ALICANTE. Era previsible y ha sucedido. La precampaña electoral ha impregnado este jueves el desarrollo del pleno ordinario de enero en el Ayuntamiento de Alicante -el primero en celebrarse en el año en el que la ciudadanía está llamada a las urnas para elegir nuevo alcalde-, en el que el intercambio de discursos de contenido político se han reproducido con especial intensidad en el debate de todas las iniciativas. Los seis partidos representados en la corporación, PP, Cs, PSOE, Unides Podem EU, Compromís y Vox, han tratado de escenificar sus distintas posiciones y planteamientos en cuestiones como el desarrollo de actuaciones de asistencia social a la ciudadanía, la cobertura de servicios, el traslado del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) a Valencia, la nueva situación del trasvase Tajo-Segura, la planificación económica de las iniciativas municipales que debe plasmarse en el presupuesto o la instauración del nuevo sistema de movilidad y de reducción de emisiones contaminantes amparado por la Ley de Transición Ecológica mediante la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Eso sí, en esta ocasión, con la intervención de dos elementos hasta cierto punto novedosos, o que se habrían acentuado respecto a otros debates plenarios desarrollados a lo largo del mandato actual. Primero, el silencio del equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), respecto a las preguntas formuladas por los cuatro grupos de la oposición (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) en relación al retraso de los presupuestos municipales -ahora pendiente del informe de resolución de las enmiendas presentadas- y sobre las condiciones de implantación de la ya citada ZBE. Los populares han emplazado a ofrecer una contestación respecto a esas preguntas en un próximo pleno o en un acto público de presentación respecto a las condiciones de esa ZBE.
Y, el segundo factor que podría considerarse inédito habría sido el desmarque de Vox respecto a las posiciones mantenidas por el bipartito, especialmente respecto al proyecto de ZBE, que los ediles del partido de Santiago Abascal insisten en rechazar y que han tomado como bandera en su estrategia de diferenciación ideológica respecto al PP. Todo pese a que los dos representantes de Vox han seguido posicionándose en la mayor parte de las votaciones junto a los ediles del bipartito para tumbar las iniciativas defendidas por los tres partidos del eje progresista. Solo la propuesta de Compromís por la que se solicita el reconocimiento del Hércules CF como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial se ha salvado de la quema.
Además, el tono prelectoral se ha percibido especialmente en todas las alusiones críticas a la gestión de la Generalitat, en las que los dos partidos aliados al frente del Ayuntamiento, PP y Cs, han recriminado a PSOE, Unides Podem EU y Compromís la defensa de la actuación de sus compañeros de partido en lo que han calificado como un intento de "blanquear" la actuación del Botànic. Y, por si fuera poco, especialmente el PP, no ha escatimado en lanzar referencias sobre las informaciones en las que se apunta la existencia de anotaciones supuestamente referidas al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la documentación investigada en el marco del 'caso Azud': una instrucción con cerca de medio centenar de imputados en el que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP que también ha acabado implicando a exdirigentes del PSPV-PSOE.
Por partes. En primer lugar, al margen de la ratificación del acuerdo de blindaje de la Plaza de Toros para regular la ordenación urbanística de su entorno, en el transcurso de la sesión se ha puesto de manifiesto que no habrá comisión sobre el desarrollo del Plan de Inclusión Social y Derechos Sociales. El equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha desestimado en el pleno de este jueves, con el respaldo de los dos ediles de Vox, la propuesta presentada por el grupo municipal de Unides Podem EU por la que se planteaba la creación de dicho órgano de representación política para abordar dicho plan, ya que, según el edil de Coordinación de Proyectos, Toño Peral, ya se está trabajando en la puesta en marcha de esa planificación. Es más, ha señalado que ese Plan de Inclusión Social ha quedado aprobado este mandato gracias a la labor del equipo de gobierno y ha considerado que "no van a necesitar ustedes una nueva comisión porque ya existe una al respecto y los elementos de gobernanza adecuados tanto en el plan Edusi como en el plan de barrios de la Zona Norte, así como en la Agenda Urbana", ha incidido.
En esos foros, según ha dicho Peral, se trabajará ese plan con las aportaciones que puedan presentarse, sin necesidad de "duplicar". Además, ha incidido en que, en este momento, esa comisión no tendría sentido "puesto que esa comisión decaería" en cuanto se produjese la toma de posesión de la nueva corporación. Así, ha tachado la propuesta de Unides Podem EU de electoralista.
Con todo, su argumentación no ha evitado que los tres grupos que ejercen funciones de oposición por parte del eje progresista hayan expresado sus críticas respecto a la puesta en marcha del Plan de Inclusión, en una batería de intervenciones en las que se han colado otros argumentos de tinte político relacionadas con la prestación de servicios sociales -ante la proximidad de la campaña electoral- en los que también se han incluido referencias al desarrollo de obras de remodelación urbanística en todo el casco urbano o la implantación de la ZBE.
