Miembros y exmiembros de la agrupación socialista al inicio de la legislatura 2019 - 2023SAN VICENTE DEL RASPEIG. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de San Vicente del Raspeig ha archivado la investigación del llamado 'caso de los WhatsApps' que se dio en el seno del grupo socialista. El auto de archivo se ha dictado a petición de la Fiscalía, al entender esta última que "no ha resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos que se estaban investigando (uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y tráfico de influencias), según el documento al que ha tenido acceso Alicante Plaza.
Es decir, el Juzgado ha entendido que no hay delito en las acciones que se investigaban, que son las de filtrar documentos como actas, expedientes y otras informaciones a través de los grupos de WhatsApp que una facción del PSOE -la díscola- tenía sin el alcalde. Como ya adelantó este diario, el caso llegó a la vía jurídica a raíz de la denuncia presentada por un militante de la agrupación socialista, que formó parte de los gobiernos de Francisco Canals, y cuya identidad no ha sido revelada.
El auto del Juzgado fue emitido el 15 de febrero y dictado por la jueza sustituta que, aunque archiva provisionalmente las diligencias, resuelve también que se remitan las actuaciones a la Agencia Española de Protección de Datos por si los hechos investigados fueran posibles infracciones administrativas. Según ha podido conocer Alicante Plaza, en este punto del auto la defensa ha presentado recursos de reforma.
El Ministerio Fiscal ha compartido algunas valoraciones en relación a los delitos denunciados, con los que el Juzgado se ha mostrado de acuerdo. Con respecto al delito de uso de información privilegiada, se tilda de "atípica" la difusión a través de WhatsApp de los escritos presentados por la oposición, ya que los documentos se han registrado en el consistorio y el hecho de que no sean accesibles al público en general no los convierte en información privilegiada, ya que no se puede obtener rédito económico de ellos.
Tampoco considera que en los mensajes enviados por los grupos de WhatsApp se difundieran secretos, información privilegiada o de carácter reservado. Sin embargo, la Fiscalía si advierte de que filtrar de forma anticipada un plan urbanístico en tramitación puede colmar los requisitos para quien lo filtra y para quien se aprovecha, pero indica que "no consta" que el investigado tuviera acceso al expediente ni quién de los integrantes de la corporación municipal tuvo acceso en los días próximos a la petición.
Sobre el delito de infidelidad en la custodia de documentos, el auto concuerda con el Ministerio Fiscal en que "no consta la destrucción, ocultación, inutilización o sustracción" ni la declaración específica de secreto de los documentos involucrados. Y es en relación al delito de tráfico de influencias donde no se aprecia prevalimiento, al ser sugerencias, peticiones y ruegos.
El 'Gobierno paralelo' de San Vicente estaba liderado por José Luis Lorenzo y se tejía vía WhatsApp, con, al menos, dos grupos paralelos en los que únicamente tenía presencia la parte lorencista del grupo socialista, formada por ocho ediles de los diez que tiene el PSOE en San Vicente, excluyendo de ellos al alcalde, Jesús Villar, y a Asunción París, actual número dos y secretaria general de la agrupación, quien siempre se ha mantenido del lado del munícipe en la corporación municipal.
En estos canales de comunicación selectivos -bautizados como Copenhague y Ágora Papis- se tomaban decisiones al margen del primer edil y se filtraban documentos de forma reiterada, como actas de los órganos municipales, expedientes y otras informaciones que se deben tratar con el grupo al completo. Unas filtraciones ordenadas, en su mayoría, por el exconcejal José Luis Lorenzo, cabecilla de la purga villarista (donde también se posicionaron el también exedil y exportavoz socialista Jesús Arenas y la ex jefa de prensa, Ana Belén López).
Una situación que estalló con la salida del equipo de Gobierno de la número dos socialista, Belén Arques, quien alegó que su marcha se debía a la fractura que vivía el Grupo Municipal Socialista. En su escrito de dimisión comentaba sentirse "sobrepasada por los problemas internos que sufre el PSOE de San Vicente". Y consideraba que no todo vale en política, admitiendo que no entiende ni apoya "el criterio del pensamiento único, el control férreo de lo que se debe sentir, pensar y manifestar, el está conmigo o estás contra mí", haciendo alusión a la guerra declarada por el bando de Lorenzo a Villar.
