les ha realizado un seguimiento y que terminan en el hospital casi agonizando".
ReCoVa esgrime que "la rotación de personal es enorme porque el ambiente laboral está muy enrarecido, máxime cuando en la misma zona hay una residencia que acaba de comenzar a prestar sus servicios". Explican que son al menos cinco las trabajadoras de DomusVi Aljub que han dejado esta residencia y se han marchado a Casaverde. De hecho, y según indican, hay denuncias interpuestas en Inspección de Trabajo respecto de los incumplimientos de las contrataciones que se realizan en Domus Vi Aljub.
En cuanto a los usuarios, son ya siete los que se han marchado a esta otra residencia. "Además de los problemas asistenciales, hay muchísimas quejas respecto de la comida. El Consejo de Usuarios, que está formado por mayores de este centro, lleva meses quejándose pero nada cambia. Los alimentos se sirven medio crudos o duros, y la calidad de los alimentos que sirven se ha devaluado". Entre les reseñas de Google de Domus Vi Aljub hace un mes, una de las usuarias, que se ha marchado a Casaverde denunciaba el mal estado de la comida.
Para la asociación, "el problema es que no todas las personas pueden marcharse libremente. Sólo aquellas que tienen plaza privada. El trámite cuando tienes plaza pública es más complejo, además de que Casaverde no tiene plazas públicas aún. Y mientrastanto, DomusVi vive del dinero público sin cumplir las obligaciones que les corresponden".
Por otro lado, destacan que en este centro se estaría incumpliendo la normativa del Decreto de Tipologías puesto que "no han constituido el Consejo de Centro que establece el Decreto de Tipologías del que deben formar parte usuarios, familiares y trabajadores elegidos por votación". Y explican que otra cuestión muy grave de este centro es que "cuando los familiares solicitan hojas de reclamaciones, no se las facilitan, incumpliendo así la normativa vigente. Día tras día, les dan largas y no les entregan los impresos que solicitan, lo que supone una merma de derechos".
En cuanto a DomusVi Carrús, "en este otro centro la atención va de mal en peor". Acumulan quejas por falta de formación del personal, "que ni siquiera se dirigen como corresponde a los residentes. Por otro lado, la desatención es tremenda. Hay una falta de seguimiento de lo que le ocurre a los residentes descomunal". Y agregan en un comunicado que este pasado fin de semana un residente ha perdido 5 piezas dentales y nadie en la residencia sabe cómo ha ocurrido. Dirección no se digna a dar explicaciones a la familia y la desesperación es tremenda".
Por otra parte, la asociación pone de relieve que "en esta misma residencia hay muchos incidentes por falta de supervisión en los salones puesto que hay períodos de tiempo en los que no hay nadie que supervise a estas personas dependientes que tienen allí su hogar. De hecho hay dos familias que quieren judicializar los fallecimientos de sus residentes tras caídas con resultado de muerte en DomusVi Carrús".
Por último, la asociación lamenta el retraso de la entrada en vigor del Decreto de Tipologías que aprobó el Botànic a final de la legislatura "que fue toda una proeza y un gran logro del Botànic, ya que por fin derogaba la obsoleta normativa de 2005, siendo además la primera comunidad que adaptaba su normativa al Acuerdo de Acreditación tratando de dar la vuelta al precario e indigno modelo de residencias de mayores". Si bien es cierto, apuntan en el comunicado, "que lo hicieron a punto de acabar la legislatura después de 8 años al frente del gobierno valenciano".
Sin embargo, indican, "con el nuevo gobierno autonómico liderado por Carlos Mazón, y con Susana Camarero encabezando la Conselleria de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda, hemos retrocedido años luz, ya que prevén retrasar los plazos de implantación de las mejoras más urgentes e inaplazables, especialmente las de mejora de ratios de personal y adaptación de las instalaciones a un modelo más amable y digno, complaciendo así a las empresas gestoras que seguirán engordando sus cuentas de resultados al haberse eximido de implementar los urgentes cambios que pide a gritos el sistema actual".
Critican que muchas varias mejoras a implantar, desde la adaptación de las instalaciones a diferentes tramos de mejora del personal se retrasan hasta dos años, algunos pasando de 2025 a 2027 como límite de implantación, o de 2027 como planteaba el decreto a 2029. "La existencia de personal suficiente para una atención necesaria marca la frontera entre vivir los años en una residencia con calidad y dignidad, o convertirlos en un infierno", sentencian en el comunicado.