En esta línea, el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, ha iniciado su intervención reprochando la falta de gestión por parte del bipartito y ha aludido a la ejecución simultánea de múltiples obras que no se ejecutan en plazo. Después, ha señalado que no se ha puesto en marcha ningún centro social ni de ninguna de las actuaciones contempladas en el Plan de Inclusión, por lo que ha justificado la necesidad de crear una comisión al respecto. El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha introducido en el debate su rechazo a la implantación de la ZBE, y, después, ha considerado que la comisión propuesta no resulta necesaria. Además, ha aprovechado para introducir la referencia a la ordenanza aprobada en el Ayuntamiento de Orihuela, presidido por una alcaldesa del PSOE (Carolina Gracia) que, a su juicio resultaría similar a la ordenanza de convivencia cívica de Alicante, según ha defendido.
Su homólogo de Compromís, Natxo Bellido, ha incidido en los reproches al equipo de gobierno sobre el retraso en el desarrollo del Plan de Inclusión que se gestó durante la etapa de Compromís en el equipo de gobierno y ha recriminado al equipo de gobierno que no haya iniciado ningún centro social ni ninguna vivienda social ha construido durante este mandato. Y la edil del PSOE, Lola Vílchez, ha expresado su apoyo a la iniciativa al considerar que no se ha avanzado en su desarrollo, tras recordar que la propuesta aprobada en este mandato es "un corta-pega" respecto a la aprobada el pasado mandato. Además, ha defendido que la nueva comisión propuesta podría tener un funcionamiento paralelo y complementario a las ya existentes.
Por último, en la réplica, Peral ha recriminado que a los partidos del eje progresista "no se les quedaba paralizada ninguna obra porque no iniciaron ninguna". Además, ha insistido en que es el equipo de gobierno el que ha puesto en marcha iniciativas como el Plan de Inclusión Social o la segunda fase del Plan de la Zona Norte "en el que se prevén inversiones por valor de 100 millones", como ya ha manifestado en otras intervenciones previas en sesiones plenarias anteriores.
De este modo, en último término, en el turno de votación, la propuesta ha quedado desestimada con la suma de los votos de los representantes de PP y Cs y Vox, frente a los votos favorables de PSOE, Unides Podem EU y Compromís: 15 votos (ante la ausencia del edil de Deportes de Cs, José Luis Berenguer), frente a 13.
En el turno de ruegos y preguntas, la edil de Educación, Julia Llopis, ha respondido a la pregunta formulada por la edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, sobre el retraso en la prestación del servicio de limpieza en las nuevas instalaciones del CEE El Somni, para asegurar que hasta la dirección territorial de la Conselleria de Educación había remitido una comunicación solicitando disculpas por no haber comunicado con antelación suficiente el traslado del centro a las nuevas dependencias situadas en el municipio de Sant Joan.
El edil de Fiestas, Manuel Jiménez, también ha respondido a la pregunta formulada por el socialista Manuel Marín sobre los problemas de sonido registrados durante las campanadas de Fin de Año para señalar que "ya solicitamos disculpas en su momento" al incidir en que "todo fue consecuencia de un error técnico" en la medida en que se consideró que no resultaba necesario activar el sistema de sonorización, a la vista de que durante las campanadas del mediodía, se escuchó su sonido sin necesidad de activarlas y el técnico responsable consideró que no procedía activarlo durante la noche, sin tener constancia de que el sonido del reloj se reduce en horario nocturno de manera automática para evitar molestias a los vecinos.
El edil de Transportes, Manuel Villar, también ha contestado a la edil Romero sobre la adhesión del Ayuntamiento al plan de la Generalitat sobre la gratuidad del autobús para los menores de 30 años, como ya han reclamado cerca de una treintena de asociaciones vecinales, para insistir en que el equipo de gobierno es partidario de bonificar el transporte del conjunto de la ciudadanía, con su participación en el programa de descuento del 50% puesto en marcha por el Gobierno central. Además, ha reprochado a Unides Podem EU que no cuestione sobre la aplicación de esa gratuidad en las líneas interurbanas de autobús, a cargo de la empresa La Alcoyana que son competencia de la Generalitat.
En paralelo, los trabajadores de La Alcoyana han protagonizado una concentración a las puertas del Ayuntamiento en paralelo a la celebración del pleno para exigir mejoras en su convenio laboral, en la campaña reivindicativa puesta en marcha desde el pasado verano, con paros en el servicio nocturno.
Por otra parte, el edil de Infraestructuras, José Ramón González, ha contestado a otra pregunta formulada por el portavoz de Unides Podem EU para insistir en que el equipo de gobierno sigue en conversaciones con la adjudicataria de las obras de remodelación de la Plaza de San Blas para que pueda reanudarse la ejecución de los trabajos, después de que se haya abierto un expediente de imposición de penalidades por el retraso en su desarrollo, así como otro expediente de resolución, que ahora queda en suspenso, en busca de una posible solución.
