La liberalización de la AP-7 'atrapa' a 22 empleados de Brócoli: con contrato, pero sin trabajo

ALICANTE. La liberalización de la autopista AP-7 ha sido sin duda la noticia del comienzo del año, y en general todo son felicitaciones por poder utilizar sin pagar una vía que ha sido de peaje durante cerca de medio siglo, desde que se inauguró. Sin embargo, la decisión no ha sido igual de positiva para todos: al margen de los 140 empleados de Abertis que han salido de la empresa con un ERE asociado al fin de las concesiones de la AP-7 y la andaluza AP-4, otros 22 trabajadores de la autopista se acaban de quedar en un limbo laboral.

Se trata de 22 empleados de Brócoli Facility Services, que hasta el pasado 31 de diciembre se encargaban de la limpieza de los troncos de los peajes y de las oficinas de la concesionaria junto a los accesos a la AP-7. Dado que ya no hay peajes (los troncos se desmontarán en unos ocho meses), estos empleados se han quedado sin funciones que realizar. Pero al contrario que los afectados por el ERE de Abertis, los trabajadores de Brócoli en la AP-7 no han sido despedidos, ni tampoco reubicados en otras funciones.

Brócoli es una firma malagueña de servicios fundada en 1996, que el pasado mes de junio fue adquirida por Binmac Inversiones, controlada por el presidente de Grupo Sifu, Albert Campabadal. Hace dos años y medio, la empresa se adjudicó la limpieza de peajes para Abertis en todo el trazado de la AP-7, y al finalizar el contrato se prorrogó para ocho meses más, según han explicado fuentes sindicales. Sin embargo, la concesión ha finalizado antes que dicha prórroga, por lo que estos 22 trabajadores se han quedado en el limbo.

Según han explicado algunos de los afectados a Alicante Plaza, la empresa les ha comunicado que sus funciones quedan suspendidas y, por tanto, también el sueldo, pero siguen dados de alta. Es decir, no tienen trabajo, pero no están despedidos. En la provincia de Alicante son cuatro los afectados, que tenían su base de trabajo en el peaje de La Vila. En los primeros días tras la liberalización, estos trabajadores han estado acudiendo a su puesto de trabajo por recomendación de su abogado, pero se han tenido que quedar en la puerta. 

De momento los afectados no han emprendido una acción colectiva, pero han comenzado a contratar asesoramiento legal en las distintas provincias (Alicante, València y Tarragona). Al menos en el caso de los cuatro trabajadores alicantinos, su objetivo es que la empresa les despida y les indemnice con la antigüedad correspondiente.