El edil de Urbanismo y candidato de Cs a la Alcaldía, Adrián Santos Pérez, junto al alcalde, Luis Barcala, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El debate sobre la propuesta presupuestaria planteada por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) al frente del Ayuntamiento de Alicante quedará postergado finalmente hasta la celebración de las próximas elecciones municipales. Cuando menos, así lo volvió a apuntar este viernes el alcalde, el popular Luis Barcala, en el transcurso de la comisión de Hacienda previa al pleno correspondiente al mes de febrero, que se celebrará el próximo jueves, al volver a dar por hecho que no habrá un reposicionamiento por parte de ninguno de los seis partidos representados en la corporación, pese a las reuniones emprendidas por el edil de Urbanismo y candidato de Cs a la Alcaldía, Adrián Santos Pérez, con representantes de los grupos opositores.
En esta línea, fuentes consultadas apuntaron que el primer edil no contempló la posibilidad de que el resultado de esos encuentros pudiese deparar cambios en la configuración de las cuentas. De hecho, en sus últimas comparecencias públicas ha venido defendiendo que la propuesta presupuestaria es la que es, sin que exista posibilidad de reformularla desde cero; que la responsabilidad de elaborarla le corresponde al equipo de gobierno y que si otra formación pretende plantear un presupuesto nuevo, debe ganar unas elecciones. Además, también ha venido incidiendo en que las cuentas defendidas por PP y Cs no contemplan ningún planteamiento ideológico inasumible por el resto de fuerzas políticas. En todo caso, en esa ronda de contactos del candidato de Cs con los grupos opositores, solo se habrían planteado propuestas sobre partidas concretas por parte de Compromís para que se tuviesen en cuenta al menos parte de las inversiones que viene reivindicando desde el inicio de mandato sin tener que confiar en compromisos a futuro de que puedan quedar incorporadas a través de los remanentes. Como mínimo, los representantes de la coalición valencianista fueron los únicos que plantearon requisitos no estrictamente políticos como condición para respaldar las cuentas del bipartito en el encuentro mantenido con Santos Pérez.
Como ya ha informado este diario, en su encuentro con el edil de Urbanismo, Unides Podem EU insistió en la retirada de la ordenanza de convivencia cívica y en la exigencia de que el presupuesto fuese presentado ante el Consejo Social y ante las Juntas de Distrito. Y el PSOE solo se mostró abierto a un pacto para respaldar una posible modificación de crédito sobre las cuentas de 2022 -ya prorrogadas de forma automática desde el inicio de 2023- con el fin de dotar las partidas que resultasen necesarias para ejecutar las obras de transformación urbana ya en marcha o en proceso de contratación que cuentan con cofinanciación de la Unión Europea (UE) para que no se corra el riesgo de perder esos fondos. Por el momento, la cita pendiente entre Santos Pérez y los representantes de Vox no se ha llegado a celebrar, después de varios aplazamientos.
Sea como fuere, según fuentes consultadas, el primer edil apuntó, este viernes, que los supuestos avances alcanzados en esos encuentros unilaterales desarrollados por Santos Pérez no habrían aportado ninguna novedad, puesto que el equipo de gobierno ya venía trabajando "desde hace dos semanas" en una propuesta de modificación de crédito que permita cubrir la ejecución de esos proyectos subvencionados por Bruselas. Hasta ahora, no se ha llegado a cuantificar el importe global de las partidas que deberían suplementarse, pero, según las mismas fuentes, sí se habría comenzado a cuadrar agendas con los responsables de cada área para cerrar las sumas necesarias en cada proyecto.
Por lo pronto, el desenlace de la comisión de Hacienda permitió certificar, una vez más, que la negociación del presupuesto se ha convertido en un pulso electoral. Ya no solo entre el centro-derecha y el eje progresista, sino también entre los dos partidos que conforman el bipartito: PP y Cs. Tanto es así que, en el turno de ruegos y preguntas de la comisión de Hacienda, al contestar a la pregunta formulada por el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, Barcala llegó a asegurar que entendía que Santos Pérez pudiese tener interés en ganar protagonismo tras haber sido designado como alcaldable de Cs, pero insistió en dejar claro que el acuerdo negociado con el PSOE sobre la modificación de crédito no era una solución ideada por Santos Pérez ni por los socialistas, sino que ya estaba en planificación en la Concejalía de Hacienda.
Esa respuesta motivó las valoraciones posteriores de formaciones como Compromís. Su portavoz municipal, Natxo Bellido, señaló que "Barcala ha manifestado en la comisión de Hacienda que prefiere no tener presupuestos a negociarlos. Ha tirado la toalla, porque su mandato está agotado y se resume en el fracaso y tiene un bipartito cada día más dividido y desunido". Y añadió que "aún así, Compromís no vamos a dejar de intentar, con quien entienda que no es momento de dar por perdida la legislatura, que podemos avanzar en inversiones y acuerdos presupuestarios positivos para Alacant, a pesar de la negativa del PP de Barcala a negociar".