Además, ha defendido las mejoras que supondrá la ejecución de ese proyecto para el conjunto del barrio de San Blas, frente a las críticas por la situación actual del entorno apuntadas por López, y ha aprovechado para referirse a la situación "de abandono del barrio de Miguel Hernández" después de que se haya tenido que rescindir los trabajos de rehabilitación de dos primeros bloques de edificios, con la prolongación de los realojos de sus residentes. Es más, en su intervención, también ha aprovechado para recriminar al conseller de Vivienda, Héctor Illueca, visitase este martes el barrio de Virgen del Remedio "para atribuirse" el proyecto de rehabilitación de 456 viviendas promovido por el Ayuntamiento.
El edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha vuelto a intervenir, a colación de una pregunta formulada por el edil de Compromís, Rafa Mas, sobre qué medidas tenía previsto desarrollar el equipo de gobierno para aplicar el Plan Reforesta, después de que el edil de la coalición valencianista le haya recriminado que no se esté ejecutando las previsiones de esa planificación. En este sentido, Villar ha acusado de mentir "con tal de tener un minuto de gloria con el que tratar de rascar algún voto" y ha sostenido que, en estos momentos, el Ayuntamiento no dispone de ningunos terrenos que poder reforestar y que se estaba trabajando en disponer de autorizaciones, después de haber llevado a cabo hasta dos modificados del contrato se servicio de mantenimiento de zonas verdes para incluir nuevas áreas de intervención.
Villar también ha contestado a una pregunta formulada por el edil de Vox, José Bonet, respecto a la ejecución de limpieza de barrancos para prevenir inundaciones y para evitar la proliferación de plagas para señalar que el Ayuntamiento está ejecutando esa limpieza en el Barranco de las Ovejas, como siempre, y "más de eso, hasta la autovía". Así ha instado a Vox a "dejar de meter miedo a la ciudadanía" respecto a la posibilidad de que puedan producirse inundaciones, lo que ha aprovechado para recriminar, también, que se trata de asustar a la población sobre las consecuencias de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). En este sentido, ha señalado que "ya lo hemos apuntado por activa y por pasiva al señalar que no se va a restringir el acceso a nadie sea cual sea su tipo de vehículo, porque hemos explicado que su implantación es una obligación recogida por ley pero que permite que los ayuntamientos modulen su funcionamiento". Bonet ha replicado, en su intervención posterior, que "quienes están asustando respecto a la ZBE son ustedes, por falta de información a la ciudadanía sobre su implantación".
Lo cierto es que ese lance no ha sido el único escenificado a lo largo de la sesión en el que se ha puesto de manifiesto la controversia sobre la implantación de la ZBE. De hecho, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha planteado una pregunta in voce posterior dirigida al edil de Medio Ambiente para que facilitase una aclaración respecto al contenido del proyecto que queda reflejada en la memoria remitida a la Unión Europea (UE). No obstante, el alcalde, Luis Barcala, ha emplazado la respuesta a esa cuestión a un acto de presentación "que se está preparando para dar a conocer el proyecto y dar la información que se está manipulando", ha sostenido.
Al margen de ello, también en el turno de preguntas, el edil de Coordinación de Proyectos, Toño Peral, también se ha referido a otra pregunta formulada por Vox sobre la implantación de una oficina móvil del Servicio de Atención e Información a la Ciudadanía (SAIC) para dar servicio a las partidas rurales para señalar que el ayuntamiento sigue trabajando en la puesta en marcha de la red de ciberquioscos para extender ese servicio.
La edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, ha señalado, en respuesta a una pregunta formulada por la edil del PSOE, Trini Amorós, durante el pleno de diciembre, para señalar que la Playa de San Gabriel no tiene la consideración de playa en la demarcación de Costas y ha incidido en que, pese a que sí quede registrada con esa condición en el Pativel, se trata de una planificación que ha quedado sin efecto a la espera de que se resuelva el recurso de casación planteado ante el Tribunal Supremo (TS).
Así, ha señalado que, además, la pervivencia de las vías de ferrocarril impide el acceso de la maquinaria del servicio de limpieza, lo que habría forzado, según ha dicho, que se desistiese de incorporar el servicio de socorrismo en esa zona en el nuevo contrato que se aprobó en la Junta del Patronato de Turismo este lunes. En todo caso, ha apuntado que la playa quedará incorporada a ese servicio en el momento en el que sea posible su uso con esa condición.
La edil de Acción Social, Julia Llopis, ha respondido a otra pregunta previa formulada por el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, sobre la cesión de suelo en Benalúa para que pueda desarrollarse el centro social comunitario con cargo al Pla Convivint. Llopis ha contestado con críticas a la ejecución de inversiones de la Generalitat en la ciudad tanto en asistencia social como en la construcción de colegios.
