ALICANTE. No solo Vox. Los grupos municipales de PSOE y de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alicante también han aprovechado la ventana abierta por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), con la propuesta de actualización de las ordenanzas fiscales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para plantear sus propias propuestas de enmiendas. En ambos casos, los dos partidos aspiran a introducir la ampliación de bonificaciones relacionadas con medidas de sostenibilidad ambiental o con la introducción de criterios de proporcionalidad en la liquidación de esos tributos
En primer término, por lo que respecta a la ordenanza del IVTM, el PSOE plantea que los usuarios de vehículos eléctricos y sin emisiones que no sean nuevos también puedan disfrutar de beneficios fiscales, "una cuestión que contribuirá a incentivar la reutilización de vehículos eléctricos de segunda mano, una realidad que, previsiblemente, crecerá en los próximos años", según han señalado portavoces oficiales, a través de un comunicado.
El PSOE apunta que "son mayoría los municipios que garantizan la bonificación máxima (75%) y de forma permanente a los vehículos eléctricos. Alicante lo hace de forma decreciente y tan sólo durante los tres primeros años, algo que no facilita la implantación de la movilidad eléctrica. Entendemos que garantizar una bonificación fija y permanente para los vehículos eléctricos y sin emisiones es mucho más eficiente para el fin que busca la bonificación", ha explicado la concejala Silvia Castell.
En concreto, la bonificación de los tres primeros años planteada actualmente se reduce tan solo a los vehículos eléctricos de nueva matriculación y bajas emisiones. "Eso es algo que reduce esta medida fiscal a los tres primeros años de vida del vehículo, en el mejor de los casos. Aquellos que se adquirieron al principio de la nueva ola de movilidad sostenible no pueden disponer de este beneficio fiscal, que consideramos que es igualmente justo para quienes adquieren un vehículo como para quienes son usuarios, puesto que contribuyen en beneficio del medioambiente y la salud pública", ha señalado Castell. "Debemos, por tanto, garantizar que los usuarios de vehículos eléctricos y sin emisiones que no sean nuevos, puedan disfrutar de este beneficio fiscal, porque contribuirá a incentivar la reutilización de vehículos eléctricos de segunda mano que crecerá en los próximos años", ha recalcado.
Además, la concejala ha considerado que la complejidad regulatoria que plantea la ordenanza complica el cometido de la bonificación. "En lugar de simplificar la bonificación distinguiendo la tipología de vehículo para adjudicarle un criterio bonificable (híbrido, eléctrico...), se pide acreditar una y otra vez los gramos/Km. de emisión de CO2. Es decir, si ya se pide acreditar la ficha técnica, no es necesario pedir ninguna pegatina ni ninguna calificación de eficiencia energética, y mucho menos indicar las emisiones de CO2 que emite el vehículo ya que eso ya viene regulado en su propia condición de híbrido, eléctrico... y menos todavía cuando hablamos de vehículos eléctricos reutilizados".
Por su parte, el grupo municipal de Esquerra Unida Podem también plantea una enmienda dirigida en la misma dirección, con el fin de "aumentar la bonificación del impuesto para vehículos menos contaminantes, sirviendo así de incentivo para la eventual sustitución de vehículos de motor contaminantes por eléctricos". Así, propone aplicar "con idéntico porcentaje" la bonificación máxima del 75% para los vehículos calificados como A, un 65% para los calificados como B y un 50% para los calificados como C. Todo, por un periodo de tres años de duración.
En lo que respecta al IBI, el PSOE propone ampliar las bonificaciones destinadas a inmuebles en los que se hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. De igual forma, se plantea la reducción del 50% de la cuota sobre los inmuebles en los que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos. También se propone incluir un recargo del 30% en la cuota del impuesto a las viviendas que se encuentren desocupadas de forma permanente para incentivar el mercado del alquiler; siempre que se reúnan los requisitos fijados en la Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.
En esta línea, el PSOE defiende que "es necesario reducir los requisitos para aplicar beneficios fiscales. El PP apuesta por fijar los mínimos en instalaciones fotovoltaicas cuya potencia instalada sea de más de 10 kw, y en las térmicas que superen los 70 kw". Por contra, el PSOE considera que "concentrar una producción de 10kw es inalcanzable para la mayoría de superficies techadas de gran parte de los chalés, bungalós y viviendas unifamiliares que quieran implantar esta tecnología".
"Limitar la bonificación a producciones superiores a esa cantidad sólo desincentiva el autoconsumo, cuando éste debe tener un papel trascendental en la transición energética de las ciudades. Eso es algo que evita, entre otras cosas, la concentración de grandes plantas fotovoltaicas en el entorno. Por tanto, debería reducirse la producción mínima bonificable a 5kW en el caso de la fotovoltaica y a 50kW en el caso de la térmica o, en su defecto, que el equipo de gobierno desarrolle un modelo de bonificación progresivo que contemple distintos tramos de potencia, hasta alcanzar el 50% de bonificación previsto", ha subrayado Castell
La edil expone un ejemplo práctico. "Una placa solar de las más comunes genera de media 300W y suele medir alrededor de 1x2 metros cuadrados. Para generar 10kW (que es lo mínimo bonificable ahora), haría falta mantener un tejado con 33 paneles fotovoltaicos. Esa instalación precisa una extensión de 66 metros cuadrados ocupados por la instalación. Si pensamos que tan sólo se utiliza la mitad del tejado orientado al este, la superficie necesaria son 132. Si, además, consideramos las zonas no pisables, sobrepasaríamos con seguridad los 140 metros de superficie necesarios para que estas instalaciones sean bonificables. Ni los bungalós ni la mayoría de chalés disponen de este espacio (y tampoco es justo obligar a la ciudadanía a comprar tecnología más avanzada, como es el caso de placas industriales de 600W). Por tanto, loa redacción actual desincentiva el autoconsumo en favor de las grandes macroplantas y promueve beneficios fiscales tan sólo a unos pocos", ha aseverado la concejala.
Por su parte, Esquerra Unida Podem considera necesario reajustar los porcentajes de bonificación en el cobro del impuesto "para que las familias con viviendas de menor valor catastral sean bonificadas en un porcentaje más alto que el actual, y que a las familias con viviendas más costosas, se les reduzca esa bonificación". Así, propone elevar al 75% la bonificación a las familias de dos y tres hijos con viviendas cuyo valor catastral sea de hasta 25.000 euros, que se elevaría hasta el 90% en el caso de familias de más de tres hijos, y reducirla hasta un 5% a las familias de dos o tres hijos cuya vivienda tuviese un valor catastral de más de 150.000 euros, que llegaría al 20% para las familias de más de tres hijos.
Al tiempo, Esquerra Unida Podem propone la adición de tres artículos de nueva creación con el propósito de gravar la vivienda vacía, con un recargo del 50%; girar los recibos que corresponden a la Iglesia Católica y otras confesiones no católicas, respecto a los edificios que no estén ligados al culto; y la bonificación del IBI en partidas rurales de entre el 25 y el 5% como máximo y mínimo para viviendas con un valor catastral de hasta 25.000 euros y de más de 150.000 euros, respectivamente.