Además, el desarrollo de la comisión también permitió constatar el distanciamiento que Vox persiste en tratar de escenificar respecto a las posiciones del equipo de gobierno a menos de tres meses de la cita con las urnas, después de tres años de haber compartido la mayor parte de los planteamientos de PP y Cs. Así, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, fue el único que votó en contra de la propuesta de actualización de la ordenanza reguladora del impuesto de la plusvalía (en la que solo se incluyen ajustes normativos de carácter técnico, según fuentes del bipartito) al insistir en que "PP y Cs pierden una nueva oportunidad de derogar un impuesto injusto contra el que sí se han pronunciado en el Congreso".
En esta línea, recordó que su grupo municipal ya había planteado la necesidad de la derogación del impuesto como parte de la propuesta de reforma fiscal introducida como condición para apoyar las cuentas del bipartito. Y añadió que también había planteado que, al menos, se rebajase el tipo impositivo a aplicar al mínimo legal, "a lo que PP y Cs también se han opuesto".
Sin embargo, el voto en contra de Vox no evitó que la propuesta quedase dictaminada favorablemente, a diferencia de lo que sucedió con los restantes puntos del orden del día: las propuestas de modificación del IBI, del IAE, del Icio y del IVTM planetadas por Unides Podem EU con el fin de favorecer un progresividad en su recaudación, según han venido defendiendo los representantes de la confluencia.
Las cuatro propuestas de modificación quedaron rechazadas con la suma de los votos en contra de PP, Cs y Vox en base a los informes técnicos en los que se apuntaba que no existía plazo material para que pudiese tramitarse antes de que se celebrasen las próximas elecciones municipales. Por lo demás, según fuentes de Unides Podem EU, en esos informes no se planteaba ningún impedimento legal ni formal -más allá de requerir la delegación de parte de las competencias que dispone la Generalitat por lo que respecta a la modificación del impuesto del IBI- y se dejaba la posible adopción de las propuestas a una cuestión de "oportunidad política".
Así, la edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, señaló que "una vez más, el gobierno deja en evidencia para quién gobierna" y apuntó que, en la comisión, "se han puesto dos modelos de fiscalidad diferentes sobre la mesa, la de la linealidad del gobierno de Barcala que beneficia a las grandes empresas y rentas altas, y el modelo de Unidas Podemos, donde se aplica la progresividad fiscal para recaudar lo suficiente y poder invertir en la ciudad, bajando los impuestos a las clases medias y trabajadoras, y haciendo pagar más a las grandes empresas y clases altas".
"Mientras el Partido Popular siga reduciendo los ingresos, acumulando remanente y bloqueando los presupuestos, Alicante no tendrá las políticas públicas y las inversiones que necesita. Necesitamos un cambio fiscal pero, además, necesitamos un cambio de gobierno por uno que esté a la altura de los retos de futuro de la ciudad", añadió.
Así, a la postre, las cuatro propuestas de modificación planteadas por la confluencia sí sumaron el voto favorable de Compromís. Y el PSOE, por su parte, optó por la abstención, pese a compartir el fondo de las propuestas e incluso felicitar expresamente a Unides Podem "por el trabajo desarrollado con su propuesta", según apuntó el portavoz municipal de los socialistas, Miguel Millana. Es más, señaló que su partido estaba dispuesto a "retomar su estudio tras las elecciones de mayo, en cuanto se disponga de una mayoría progresista para formar gobierno, con la intención de poder abordar esa reforma fiscal", añadió, a consulta de Alicante Plaza. De este modo, apuntó la posibilidad de que ese conjunto de modificaciones planteadas por Unides Podem EU pudiese abordarse y aplicarse el próximo mandato.
Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO denunciaron también este viernes, a través de un comunicado, el "bloqueo" del alcalde sobre el Consejo Social de la Ciudad, el "máximo órgano de participación ciudadana", y han exigido que se convoque. Lo han tachado de "una muestra más del desprecio a la participación ciudadana". Los sindicatos han lamentado que el primer edil ha "ignorado" su solicitud para convocar a este órgano, realizada el pasado 18 de enero, y ha denunciado que el alcalde "incumple con el reglamento del Consejo Social que determina que se reunirá de forma ordinaria dos veces al año", según indicaron ambas organizaciones.
"Este desprecio e ignorancia a la participación ciudadana es incompatible con lo que se viene promoviendo activamente desde las instituciones europeas. Además hace que se cuestione y mucho el compromiso del Ayuntamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con los trabajos realizados por la ciudadanía en las Comisiones para la Recuperación y Resilencia de Alicante, de las que surgieron 105 medidas aprobadas para el desarrollo de la ciudad", denunciaron los sindicatos. En este sentido, defendieron que convocar el Consejo Social es hablar de los criterios presupuestarios municipales, que consideran que "han condenado las partidas sociales a reducciones inexplicables en un momento de crecimiento de la desigualdad en la ciudad".