Los portavoces de PSOE y de Unides Podem EU, Miguel Millana y Xavier López, han coincidido en cuestionar al alcalde, Luis Barcala, a través de dos preguntas in voce sobre el momento en el que se prevé elevar a pleno el presupuesto de 2023 y si se pretende exponerlo ante el Consejo Social de la ciudad, después de denunciar su retraso y de responsabilizar al primer edil de haber fiado su aprobación al apoyo de Vox. Al tiempo, ambos le han acusado de negar información solicitada por registro sobre el balance de ejecución de las cuentas de 2022.
Sin embargo, ninguna de las dos cuestiones ha recibido respuesta. En primer término, la edil de Hacienda, Lidia López, ha señalado (ante la ausencia momentánea del alcalde del salón de plenos) que se facilitaría una respuesta en el próximo pleno. Y la misma contestación ha ofrecido el alcalde al reincorporarse al desarrollo de la sesión. No se ha facilitado ninguna aclaración adicional, simplemente se ha demorado la contestación que podría resultar innecesaria, puesto que antes del pleno ordinario de febrero podría tener lugar la sesión extraordinaria de aprobación de las cuentas.
Entre el resto de preguntas, el edil de Compromís, Rafa Mas, ha tratado de cuestionar sobre la ejecución de mejoras en infraestructuras deportivas municipales, tras una intervención en la que ha puesto de manifiesto su deterioro. Sin embargo, el alcalde ha resuelto que la pregunta había decaído en tanto que se había agotado el tiempo de su intervención (tres minutos) sin que formulase una interrogación concreta. Por su parte, el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, también ha aplazado la respuesta a otra pregunta formulada por el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, sobre el avance de las negociaciones sobre la retirada de las vías del ferrocarril en Benalúa tras el principio de acuerdo alcanzado este miércoles.
Lo cierto es que no ha habido menos carga política en el debate de las declaraciones institucionales: propuestas de resolución en las que se emplaza al propio ayuntamiento o a otras administraciones, sin ningún tipo de eficacia ejecutiva real. En primer término, se ha aprobado la declaración institucional promovida por PP y Cs por la que se expresa el rechazo al traslado del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu) de Alicante a València. La propuesta ha quedado aprobada con los votos del bipartito y Vox frente al rechazo de PSOE, Unides Podem EU y Compromís, después de que la edil de Sanidad, Julia Llopis, haya incidido en la crítica a la decisión que ha calificado de "recorte" en materia de Sanidad a cargo del Consell del Botànic. En parecidos términos se ha expresado el portavoz de Vox, Mario Ortolá, quien ha sostenido que, precisamente, la medida viene impulsada por el departamento que quedó a cargo de la responsabilidad de la actual candidata del PSOE a la Alcaldía, Ana Barceló. Por su parte, los grupos del eje progresista han señalado que el traslado del Cicu obedece a la necesidad de una reestructuración, sin que ello conlleve una reducción del servicio.
Todas las propuestas presentadas por psoe, unides podem eu y Compromís han quedado rechazadas con la suma de los votos de PP, Cs y Vox, salvo la planteada por la coalición valencianista para solicitar que el hércules sea bic
El mismo resultado ha tenido la segunda propuesta de declaración presentada por el equipo de gobierno por la que insta a la Generalitat a que medie con la empresa La Alcoyana, concesionaria del servicio metropolitano de transporte, para poner fin a la huelga de autobuses nocturnos en la comarca de l'Alacantí y que se habilite un sistema metropolitano de transporte en el que todos los municipios de la comarca estén integrados.
Tanto el edil de Transportes, Manuel Villar, como el alcalde, Luis Barcala, ha incidido en que el servicio es competencia de la Generalitat, por lo que han recriminado a PSOE, Unides Podem EU y Compromís que traten de "proteger" al Consell. Además, el primer edil ha reclamado a los ediles del eje progresista que exijan a sus representantes autonómicos a que medien en ese conflicto laboral como ha hecho el ayuntamiento en las contratas de servicios que son de su competencia. Por su parte, los ediles del eje progresista han incidido en que la solución al problema del transporte consiste en la creación de un ente metropolitano de coordinación que debería impulsar y promover el Ayuntamiento de Alicante.
La concesionaria del autobús de l'Alacantí, abierta a dialogar tras el preacuerdo con la plantilla
No ha prosperado, sin embargo, la propuesta de declaración institucional presentada por el grupo municipal del PSOE por la que se planteaba un pacto por la educación pública alicantina entre los grupos políticos y las AMPAS que contemple la calendarización de las obras de mantenimiento y conservación de los centros educativos públicos, así como las de nueva construcción. La iniciativa -que, como ha subrayado la edil socialista Trini Amorós, se ha venido planteando en términos similares con anterioridad a lo largo del mandato-, sí ha contado con el apoyo de Unides Podem EU y Compromís, quienes, en la línea de Amorós, han recriminado que el equipo de gobierno y, en particular, la edil de Educación, Julia Llopis, el bloqueo que atribuyen al bipartito respecto al desarrollo del Plan Edificant y que no hayan asumido "sus competencias municipales" para concretar esas necesidades educativas, según ha señalado Mas. Así ha recriminado que Llopis pretenda convocar ahora a las AMPAs, en una reunión prevista para el 30 de enero, para darles a conocer ese mapa de necesidades.
