BENIDORM. Un nuevo informe del interventor accidental del Ayuntamiento de Benidorm paraliza el pliego para la licitación del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos de la ciudad. El concejal de Escena Urbana, José Ramón González de Zárate, explicó a este diario que esta nueva resolución, junto a la respuesta de Ingeniería, las trasladarán a la Intervención General de la Generalitat Valenciana para que proceda a poner luz de nuevo a estas discrepancias y proceder con "transparencia y paciencia total".
Como ha venido contando este diario, el Consistorio elaboró el documento pero ha encontrado varios reparos por parte del área fiscalizadora. Motivo por el cual, el gobierno local, con el PP en mayoría absoluta, decidió elevar a la administración autonómica todo el expediente para que lo solventara. Y así se hizo, informando favorablemente la propuesta de resolución de discrepancias teniendo en cuenta, bajo el criterio de la Intervención General, que ninguno de los reparos tenían efectos suspensivos.
Pero el alto funcionario local mantiene algunos de sus reparos. El nuevo informe de Intervención vuelve a mostrarse contrario puesto que considera que el artículo 12.3 del RD 424/2017 concluye que tiene efectos suspensivos "cuando se hayan omitido requisitos o trámites que pudieran dar lugar a la nulidad del acto, o cuando la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local o a un tercero". En este sentido, manifiestan que "no cabe duda" que el "desequilibrio presupuestario por el incremento del coste del servicio indicado en el punto sexto puede causar quebrantos económicos a la Tesorería de la Entidad Local".
Así, entiende que el reparo que formula referente al cumplimiento de los principios de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tiene la consideración de esencial y por tanto, con efectos suspensivos. Sobre este reparo, señala que se podrá anular cuando se incluya en el expediente una valoración que garantice una situación de equilibrio o superávit estructural.
Pero no es la única consideración que muestran en su informe. Entre otras cuestiones, manifiesta estar sorprendido porque le diga que sus resoluciones contienen criterios no están motivados "adecuadamente con razonamientos fundados en las normas correspondientes". De este modo, el alto funcionario de Benidorm indica que en su escrito del 20 de octubre de 2022 se citan expresamente.
En relación a la duración del contrato, la administración autonómica señala que no existen elementos de juicio suficientes para concluir que no se justifican las circunstancias de excepcionalidad para ampliar en más años de los ocho o diez que defiende el interventor. Pero este último considera que la cuestión de fondo no es la analizada por su homónima, y obedece a la vida útil de los camiones, que es "muy inferior al periodo de recuperación de la inversión que se requieren", por lo que considera que se tendría que continuar prestando el servicio durante años sin la maquinaria necesaria o incurrir en unos costes extraordinarios de mantenimiento de una infraestructura obsoleta.
A su vez, señala que hay cuatro informes previos del ingeniero redactor de los pliegos, "contradiciendo su actual criterio", en el que habla de un periodo de amortización de diez años. Así como escritos de la concesionaria actual, FCC, y un informe externo, todos ellos hablando del plazo mencionado.
Sí que dice estar dispuesto a levantar el reparo sobre la exigencia de añadir el anteproyecto de explotación, para lo cual, la interventora general subraya que la discrepancia fue aceptada por el informe del ingeniero. Aunque el de Benidorm insiste en que no se ha llegado a incorporar el documento al expediente de licitación, como así se pedía, por lo que anulará el reparo en cuanto esto sea efectivo.
El informe del interventor, al que ha tenido acceso este diario, sigue respondiendo al escrito llegado de València en un documento de seis páginas. Así, lamenta que, bajo su criterio, no se haya fundamentado los motivos por los que consideran que los criterios por baremos sí que se ajustan a lo dispuesto en la ley. Y recalca que existe la falta de definición en los pliegos de qué es lo que se va valorar, lo que podría provocar la eliminación de ofertas que se entienda que no cumplen con axiomas que no vienen especificados, "lo que vulnera los principios de igualdad, transparencia y libre competencia".
Sobre el informe del interventor local se pronuncia el ingeniero del Ayuntamiento ya que considera que menciona algunos puntos en los que él ha emitido resoluciones y no se ajustan a la realidad, por lo que trata de "aclararlos". Así, explica que a los cuatro informes que menciona en un principio "que supuestamente contradicen al actual criterio", se referían a las condiciones del contrato por el que se rigen a día de hoy. Estas contemplan que la maquinaria es una inversión municipal y la ciudad asumía la totalidad de los costes de su mantenimiento, sin riesgo alguno para el concesionario.
Pero para el pliego actual se prevén otras condiciones, es decir, es una inversión del contratista y su mantenimiento es asumido por el mismo, además de trasladados al canon según su oferta, por lo que el Ayuntamiento no paga sobrecostes por ellos. Es por esto que niega "rotundamente" que exista contradicción entre informes técnicos porque son situaciones "totalmente diferentes y no comparables". Es más, explica que este nuevo criterio permite resolver "los problemas de gestión y definición que plantea el contrato actual, proponiendo fórmulas diferentes, que no contradictorias, más favorables para el Ayuntamiento de Benidorm".
Por lo que respecta al reparo sobre incluir el anteproyecto de explotación, señana que la propuesta del concejal del 17 de marzo de 2023 ya está actualizada y con el documento añadido.
Con todo, el mantenimiento de los reparos por parte de Intervención motivaría algunos escenarios complicados para el gobierno local, como es que el pleno vote el levantamiento de los mismos. Lo cierto es que de momento, los populares han decidido enviarlo de nuevo a Intervención General para que sea ella la que se pronuncie. Como consecuencia, la licitación vuelve a retrasarse a pesar de que estaba prevista su propuesta para el próximo pleno del 27 de marzo. "Este pliego lo que busca es una imagen espectacular de la ciudad, mejorar en sostenibilidad y cumplir las leyes nacionales y regionales de residuos", comenta González de Zárate.
El contrato actual lleva caducado desde 2018, por lo que se ha prorrogado y ampliado desde este momento, a pesar de los cambios surgidos en los últimos años. Es más, el edil indicó que el año pasado ya tuvieron que pagar impuestos por no ajustarse a la ley vigente.
