De izquierda a derecha, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez; el alcalde, Luis Barcala, y la edil de Hacienda, Lidia López.ALICANTE. El bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs al frente del Ayuntamiento de Alicante puso el balón del presupuesto a rodar este lunes. La propuesta de planificación económica quedó aprobada en una Junta de Gobierno de carácter extraordinario, casi cuatro meses después de que las dos formaciones consiguiesen darlo por cerrado en la fase de negociación interna, que no quedó precisamente exenta de contratiempos.
Además de la dificultad de lograr el equilibrio entre las prioridades de las dos fuerzas, el documento final tuvo que superar el tijeretazo necesario para afrontar la liquidación por los anticipos de las transferencias estatales y una última corrección sobre las partidas de personal a instancias del interventor municipal. No obstante, es ahora cuando la propuesta se someterá a su prueba de fuego definitiva al quedar sujeta al respaldo de al menos un grupo político de los cuatro que ejercen labores de oposición: PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox.
Las grandes cifras del documento ya son conocidas: asciende a 261,9 millones de euros, un 1,68% más que el de 2019 (que se traducen en poco más de 4 millones de incremento). También se ha anticipado ya que se trata del documento de partida en el que PP y Cs quieren sustentar la base de su proyecto en común para el conjunto del mandato, hasta 2023. E, igualmente, tanto el alcalde, Luis Barcala, como la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, destacaron este lunes algunas de sus inversiones principales: una suma de 4,7 millones para renovación de asfaltado; otros 6,6 para alumbrado; 1,4 para la ampliación del cementerio y 1,1 para actuaciones en las partidas rurales y reparaciones de los daños de las lluvias. A ello, se añaden los 400.000 euros para iniciar la redacción de un nuevo Plan General; otros 400.000 euros como base para impulsar el proyecto de un nuevo Palacio de Congresos en el entorno de las harineras (lo que requiere un acuerdo de compra con sus empresas propietarias y la modificación del Plan Parcial de la segunda unidad de ejecución de Benalúa Sur, cuyo Programa de Actuación Integrada acaba de cerrar ahora su fase de exposición al público con la presentación de alegaciones) y la ejecución de la zona verde del PAU 2, con una partida de 700.000 euros.
Todo, además, con la continuidad de medidas como la rebaja lineal del IBI del 5% que se aprobó en 2019, junto al resto de bonificaciones fiscales para la implantación de empresas, también aprobadas en ese ejercicio, sin que se conozca hasta ahora cuál ha sido el rédito cosechado por esos incentivos.
En todo caso, el reto ahora es que la propuesta sea capaz de seducir a alguien para que pueda quedar aprobada con más votos a favor que en contra (mayoría simple) toda vez que no ha trascendido que PP y Cs hayan alcanzado ningún pacto previo con algún otro partido. En principio todas las miradas se dirigen a Vox, ya que sus dos ediles son los que podrían inclinar la balanza en favor de su aprobación o su rechazo. Al bipartito le bastaría con su abstención para que la propuesta prosperase. Y ese podría ser el escenario más probable. Primero por una cuestión de pura afinidad ideológica que se viene reflejando en el transcurso de las sesiones plenarias. Esa afinidad se hizo especialmente evidente el pasado jueves, en un pleno en el que el bipartito y Vox formaron bloque y votaron juntos en todos los puntos incluidos en el orden del día salvo uno.
Hasta ahora, Vox había instado al equipo de Gobierno a reducir la consignación para el área LGTBI y para la Concejalía de Cooperación Internacional como condición para apoyar su presupuesto. Al parecer, esas peticiones se habrían recogido solo parcialmente: el dinero para Igualdad y el área LGTBI se mantiene (unos 120.000 euros), pero se reduce el de Cooperación un 5%, según apuntó el propio Barcala al presentar el documento. Eso sí, quiso justificar esa reducción como parte de un proceso de reorganización y racionalización de todo el sistema de concesión de subvenciones municipales con el fin de evitar que se tenga que seguir solicitando su devolución a las entidades receptoras porque, en múltiples ocasiones, su uso no queda debidamente justificado. Pero, además, el primer edil hizo hincapié en la incorporación de otra de las medidas planteadas por Vox: la creación de una oficina de apoyo al cuidador y al dependiente.
