PP y Cs recelan del anteproyecto del Fondo de Cooperación: lo analizarán por si invade competencias

ALICANTE. La Diputación de Alicante estudiará el anteproyecto de ley del Fondo de Cooperación Municipal que ha aprobado hoy el pleno del Consell para evaluar los efectos que esta norma podría tener en el presupuesto de la institución provincial y en su autonomía y competencias. 

Los dos grupos que conforman el equipo de gobierno –PP y Cs- han mostrado su intención de analizar con detalle los aspectos de este texto con el que el Gobierno valenciano pretende obligar por ley a las diputaciones a financiar este programa.

La Diputación de Alicante viene impulsando desde hace años un fondo de cooperación municipal propio, dotado con 14 millones de euros, del que se benefician todos los ayuntamientos de la provincia de Alicante y en el que se fijan unos criterios de reparto que busca favorecer a los municipios más pequeños de la provincia y que más lo necesitan.

Además, tal y como ha destacado el portavoz de gobierno, Adrián Ballester, “la institución provincial es en sí misma un fondo de cooperación y apoyo a los ayuntamientos a través de los múltiples y distintos programas que ponemos en marcha y que tienen como principales beneficiarios a los ayuntamientos”.

Así, ha recordado que solo en 2020, las partidas económicas destinadas a la colaboración con los municipios de la provincia para garantizar la prestación de servicios básicos y de calidad ascienden el próximo año a 89,2 millones de euros.

El diputado de Infraestructuras y portavoz de Cs, Javier Gutiérrez, ha manifestado que “es una gran decepción que se haya impuesto un anteproyecto de ley sin abrir un debate previo pese a que incluso la Diputación de Valencia está de acuerdo en que los criterios de reparto deben revisarse porque, tal como están, perjudican a los pueblos más pequeños”.

Gutiérrez ha defendido la necesidad de “abordar el modo en que se financia dicho fondo. Desde el equipo de Gobierno planteamos que deben ser más flexibles, abriendo otras vías de financiación, en consonancia con lo que establece la Constitución y de acuerdo con la lógica competencial de las diputaciones”.

Finalmente, ha insistido en abrir una mesa de negociación para hablar de las competencias impropias que se están financiando desde la institución provincial y del déficit cultural.