Vacunación contra la covid de personal sanitario en un centro de salud. Foto: APALICANTE. Casi la mitad de los médicos colegiados de ejercicio privado de la provincia de Alicante están trabajando ya en reclamaciones patrimoniales a la Conselleria de Sanidad por los daños y perjuicios ocasionados en 2021 al retrasar su vacunación contra la covid. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condenaba al Consell el pasado septiembre por vulneración de derechos fundamentales de estos facultativos (incluido el derecho a la vida), que abría dicha posibilidad de reclamar, ha adquirido firmeza ahora al expirar el plazo para recurrir al Supremo sin que el Consell hiciese uso de esta opción, de forma que empieza a contar el plazo de un año para reclamar.
Según fuentes del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), que presentó la denuncia que ha terminado en esta condena, antes de que la sentencia adquiriese firmeza ya había más de 150 colegiados que se habían puesto en contacto con la institución para presentar su reclamación, lo que significa que casi la mitad de los afectados tiene intención a estas alturas de reclamar una compensación económica (cuyo importe dependerá de las circunstancias particulares de cada cual). No obstante, el COMA ha enviado una circular a la colegiación con este motivo, por lo que el número de reclamaciones probablemente se incremente.
Como contó Alicante Plaza en su momento, son unos 400 los médicos de ejercicio puramente privado en la provincia (en hospitales privados o consultas particulares), ya que existen otros casos de profesionales que compaginan ambos campos y que recibieron la vacuna cuando tocada en su centro público.
La reclamación puede ser patrimonial, justificando la pérdida económica que les causó la decisión (si tuvieron que estar de baja o cerrar sus consultas particulares por contagios o cuarentenas), y personal, en el sentido de los daños morales y personales que pudiera causarles esta decisión. Por ejemplo, si entre el momento en que deberían haber comenzado a ser vacunados (el 4 de enero de 2020) y el momento en que efectivamente lo fueron (a partir del 15 de febrero) se hubieran contagiado. Ello sin tener en cuenta posibles secuelas, por lo que habrá una gradación.
Para ello, la Asesoría Jurídica del Colegio comenzó el pasado mes de septiembre, en previsión de que la sentencia finalmente acabase siendo firme, a elaborar los distintos expedientes de los colegiados interesados en presentar la reclamación patrimonial, un proceso que asumirá la institución colegial. Desde el pasado 13 de septiembre y hasta el momento, unos 150 facultativos ya se han puesto en contacto con la Asesoría Jurídica, como se ha dicho.
Como adelantó Alicante Plaza este miércoles, al no presentar recurso la Conselleria en el plazo previsto, la sentencia del TSJCV del pasado mes de septiembre adquiere firmeza, de tal manera que Sanidad ya está condenada efectivamente por vulnerar tres derechos fundamentales de los médicos privados de Alicante (no así de València y Castellón, puesto que no llevaron a cabo procesos judiciales similares). "El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha dictado decreto de firmeza de la sentencia que condena a la Administración autonómica por vulnerar los derechos fundamentales a la igualdad, la salud y la vida, tras no presentar recurso la Conselleria", destaca el Colegio.
Como se recordará, el TSJCV desestimó el recurso interpuesto por Sanidad contra el fallo que le condenó el 13 de enero de 2022 por no vacunar de igual forma y en las mismas condiciones que a sus compañeros de la sanidad pública, destacando que "(…) hubo un retraso, cuanto menos negligente, en la atención a los sanitarios de centros privados (…), retrasándoles la vacunación a pesar de la exposición a los mismos riesgos, lo que evidentemente les perjudicaba". El tribunal concluía que "está más que justificada la invocación de la vulneración del derecho a la salud, e incluso a la vida, por cuanto la exposición de los sanitarios a la infección de una enfermedad tan contagiosa y peligrosa para su integridad física (…)".
"Ante esta incomprensible discriminación en el proceso de vacunación, el COMA pone a disposición de los colegiados sus servicios jurídicos para atender cada caso de forma personalizada en la presentación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial", anuncia el comunicado. La Junta Directiva "se congratula de esta sentencia firme y ejemplarizante del compromiso del Colegio de Médicos de Alicante en la defensa de todos sus facultativos y de la profesión, y espera que sirva como antecedente para que no se repita lo sucedido. Ante una situación tan dramática como la vivida, todos los médicos son iguales y no cabe distinguir entre los que ejercen en la sanidad pública o lo hacen de forma privada".