La edil de Educación, Julia Llopis, ha asegurado que el Plan Edificant "está en marcha y ahí están las licitaciones en curso" y ha acusado a los partidos del eje progresista que no hayan mencionado la construcción del CEIP La Almadraba, que debe quedar ejecutado por la Conselleria de Educación de forma directa. Además, ha considerado que "cuando se habla de un pacto educativo, debería promoverse un pacto nacional". Así, la votación se ha cerrado con el rechazo de la propuesta por 15 votos en contra (PP, Cs y Vox) frente a los 13 a favor de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.
Asimismo, también ha quedado rechazada la propuesta de declaración institucional presentada por el PSOE por la que se plantea organizar un acto de homenaje para que el Ayuntamiento de Alicante entregue los 27 "Taulells de la Memoria," enviados por el Gobierno Valenciano, a los familiares de los veintiséis alicantinos y una alicantina confinados en los campos de concentración nazis, y que erija un monumento en su memoria. El edil socialista Manuel Marín ha lamentado el olvido que, a su juicio, se confería a estos represaliados. El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha anticipado su rechazo por el hecho de que no se incluya el reconocimiento a las víctimas de otros regímenes comunistas. Y el edil de Cultura, Antonio Manresa, ha zanjado el debate al considerar que la iniciativa consideraba innecesaria en la medida en que "todos los años, el ayuntamiento organiza un acto de homenaje al respecto". Además, ha reprochado a los partidos del eje progresista que no se cumpla la ley de Memoria Democrática en municipios como Monforte. En último término, la propuesta ha quedado desestimada por 15 votos frente a 13.
La tercera declaración institucional promovida por el PSOE para instar al Gobierno de España a que incluya en el contrato programa de la variante de Torrellano la reversión de la electrificación de las vías del litoral sur de Alicante y su eliminación ha tenido un desenlace similar aunque con una votación que se ha saldado con una diferencia superior. La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha justificado la iniciativa con el fin de introducir las garantías que exigen los vecinos de la zona sur de Alicante de que se produzca la retirada del trazado del ferrocarril en la fachada marítima.
No obstante, el portavoz de Vox, Ortolá, ha recriminado al PSOE que vuelva a "reciclar" una iniciativa que ya se debatió en el pleno de diciembre, en el que se acordó, por unanimidad, la reivindicación de la variante de Torrellano, y ha lamentado "la falta de trabajo de sus nueve concejales", además de considerar "ridículo" que el PSOE plantee una propuesta para instar a un gobierno en el que tienen responsabilidades. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha respondido a Ortolá que Vox ha reiterado en varias ocasiones las mismas iniciativas en el pleno (como la relacionada con el uso del valenciano) y, después, ha anticipado que su formación no podía secundar la propuesta ante el temor a que la provisionalidad de la electrificación pueda convertirse en definitiva ante la inacción de los distintos gobiernos del PSOE y del PP en Madrid. En parecidos términos se ha pronunciado el líder de Unides Podem EU, Xavier López, quien ha recordado otras situaciones provisionales que ha atribuido al PP, como la situación de la estación de autobuses en el Puerto.
El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, ha señalado que la iniciativa no tiene sentido puesto que, a su juicio, se plantea una provisionalidad que no estaría justificada, ya que podría optarse por construirse la variante de Torrellano para luego desviar los trenes por ese nuevo trazado. "Son 80 millones tirados a la basura", ha dicho, y ha considerado que "no es una iniciativa que no responda a la demanda de los ciudadanos". Así, ha añadido que "se va a construir una nueva línea electrificada en el frente litoral sin que vaya a servir para conectar con el Corredor Mediterráneo, porque eso solo va a suceder cuando se ejecute la variante de Torrellano", ha dicho. La portavoz del PP, Mari Carmen de España, también ha justificado su rechazo a la propuesta con argumentos similares al dudar de esa provisionalidad y reiterar la exigencia de que se lleve a cabo la variante de Torrellano frente a las "mentiras" que pueda prometer la secretario de Estado de Transportes, Isabel Pardo, "que fue presidenta de Adif y que no hizo nada por la retirada de esas vías". En la votación, la iniciativa ha sido rechazada por PP, Cs, Vox y Compromís (17 votos) frente a los 11 votos a favor de PSOE y Unides Podem EU.
