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dudas sobre quién tiene que ejecutarla

El PSOE de Benidorm recurre el acuerdo plenario que desarrolla la nueva pista de atletismo

2/09/2023 - 

BENIDORM. El grupo municipal del PSOE de Benidorm ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del mes de julio en el que se aprobaba la adenda al convenio urbanístico entre el agente urbanizador de Poniente y el Ayuntamiento. Y no es cualquier punto, se trata de la moción que sentaba las bases de la ejecución de la pista de atletismo que hay prevista en esta zona, tal y como se anunció en febrero de 2022, pero que se ha quedado estancada.

El recurso del PSOE pone en duda que sea la propia mercantil, TM Grupo Inmobiliario, la que tenga que ejecutar la primera fase de la obra, de las dos en las que se ha dividido. Es decir, el desmonte y la preparación de la parcela. Su posterior construcción sería la segunda parte. Además, hasta que esta cuestión se aclare, piden la suspensión cautelar del acuerdo impugnado.

Para entender estos hechos hay que remontarse a años atrás. La empresa adquirió el suelo del Plan Parcial 2.1 Poniente en 2017. A partir de entonces, ha ejecutado gran parte de la urbanización de la zona y numerosos proyectos residenciales, quedando aún pendientes varias parcelas.

En marzo de este año se aprueba en el pleno el Plan de Reforma Interior (PRI) del Programa de Actuación Aislada de la parcela ZC1 del PP 2.1 Poniente, incluyendo el borrador del convenio urbanístico para su ejecución y gestión. Ahora, se especifica en la adenda que los 1,5 millones de euros que se calculan que tiene que compensar la mercantil por la plusvalía del nuevo aprovechamiento irán destinados al desmonte de la parcela para la pista de atletismo. Pero solo una parte.


Otros 150.000 euros se destinarán a un estudio encargado a la Universidad de Alicante para analizar la fuerza del viento en toda la ciudad y por tanto, conocer en qué puntos del municipio se puede aprovechar la energía eólica. Y si después quedase dinero, tal y como dijo Caselles en el pleno de julio, se ingresaría en las arcas del Ayuntamiento en la partida de Patrimonio Municipal de Suelo para destinarlo a la construcción de la pista. La obra de estas instalaciones deportivas estaría financiada con el PRI de la ampliación del hotel Poseidón Playa, el PRI mencionado y otro más de TM. Pero el contrato para la construcción sí que tendrá que licitarse por exceder el precio que permite la ley.

Todo ello teniendo en cuenta otro factor. El desmonte de la parcela no supera el importe porque la empresa adquirió la cantera del Racó de l’Infern y allí es donde trasladará parte del material sobrante, lo que le permitiría ahorrar costes. Un asunto que estuvo parado durante tres años, que es lo que tardó Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio en aprobar la Declaración de Impacto Ambiental.

Plantean la licitación

Sin embargo, lo que ponen en tela de juicio los socialistas es por qué es la constructora la que tiene que ejecutar la fase inicial con el desmonte y la preparación de la parcela, en lugar de sacarlo también a licitación para que se presenten todas las empresas que lo deseen. Así, ponen el foco en que se tendría que atener a la Ley de Contratos del Sector Público, al tiempo que rechazan que se pueda adjudicar de manera directa al agente urbanizador la obra del acondicionamiento interior de una parcela de equipamiento, en este caso deportivo.

Preguntada sobre este asunto, la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, señaló que es una cuestión que ya están estudiando los técnicos municipales para elaborar los informes pertinentes. No obstante, aseguró que los informes que acompañaban la propuesta del pleno ya aclaraban esta cuestión. El relativo al arquitecto municipal, indicaba que el presupuesto calculado para la preparación de la parcela no superaba el importe límite del TRLOTUP y por tanto, lo podía asumir el agente urbanizador de todo el sector.

Esta es una de las vías que tienen los socialistas para proceder contra un acuerdo plenario, la otra es interponer un contencioso cuyo plazo termina a los dos meses de su aprobación, es decir, en un mes.

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