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prevista para un contrato de cuatro años por 350.000 euros

Orihuela, con más de 200 procedimientos en contra desde 2016, saca a concurso la asistencia jurídica

8/08/2019 - 

ORIHUELA. La ciudad oriolana busca formalizar un nuevo contrato para la asistencia judicial. La defensa del Ayuntamiento llevará las acciones judiciales y también deberá formular peticiones o reclamaciones administrativas, así como recursos jurisdiccionales. También tendrá que asumir la defensa del Ayuntamiento frente a las reclamaciones y recursos que se interpongan ante tribunales. La propuesta de contrato, emitido por la Secretaría General, ahonda en la necesidad de contratar de nuevo el servicio, que acaba el 31 de octubre de 2019. El Ayuntamiento de Orihuela presenta una gran litigiosidad, especialmente en lo contencioso-administrativo y, de hecho tiene pendientes, desde 2016 hasta el momento, más de 220 procedimientos en contra. Además, en este momento no hay en plantilla puestos de trabajo de letrados municipales, por eso se licita la contratación de los servicios especializados de defensa judicial.

Desde el Ayuntamiento apuntan que la necesidad es evidente, puesto que no pueden renunciar a la defensa, bien de interés público, o bien de defensa a recursos contra los actos y resoluciones municipales. Para esta labor, prefieren los servicios de un solo despacho profesional, con una o varias personas que dirijan el conjunto de la defensa del Ayuntamiento de Orihuela. Dentro de la plantilla municipal no se encuentra cubierto, ni creado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) el puesto de Asesoría Jurídica y mientras no se cubra el puesto es preciso contar con un servicio externo. Ahora que han comprobado el crédito suficiente y adecuado, buscan crear esta contratación. El valor estimado del contrato será de 84.700 euros al año y tendrá vigencia por cuatro años con una posible prórroga de un año. El valor estimado del contrato será de 350.000 euros. 

Los procedimientos judiciales interpuestos en estos momentos contra el Ayuntamiento de Orihuela, de 2016 a 2019, suman más de 220. De 2016, quedan 49 procesos contenciosos administrativos, nueve por lo social y uno por lo penal. Asimismo, de 2017, existen 45 litigios por lo contencioso administrativo y 34 por lo social. Mientras, en 2018 se presentan 42 juicios por lo contencioso administrativo, 15 por lo social, uno penal y dos de instrucción y primera instancia. Este año, hasta finales de junio, quedan pendientes 13 litigios por lo contencioso administrativo y siete por lo social. 


El último contrato de asistencia jurídica del Ayuntamiento de Orihuela se inició en 2016 y tuvo un importe de 70.785 euros anuales al despacho de Ros Castejón con sede en Torrevieja y Orihuela. El contrato incluía que el despacho prestara asesoría y defensa jurídica en todas las áreas administrativo, penal, laboral y otros que puedan surgir del ayuntamiento. El mismo carácter que la nueva licitación que se plantea en estos momentos.

La duración de aquel del contrato era de dos años más otros dos prorrogables y la de Ros Castejón fue la mejor valorada. El titular del despacho, Federico Ros, ya representaba al consistorio oriolano en muchas causas, bajo los mandatos de José Manuel Medina y Mónica Lorente, pero hasta el momento había un reparto de asuntos entre varios abogados. Sin embargo, ante las dificultades que ponía el área de Interventor para el pago de las minutas, el equipo de gobierno que preside Emilio Bascuñana decidió sacar el contrato a licitación. Federico Ros era socio, a su vez, del abogado y ex diputado del CDS Rafael Martínez Campilloen MC Urbanistas y llevaban en 2016 la asesoría jurídica de varios consistorios de la Vega Baja. Su gran competidor es Abogados y Consultores de Administración Local, Acal, que lleva la asesoría de ayuntamientos como Rafal, Dolores, Los Montesinos, Daya Vieja y Benferri, entre otros.

En estos momentos quien representa al Ayuntamiento de Orihuela en el juicio del Caso Brugal es el letrado Miguel Porras. Fue designado en 2016 por el equipo de gobierno en ese proceso y juicio, tras despedir a la letrada Cristina Hernández, que hasta entonces había ejercido esa labor.


Los servicios previstos por el servicio jurídico serán, entre otros, la emisión de informes a petición de los órganos de gobierno en relación al posible ejercicio de acciones judiciales o en relación a la defensa municipal ante la interposición de cualquier recurso. También incluirá la valoración de la procedencia del inicio de la acción o las posibilidades de la defensa municipal antes de cada proceso. Asimismo, el servicio tendrá que emitir informes relativos a piezas separadas de suspensión y representar al Ayuntamiento en Ayuntamiento de Orihuela ante cualquier juzgado o tribunal. El contrato incluye cláusula de no exclusividad y solo en supuestos excepcionales y por razones de urgencia los letrados podrán anunciar, preparar o interponer los recursos procedentes sin autorización previa. El contratista estará obligado a desplazar al Ayuntamiento a un letrado cuando se requerido, de manera inmediata, para asesorar o informar directamente al alcalde o a los servicios administrativos. También deberá desplazarse a fin de verificar que se han efectuado las notificaciones oportunas, las citaciones, emplazamientos, y demás actos de comunicación procesal.

El Ayuntamiento de Orihuela encargará personalmente su defensa o acción letrada a dos letrados, con independencia de que además, el equipo jurídico esté compuesto por otros letrados colaboradores. Serán los letrados directores los que comparezcan ante los tribunales en representación municipal. Los letrados adscritos a la misma, habrán de abstenerse de intervenir profesionalmente a favor de particulares, organismos o entidades públicas o privadas en asuntos que afecten directamente al Ayuntamiento de Orihuela y en ningún caso podrán actuar como letrados en contra del Ayuntamiento oriolano. 

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