El concejal de Fiestas y Partidas Rurales de Alicante, Manuel Jiménez, en un pleno. Foto: Joaquín Reina/EP ALICANTE. La denuncia presentada por el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante a cuenta de los contratos menores impulsados desde las concejalías de Partidas Rurales e Infraestructuras genera las primeras consecuencias. El Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante ha resuelto la apertura de diligencias previas para determinar si esos encargos menores relacionados con distintas actuaciones en la plaza de la partida de La Alcoraya pueden ser constitutivos de delito.
Por lo pronto, el PSOE apuntaba a la existencia de un posible delito de prevaricación por fraccionamiento, al considerar que los encargos vinculados a la plaza Manuel Giménez Pastor debieron ser objeto de una licitación única abierta a la pública concurrencia, en lugar de dividirse en cuatro contrataciones menores distintas: una sobre la instalación de aparatos biosaludables, otra sobre la reforma del escenario de la plaza, otro sobre la redacción del proyecto de una nueva pérgola y un cuarto y último sobre la construcción e instalación de dicha estructura. Todo, además de concurrir la circunstancia de que los representantes de las empresas a las que se solicitó presupuesto y que acabaron siendo adjudicatarias pertenecían al círculo de conocidos del ya exconcejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez (PP).
En esta línea, la titular del juzgado -el mismo en el que se instruyó la causa sobre los contratos de la Concejalía de Comercio que concluyeron en condena para el exalcalde socialista, Gabriel Echávarri- ya ha girado comunicación al Ayuntamiento de Alicante en la que insta a sus responsables a facilitar copia de los expedientes de contratación con los que se tramitaron esos encargos bajo sospecha, según la denuncia del PSOE.
En ese escrito, se señalaba de forma directa a Jiménez, quien presentó su dimisión y renuncia al acta de concejal tras comparecer de forma voluntaria en el pleno ordinario del mes de abril para ofrecer explicaciones sobre la tramitación de esos contratos y defender su legalidad, como informó este diario. Eso sí, en su intervención no asumió ningún tipo de autocrítica por el hecho de no haberse inhibido en la tramitación de esos encargos al ser conocedor de que se iban a contratar con empresas representadas por conocidos suyos en el sector de las fiestas de Fogueres.
Sea como fuere, la denuncia del PSOE también dejaba abierta la posibilidad de que la depuración de posibles responsabilidades sobre los hechos denunciados pudiese extenderse a otros responsables políticos, entre los que podría figurar el concejal de Infraestructuras, José Ramón González, toda vez que fue ese departamento el que promovió y supervisó los procesos de contratación en coordinación con los técnicos de Partidas Rurales.
Por el momento, la titular del juzgado no ha acordado ninguna citación para que pueda producirse la toma de declaraciones. A priori, podrían promoverse una vez analizada la documentación solicitada al ayuntamiento. Sea como fuere, lo cierto es que la apertura de diligencias trasciende a poco más de un día de que dé inicio la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo, con lo que la solicitud de información acordada por el juzgado podría dar armas a los grupos que ejercen funciones de oposición para tratar de desgastar al actual equipo de gobierno, el bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).
Entre tanto, Jiménez -que ha regresado a su ocupación previa en el Patronato de Turismo Costa Blanca- mantiene su vinculación con el PP y ha permanecido activo en distintos eventos de la ciudad como la celebración de un acto en el centro de mayores de Plaza de América, el pasado sábado, así como en la presentación de los carteles de la feria taurina de Fogueres, este martes. De hecho, según fuentes consultadas, hasta ahora se ha previsto que pueda participar en distintos encuentros vecinales durante la campaña electoral.