¿Será suficiente para convencer a Vox? Es pronto para asegurarlo con toda seguridad. Lo cierto es que su portavoz, Mario Ortolá señaló este lunes que "el Partido Popular en materia social se mantiene en el contubernio progre, aumentando en más de un 30% el presupuesto en Igualdad que incluye Igualdad, LGTBI, Inmigración y Cooperación Internacional". En esta línea, añadió que "esperábamos más valentía por parte de un Partido Popular que vive instalado en el correctismo político. Barcala está mirando más a la izquierda que a su propia identidad. Ciudadanos ha ganado su primera batalla". Además, añadió que de momento no se había podido ver "ni rastro de la Concejalía de Familia", aunque sí "una reducción de un 6% en Comercio y Mercados" en contra de otra de las prioridades de Vox. Eso sí, por otra parte, celebró "que se haya aceptado nuestra Oficina de Atención al Cuidador y al Dependiente porque nuestros mayores y dependientes lo necesitan como agua de mayo". Así que consideró que "aún queda mucho que por hablar" y recalcó que "Vox ha venido para ser útil a los alicantinos".
Está por ver si ser "útil a los alicantinos" significa abstenerse para no bloquear la aprobación de las cuentas: uno de los argumentos que ya se utilizó en el pasado mandato para aprobar los presupuestos del extinto tripartito y del PSOE, primero, y del PP, después, en ambos casos al frente de gobiernos en solitario.
En todo caso, también es cierto que Vox es la única formación que podría avalar al bipartito por puro descarte respecto a las posiciones políticas que podría mantener el resto de grupos opositores. El PSPV-PSOE, con nueve ediles, ya ha dado prácticamente por rota toda posible relación con un bipartito liderado por el popular Luis Barcala, como también se puso de manifiesto en el pleno de febrero.
Nada parece indicar que el PSPV-PSOE, que ya votó en contra del presupuesto de 2019 (el primero impulsado con Barcala en la Alcaldía), vaya a secundar ahora el nuevo proyecto presupuestario, toda vez que ya ha advertido de que no se sentaría a negociar con PP y Cs mientras no excluyesen a Vox de ese proceso de conversaciones. Por lo pronto, ese proceso no ha pasado más allá de una primera reunión celebrada en diciembre en la que el primer edil emplazó a la oposición a preparar sus aportaciones. Así, como ya ha contado este diario, el PSPV-PSOE se limitará a presentar enmiendas y a formular su propia propuesta alternativa.
Lo mismo sucede con Unides Podem, que viene insistiendo desde hace meses en que no se fía de las promesas de Barcala toda vez que, según mantienen, no ha cumplido los compromisos adquiridos en 2019 con Guanyar. Entonces, esa confluencia precedente a Unides Podem, liderada por EU, favoreció la aprobación de las cuentas del PP con su abstención tras incluir la ejecución de un largo listado de obras como compromisos políticos a futuro. Ahora, el líder de Unides Podem, Xavier López, no se cansa de repetir que gran parte de esos proyectos no se ha realizado. Y también ha insistido en denunciar la "opacidad" del equipo de Gobierno que se ha negado a afrontar una negociación previa para aceptar aportaciones.
Y otro tanto de lo mismo valdría por lo que respecta a Compromís, que también ha denunciado la inexistencia de la negociación política necesaria para alcanzar acuerdos y que ha criticado que dos de los cuatro millones en los que aumenta el presupuesto global se destinen a impulsar el modificado del contrato de la limpieza viaria y recogida de residuos de la UTE en la que participan las empresas del promotor Enrique Ortiz. A juicio de Bellido, esa medida supone "conceder un regalo en tiempo de descuento" al controvertido empresario, a un año de que se produzca el vencimiento del contrato.
Sin embargo, no es menos cierto que, en el debate de presupuestos de 2019, Compromís también se sumó a la abstención manifestada por Guanyar con el argumento de que el funcionamiento de la ciudad no quedase bloqueado y no estuviese supeditado al voto determinante que pudiese ejercer entonces la exedil no adscrita (ex de Guanyar), Nerea Belmonte. Hasta el momento, Compromís sí se ha abstenido para favorecer la aprobación del presupuesto de la Diputación Provincial, a cambio de introducir un paquete de mejoras a través de una fase de negociación política.
En el caso del ayuntamiento, tras la aprobación del proyecto de presupuesto en Junta de Gobierno, esa negociación queda limitada ya a la fase de presentación de enmiendas, lo que limita la posibilidad de que se produzcan movimientos de partidas entre diferentes órganos gestores. O lo que es lo mismo, ofrece escaso margen de maniobra, salvo que el equipo de Gobierno se abra a modificar su propuesta para incorporar nuevas sugerencias, lo que conllevaría que volviese a pasar por la Junta de Gobierno. No obstante, no parece que esa vaya a ser la estrategia del bipartito. Barcala ya aseguró este lunes que "este es el proyecto del bipartito que pensamos que es el mejor para Alicante", con lo que cerró la puerta a que puedan producirse grandes modificaciones. Tanto que hasta dio una previsible fecha para el debate de presupuesto en pleno: antes de la sesión ordinaria de marzo.