No ha prosperado, tampoco, la cuarta de las iniciativas de los socialistas, con las que se reclamaba una mayor promoción turística de Alicante y la participación de los sectores turísticos en las próximas ediciones de la etapa salida de la Ocean Race. La portavoz adjunta del PSOE, Trini Amorós, ha subrayado el impacto promocional del evento, así como la cifra de asistentes, y ha lamentado la falta de respaldo institucional y económico por parte del Ayuntamiento, que no habría organizado ninguna actividad para extender el efecto de la prueba en la ciudad con actuaciones coordinadas con el sector de la restauración, por ejemplo.
El edil de Vox, José Bonet, ha señalado que la propuesta debería incluir también más implicación de la Generalitat en las actividades en la ciudad, pese a reconocer el éxito del evento. El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha insistido en la necesidad de aprovechar el evento deportivo para ampliar su rédito sobre la ciudad, con iniciativas como la puesta en marcha de una escuela de vela, entre otros puntos. Y en una posición similar se ha pronunciado el líder de Unides Podem EU, Xavier López, quien ha acusado al bipartito de no atender cuestiones de interés turísticos como el funcionamiento del ascensor del Castillo de Santa Bárbara. De igual modo, ha recriminado la falta de apoyo de la Diputación hacia el evento.
Por último, por el equipo de gobierno, la edil de Turismo, Mari Carmen Sánchez, ha señalado que la Ocean Race la gestiona el Consell "y hemos trabajado en coordinación para dar a conocer la regata", ha señalado. Además, ha apuntado que durante el desarrollo de la cita se incorporó un expositor municipal y ha señalado que la función de la ciudad era promocionar el evento en el exterior, "porque de la promoción de la ciudad ya se encargaba el Consell". Y, tras remarcar la colaboración entre ambas administraciones, ha señalado que "lo que nos gustaría es que se cerraran nuevas ediciones de la regata en el futuro porque ahora mismo no hay ninguna comprometida", aunque sí está firmada la próxima edición, en el invierno de 2026/2027. También ha intervenido el alcalde, Luis Barcala, quien ha sostenido que había ofrecido su colaboración a la Generalitat para que se firmasen nuevas ediciones, ante el interés de otras ciudades competidoras como Lisboa. Además, ha considerado que la propuesta del PSOE estaba inspirada en intereses políticos. En la votación, la propuesta ha quedado rechazada por 15 votos de PP, Cs y Vox, frente a los 13 de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.
Como ha sucedido con todas las propuestas registradas por el PSOE, tampoco ha quedado aprobada la iniciativa presentada por Unides Podem EU para conservar las melias en la Avenida de la Constitución, por su consideración de patrimonio natural de la ciudad. La edil de la confluencia, Vanessa Romero, ha defendido la permanencia de las melias como elemento para procurar sombra y ha lamentado el estado de deterioro en el que se encuentran las raíces de dichos ejemplares de árboles en la actualidad, cuando, según ha dicho, "lo que se nos dice es que se quieren trasplantar para garantizar su protección". Al tiempo, ha alertado sobre el estado de otros árboles en otros puntos de la ciudad, como la avenida de Benito Pérez Galdós. El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha expresado su rechazo a la iniciativa al considerar que el arbolado está causando desperfectos sobre las aceras. El edil de Compromís, Rafa Mas, ha exigido que el equipo de gobierno facilite los informes que justifican la decisión del traslado. Y el edil del PSOE, Raúl Ruiz, se ha sumado a esa petición y ha emplazado al bipartito a tener en cuenta las 6.000 firmas presentadas para solicitar la protección de las melias.
Por el equipo de gobierno, el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, ha señalado que ya se han llevado más de 50 traslados de ejemplares en la ciudad y ha incidido en que los grupos progresistas no alzaron la voz con el traslado de las palmeras del paseo del Puerto. Además, ha desglosado el contenido de los informes de los técnicos municipales en los que se detallaría las circunstancias que aconsejan el trasplante de los ejemplares y ha anticipado que todos ellos se llevarán hasta el parque Sergio Melgares. La votación, de nuevo, ha deparado el rechazo de la propuesta por 15 votos frente a 13.
La enésima iniciativa relacionada con el trasvase del Tajo Segura, esta vez presentada por Compromís, tampoco ha quedado refrendada. La coalición valencianista planteaba que se instase al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico a respetar los acuerdos alcanzados en el Consejo Nacional del Agua, la continuidad del trasvase Tajo Segura y a apoyar las justas demandas de los regantes alicantinos, y al Gobierno Central, al mantenimiento de las inversiones recogidas en el plan especial de actuación ya acordado y a diseñar un plan de seguimiento de la depuración de aguas en los territorios que no la realizan correctamente, contemplando su paulatina mejora como un elemento de revisión de las necesidades de caudales ecológicos. En la defensa de esa iniciativa, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha interpelado al presidente del PPCV, Carlos Mazón, para que se sumase a la reivindicación de la mejora en el tratamiento de aguas residuales de la Comunidad de Madrid para incrementar la calidad del agua y evitar que tenga que incrementarse el caudal ecológico del Tajo.
