"Los intentos de cambiar en profundidad la Constitución perjudican nuestro derecho civil"

ALICANTE. Juan José Tortajada, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, es uno de los más destacados (tanto por su trayectoria como por el cargo que ocupa actualmente) defensores de la recuperación del Derecho Civil valenciano, arrebatado de facto por las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional contra las leyes autonómicas de régimen matrimonial, custodia compartida y parejas de hecho aprobadas por Les Corts. Este abogado con más de treinta años de ejercicio, que durante ocho fue presidente del Colegio de Abogados de Alcoy (aunque es natural de Paterna), repasa con Alicante Plaza el estado actual de la reivindicación que lidera la Associació de Juristes Valencians (AJV) para cambiar la Constitución, la situación del Turno de Oficio y las principales problemáticas de la Justicia.

-El Consejo de Colegios de Abogados se ha posicionado claramente a favor de la recuperación del Derecho Civil valenciano. ¿Apoyan la reforma de la Constitución para lograrlo?

-El pleno del Consejo aprobó por unanimidad un pronunciamiento muy claro, en febrero, cuando se celebraron en Alcoy unas jornadas sobre el Derecho Civil, para respaldar su recuperación. Lo que dice ese pronunciamiento es que, según el artículo 7 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat tiene competencias para recuperar ese derecho foral, y en armonía con la Constitución. Como sabe, luego Les Corts aprobaron dos leyes, la de Régimen Económico Matrimonial y la de Relaciones Familiares (custodia compartida), y luego la de Uniones de Hecho. Y a continuación el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales esas leyes, lo que comporta la negación de la capacidad normativa. Es una contradicción con el Estatut, que es una ley orgánica. Por tanto, la única alternativa que cabe es la reforma constitucional.

-Parece un objetivo ciertamente ambicioso. ¿Confían en que pueda lograrse?

-A ver, si abrimos el melón solo para esa modificación puntual, quizá (se trata de cambiar una disposición adicional). Pero si algunos políticos quieren aprovechar para modificar otras cosas, no se hará nunca. Si se intentan introducir otras reformas de pasada, en la votación en el Congreso saldrá 'no'. Por ejemplo, si alguien propone cambiar la monarquía por república, para entendernos. Esta intención de algunos partidos está perjudicando la causa del Derecho Civil valenciano, porque el éxito de la Constitución vigente es el consenso y las renuncias con las que nació.

-¿Entiende que la Comunitat no tenga Derecho Civil propio, pese a haber tenido autogobierno en el Reino de Aragón, y otras autonomías sin tradición como Galicia sí lo disfruten?

-Pero es que nosotros perdimos los fueros, por derecho de conquista de Felipe V. Como no estaba vigente cuando se aprobó la Constitución, nos quedamos fuera. Puede que fuera un lapsus de los 'padres' valencianos del texto constitucional, pero también es entendible, porque en ese momento había problemas más importantes que recuperar el derecho foral. Pero tiene razón en una cosa, no pedimos más que nadie, solo lo que tienen otros. Es lo mismo que nos pasa en otras parcelas.

-¿Se refiere a la financiación autonómica? ¿Por qué a los valencianos nos pasa siempre lo mismo?

-Tenemos una financiación injusta, un déficit de inversiones... siempre lo mismo. Será que nos toman por unos 'meninfot', o que no tenemos una fuerza política importante en el Parlamento nacional. Por ejemplo, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algunas partidos regionales han sido capaces de sacar tajada, mientras aquí otros se negaban a negociar una abstención o un apoyo a las cuentas a cambio de contrapartidas.

-Vayamos a la Administración de Justicia. El Turno de Oficio pasó unos años complicados fruto de los recortes aplicados por el Consell de Fabra en 2011. ¿Ha mejorado la situación?

-Lo primero que hay que dejar claro es que el Turno de Oficio es una labor social que realizan los colegios de abogados. No hay que perder de vista que a quien se ayuda es a los más desprotegidos, para que tengan asistencia letrada gratuita. Cuando se aplicaron los recortes, el baremo del Turno de Oficio que estaba vigente venía de 2005, pero el conseller Jorge Cabré lo rebajó un 35% de media. Ese baremo rebajado ha estado vigente hasta 2017. La actual Conselleria ha tenido la voluntad de recuperar los baremos, pero no hemos recuperado ni siquiera el nivel de 2005, que estaba vigente en 2011. Y si aplicamos el incremento del coste de la vida desde el 11 hasta ahora, imagine. Reconocemos que se ha hecho un esfuerzo, pero no es suficiente, aunque hay un compromiso de Mónica Oltra, al parecer, de incrementar la partida. Hay comunidades autónomas que cobran más, y no lo entendemos. Habría que establecer un baremo nacional. ¿Por qué se cobra de forma diferente si se realiza la misma función?

-Ya que habla de Oltra, ¿qué le parecen sus declaraciones tras un pleno del Consell en las que criticó a la Sala Cuarta del TSJ por suspender algunas decisiones de la Conselleria de Educación, como el plurilingüismo o la supresión de conciertos?

-El poder judicial es independiente, y el poder ejecutivo no tiene que inmiscuirse. Se puede opinar sobre si nos gusta más o menos una decisión judicial, pero no poner en duda su independencia. Un tribunal no quiere influir en la política. Ella puede legislar, y el tribunal puede decirle si lo que ha legislado es o no correcto.

-Otro asunto en el que usted se ha mostrado crítico es con la recentralización de los juzgados.

-Se centraliza para ahorrar costes, pero se traslada ese coste al ciudadano, cuando lo que deberían hacer es acercarles la Justicia. Por ejemplo, el TSJ retiró el juzgado de lo Penal desplazado en Alzira, y ahora todos los vecinos de esa zona, Xàtiva y Ontinyent tienen que ir a València. Excepto Benidorm, todos los juzgados de lo Penal son ahora provinciales, los jucios se celebran siempre en Alicante y están colapsados. Desde que se remite la instrucción al juzgado hasta que se señala la vista pasa una media de tres años, con lo cual se genera una sensación de impunidad en la víctima y el acusado, de que no pasa nada por delinquir porque nunca sale el jucio. Y ojo, porque las dilaciones indebidas se están aplicando como atenuante de forma automática en el 90% de los asuntos, con lo cual el reo obtiene un atenuante que le reduce la condena por un problema interno de la Administración de Justicia. La solución es desplazar juzgados de lo Penal que presten servicio a varios partidos judiciales. Pero claro, eso cuesta dinero.

-¿Cómo están funcionando los juzgados especiales para asuntos de cláusulas suelo?

-Pues mire, se ha creado uno por provincia, y la verdad, clama al cielo. Ya están colapsados. En la Comunitat se han presentado hasta ahora 1.411 reclamaciones, de las cuales 478 son en Alicante. Se calcula que cuando acabe el año habrán registradas unas 5.000 en la provincia. Y el ritmo de resolución, siendo muy optimista, es de 800 juicios al año, y ya son muchos. ¿Por qué se ha creado un juzgado específico en vez de atribuir competencias a los de Primera Instancia e Instrucción? ¿Tan complicado es el asunto que un juez de Instrucción no lo va a entender? Vamos a tardar siete años en resolver las reclamaciones presentadas en 2017. Siete. Y de nuevo ellos ahorran costes pero se los trasladan al ciudadano.