La campaña informativa puesta en marcha tras el anuncio de implantación del sistema de estacionamiento regulado.ALICANTE. La propuesta para implantar el sistema de estacionamiento regulado (más conocido como ORA o zona azul) en el barrio del Pla-Carolinas amenaza con convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante (el bipartito compuesto por PP y Cs). El proyecto ha transitado por todas las etapas imaginables: solicitud de implantación (aprobada en Junta de Distrito), anuncio de puesta en marcha con campaña informativa incluida, rechazo social posterior, suspensión de su aplicación y, finalmente, retirada definitiva. Sin embargo, un último movimiento surgido del tejido vecinal añade otro elemento a la controversia: el registro de un recurso de reposición frente a la retirada de su implantación, que podría desembocar en la interposición de un contencioso en los juzgados.
Ese último estadio del proceso llega de la mano de la Asociación de Vecinos El Eco del barrio del Pla. El colectivo vecinal insta al Ayuntamiento a dejar sin efecto el decreto dictado el pasado 5 de octubre por el que se acordó la suspensión definitiva de la implantación de la ORA. La petición se fundamenta en que esa decisión municipal contravendría lo previsto en la ordenanza municipal con la que se regula el proceso para la aplicación del sistema de estacionamiento controlado. Y, además, añade que, con ese decreto, se estaría adoptando una resolución en contra de lo previsto en la doctrina de actos propios puesto que no se habría seguido el cauce normativo establecido para que el ayuntamiento pudiese modificar la previa decisión propia.
De ahí que, a la postre, se inste al Ayuntamiento a anular ese decreto para retomar el proceso de implantación de la zona azul, toda vez que responde a la petición formulada por las asociaciones de vecinos y los colectivos de comerciantes del barrio, a través de la Junta de Distrito. Así, el recurso apunta que la tramitación de la solicitud de implantación de la ORA se inició en marzo de 2021, de acuerdo con el cauce normativo previsto y que, tras la exposición al público de la propuesta no se registraron objeciones. Así, subraya que se inició el proceso de su implantación progresiva, conforme a los establecido en la ordenanza municipal.
La Asociación El Eco del Pla insta a PP y Cs a anular el decreto que suspendió la implantación de la zona azul para que pueda retomarse su aplicación
No obstante, según el recurso, ya en el mes de mayo llegaron las muestras de rechazo "por parte de personas sin determinar" que iniciaron una campaña de protesta en redes sociales, en la que se incluyó una recogida de firmas, que desembocó en el decreto de anulación de la implantación, después de que el equipo de gobierno aludiese al rechazo social generado. Como incide el recurso, dicha oposición habría quedado constatada a través de una encuesta realizada entre los residentes.
Sin embargo, el colectivo vecinal incide en que, al margen de desconocer los pormenores de esa encuesta, el decreto por el que el bipartito acabó acordando la suspensión definitiva de la ORA se apartaría del proceso regulado en las ordenanzas municipales para promover su implantación o, en su caso, su derogación. Entre otros puntos, la asociación apunta que generó indefensión en la medida en que no se concedió ni el preceptivo trámite de audiencia para que pudiese formularse objeciones. De ahí que conmine al bipartito a dejar sin efecto dicho decreto y a retomar la instauración de la zona azul, en cumplimiento del único acuerdo aprobado de manera válida.
A ese recurso de reposición, que debe resolver el propio Ayuntamiento, se añade, además, otro escrito remitido por la Asociación de Vecinos del Pla en el que solicita información adicional sobre la elaboración de la encuesta sobre la que se fundamentó la decisión de retirar la implantación del sistema de estacionamiento controlado. En concreto, la junta directiva del colectivo vecinal pide que, este jueves, en el transcurso de la reunión de la Junta de Distrito, se les facilite copia del contrato por el que se llevó a efecto dicha encuesta, su importe, el informe realizado, su ficha técnica, el coste que supuso ejecutar la señalética horizontal y vertical en la zona, así como el de su retirada y anulación y, por último, el coste de la oficina de información ubicada en el edificio del Mercado de la calle San Mateo y de la campaña de información.
Con esos mimbres, PP y Cs deben concretar ahora qué respuesta facilitar frente a las dos peticiones. Lo cierto es que no se antoja una posición cómoda. Al menos por lo que respecta al recurso de reposición, ya que el bipartito tendrá que decidir si opta por revertir un acuerdo sobre el que ya tuvo que enmendarse, cuando renuncio a implantar la zona azul; o si se expone a que el colectivo vecinal decide acudir a la vía contencioso-administrativa para que sea un juez el que dirima si el ayuntamiento actuó de forma correcta al anular su propio acuerdo.