El edil de Vox, José Bonet, ha anticipado su rechazo a la propuesta tras recriminar que Compromís se abstuviese en la votación del Consejo del Agua sin defender a los regantes del sur de la provincia de Alicante. El portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, también ha adelantado su rechazo al considerar que el modelo trasvasista no es el idóneo y, además, ha señalado que no daría alas "a la única herramienta que tiene el señor Mazón para darse a conocer fuera de Alicante".
Por Ciudadanos, Adrián Santos Pérez, ha considerado que la decisión del Consejo de Estado no estaba justificada en informes técnicos y ha considerado que, con esta iniciativa, Compromís "pretende nadar y guardar la ropa" después de haberse abstenido en la votación.
Por el PSOE, su portavoz, Miguel Millana, ha recurrido a la respuesta estandar por el PSPV-PSOE para señalar que la postura socialista es la de "defender la disponibilidad de agua para siempre". Además, ha puesto en valor las inversiones promovidas por el Gobierno en la parte alta de la cuenca, así como la bonificación en el precio del agua desalada anunciada por el presidente de la Generalitat este miércoles, aunque también se ha mostrado crítico con el hecho de que se cambiase el texto de la propuesta preacordada en el Consejo del Agua.
Por su parte, el edil del PP y presidente regional del partido, Carlos Mazón (en otra de sus escasas intervenciones en el pleno de Alicante), también ha anticipado su voto en contra al sostener que la propuesta de Compromís "es un intento de salvar los muebles" después de que "su consellera, la señora Navarro, se abstuviese en la votación". Así, ha abogado por la defensa de la unidad y ha rechazado que el problema sea la falta de depuración en Madrid, que ha negado. En este sentido, ha incidido en la defensa de la continuidad del trasvase "sin que la solución sea la apuesta por la desalación masiva". De este modo, una vez más, el resultado de la votación ha sido de 15 votos en contra frente a 13 a favor, por lo que también ha quedado rechazada.
Tampoco ha prosperado la segunda iniciativa promovida por Compromís por la que se planteaba crear un registro municipal de viviendas que lleven deshabitadas dos o más años, con el fin de gravar esa situación, e instar al Gobierno Central a que se apruebe la Ley de Vivienda. El edil Rafa Mas ha sostenido que la propuesta trata de servir como instrumento para combatir el encarecimiento del precio de la vivienda y de los precios del alquiler. Con todo, no ha suscitado el apoyo de Vox. Su portavoz, Mario Ortolá, ha considerado que de lo que se trataba era de efectuar un "registro comunista" y ha señalado que gran parte de esas viviendas desocupadas es propiedad de la Generalitat. La edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, sí ha expresado su respaldo a la iniciativa y ha solicitado apoyo a la propuesta de modificación fiscal promovida por su grupo para gravar las viviendas de los grandes tenedores de vivienda que permanezcan desocupadas.
La edil del PSOE, Lola Vílchez, ha defendido las iniciativas recogidas en la nueva Ley de Vivienda en fase de tramitación, entre las que se contempla la posibilidad de gravar las viviendas vacías y se procuran medidas para dar "una respuesta habitacional" a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad que vayan a ser desalojadas. Por el equipo de gobierno, la edil de Acción Social, Julia Llopis, se ha referido a las ayudas para el alojamiento de personas en situación de vulnerabilidad "que pudimos gestionar pese a disponer de solo tres meses y después nos rechazaron la justificación de parte de ellos", ha dicho. Además, ha insinuado que "lo que ustedes quieren es que exista un registro oficial de viviendas desocupadas que puedan ser ocupadas de forma ilegal". A la postre, la iniciativa también ha quedado tumbada por 15 votos en contra frente a 13 a favor.
La última declaración institucional defendida por Compromís, para solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte que inicie los trámites para la inclusión del Hércules Club de Fútbol en el Catálogo como Bien de Interés Cultural (BIC), sí ha prosperado. Además, por unanimidad. El edil Rafa Mas la ha justificado ante la necesidad de garantizar la supervivencia del club como elemento esencial de la identidad alicantina cuando atraviesa el peor momento de la historia. No obstante, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha anunciado su apoyo a la iniciativa, pese al considerar que "han fallado las formas" por el hecho de haber recurrido a referencias sobre la causa judicial en la que se encuentra envuelto el club, y pese a lamentar que la propuesta no se hubiese tratado de consensuar con el conjunto de grupos políticos.
La edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, ha tirado de ironía para expresar sus dudas sobre la idoneidad de la figura del BIC para proteger al club, tras realizar una defensa del herculanismo. Por el equipo de gobierno, el edil de Cultura, Antonio Manresa, también ha lamentado que la propuesta no se tratase de consensuar con el conjunto de la corporación, aunque ha anticipado el respaldo de PP y Cs, después de que se hayan desplegado distintos actos desde el ayuntamiento para apoyar el centenario del club. Por el PSOE, Miguel Millana, también ha anticipado su respaldo como vía para garantizar la protección del club.
