VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado dos días a las partes para que presenten alegaciones contra la exposición razonada de la jueza de Catarroja en la que pide que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la Dana.

En una diligencia de ordenación de este martes, hecha pública por el TSJCV, el letrado de la Sala de lo Civil y Penal del tribunal registra la exposición razonada elevada por la magistrada de Catarroja debido a la condición de aforado de Carlos Mazón por ser diputado de Les Corts Valencianes y ha otorgado dos días de plazo a la Fiscalía y a las demás partes personadas en el procedimiento para formular alegaciones.

Se trata de un trámite del procedimiento contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que obliga a dar voz tanto a la Fiscalía como al resto de partes personadas. La diligencia de ordenación de este martes establece, atendidos los antecedentes que constan en la Sala, la designación del tribunal encargado de resolver sobre la admisión o inadmisión de la exposición razonada.

Estos serán el presidente de la Sala y del TSJCV, Manuel Baeza, la magistrada Pía Calderón (ponente), instructora del caso Cooperación que acabó con la condena al exconseller Rafael Blasco, y el magistrado José Francisco Ceres, uno de los jueces que archivaron la causa de los trajes contra Francisco Camps, más tarde reabierta por el Supremo y con sentencia absolutoria al expresident.

De esta manera, tanto las acusaciones particulares y populares -hay cerca de 40 en total- como las defensas de los dos investigados, la del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, podrán exponer lo que consideren ante la sala del alto tribunal que más tarde ha de dirimir sobre la exposición razonada elevada por la magistrada, en la que considera que Mazón actuó con una "pasividad" negligente y que habría resultado en los 230 fallecimientos investigados.

En el escrito, remitido la semana pasada al TSJCV, la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana sostiene que existe un "nexo causal" entre "la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo" y las muertes que produjeron las riadas.