Por último, por lo que respecta a la declaración institucional registrada por Vox en la que se insta al equipo de gobierno a resolver las deficiencias en materia de recursos humanos, instalaciones y medios materiales que presenta la Policía Local de Alicante, ha quedado desestimada con el voto en contra de los ediles del bipartito y del conjunto de los grupos del eje progresista. En esta línea, el edil de Seguridad, José Ramón González, ha expuesto la inversión destinada por el equipo de gobierno a lo largo del mandato para renovar la adquisición de nuevos vehículos y de material de protección personal, tras citar un informe del comisario principal en el que se detalla cuál es el estado de esos equipos.
LOS EDILES DEL PP ACUSAN A LOS REPRESENTANTES DEL EJE PROGRESISTA DE LIMITARSE A DEFENDER LA GESTIÓN DEL BOTÀNIC "EN CONTRA DE ALICANTE" Y NO ESCATIMAN EN ALUSIONES SOBRE LAS INFORMACIONES SOBRE ANOTACIONES CON EL NOMBRE DE X. PUIG EN LA DOCUMENTACIÓN INVESTIGADA EN EL 'CASO AZUD'
En el cierre de la sesión, se ha debatido una última declaración institucional de urgencia registrada por PP y Cs en la que se insta a la Generalitat a acelerar el pago de las subvenciones del bono joven destinado a cubrir los gastos para el alquiler de los jóvenes. El edil de Vivienda, José Ramón González, ha incidido en que ese programa sería otro ejemplo "del fracaso en la gestión" del Consell del Botànic, tras citar situaciones como la falta de construcción de colegios o la ausencia de promoción de viviendas públicas. Además, ha vuelto a referirse a otro de los temas recurrentes que los representantes del PP han traído a colación a lo largo de toda la sesión, como las informaciones sobre el sumario del 'caso Azud' en las que se expresarían alusiones al presidente de la Generalitat bajo indicaciones rotuladas como "X. Puig". Por su parte, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha señalado que el programa del bono joven es "otro ejemplo de la hipocresia de la izquierda". El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha emplazado al PP a reclamar a su candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá, a detallar cuáles son las claves del caso Azud "ya que es ella la que parece que las conoce", ha dicho. Respecto a la situación de las ayudas de alquiler, ha apuntado que "parece que ahora se está comenzando a resolver ahora con el desbloqueo de los pagos".
Por Unides Podem EU, Xavier López, ha puesto en valor la labor de la Conselleria de Vivienda para sostener que durante la etapa de gobierno del PP no existía esa línea de ayudas. Además, ha recriminado a González que acuse al Consell de falta de gestión "cuando es el concejal 0, que no ha promovido ni una nueva sola vivienda en el municipio" y que, según ha dicho, solo ha podido ejecutar la ampliación del Centro 14 gracias a la financiación de la conselleria. De igual modo, ha recriminado que la edil de Acción Social critique la gestión de Vivienda "cuando ha tenido que devolver parte de las ayudas que se le han concedido". Por último, se ha referido a la presentación del Plan Barrios realizada por el vicepresidente del Consell, Héctor Illueca, en el barrio de Virgen del Remedio.
El alcalde, Luis Barcala, ha terciado en el debate para sostener que el proyecto presentado por Illueca para la rehabilitación de 456 viviendas de Virgen del Remedio es un proyecto redactado por el Ayuntamiento. De este modo, ha sostenido que "en este caso, el señor Illueca es un mero gestor de los fondos". Además, el primer edil ha respondido a las críticas vertidas por el hecho de que él no fuese a Virgen del Remedio a acompañar a Illueca, para asegurar que tenía concertada agenda previa cuando se le comunicó esa visita y ha sostenido que "me he reunido con él y le he expuesto cuáles son los problemas de Alicante sin que haya servido para que entienda nada". Es más, ha asegurado estar dispuesto a visitar con él el barrio de Miguel Hernández para preguntarle "si el estado en el que se encuentran los primeros bloques en los que se ha comenzado a intervenir", cuya rehabilitación ha quedado paralizada tras la resolución de la adjudicación, "va a ser la misma del resto de bloques".
En el último turno de intervención respecto al fondo de la propuesta, la edil del PSOE, Lola Vílchez, también ha sostenido que, bajo el mandato del PP, no existían ese tipo de ayudas al alquiler de los jóvenes y ha acusado a los dos partidos que conforman el equipo de gobierno de acudir a la mentira. En el momento de la votación, la declaración ha quedado aprobada con los 15 votos de PP y Cs y los 13 votos en contra de PSOE, Unides Podem EU y Compromís.