El exvicealcalde de Alicante, Andrés Llorens, a la salida de la Audiencia, durante el proceso sobre los contratos del Plan E. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Fin de trayecto para la segunda causa derivada de la prestación del servicio de montaje de escenarios para actos festivos y culturales en Alicante en el conocido como 'caso Isjoma'. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante dictó a finales del pasado mes de diciembre un auto notificado ahora por el que acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias, una vez conocida la sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la que descarta la existencia de irregularidades en la pieza matriz que dio origen al procedimiento.
Con ello, a falta de la posible presentación de recursos, se evitaría que el exvicealcalde y edil de Atención Urbana bajo el mandato de la popular Sonia Castedo, Andrés Llorens, pueda tener que enfrentarse a un nuevo juicio por su supuesta participación en los hechos, al figurar como investigado también en esta segunda rama del caso junto al exjefe del Servicio de Atención Urbana (ya fallecido), un segundo funcionario de la misma concejalía y el titular de Isjoma (también recientemente fallecido).
En concreto, el auto concluye que "de lo actuado no aparece suficientemente justificada la perpetración del delito" de prevaricación por presunto fraccionamiento de contratos objeto de la investigación en estas segundas diligencias, en las que se sometía a revisión los pagos adicionales irregulares, al margen del contrato principal, efectuados a la empresa Isjoma como concesionaria de ese servicio, entre los años 2009 y 2014.
Así lo sostenía la Fiscalía Anticorrupción, quien elevó una segunda denuncia a los juzgados, tras la instruida por el Juzgado número 8 sobre la facturación mantenida de forma independiente al contrato principal entre el Ayuntamiento e Isjoma. En esa primera causa se analizaron los pagos realizados entre abril de 2003 y 2009, los cuatro años iniciales de contrato, así como la misma renovación de dicho servicio a partir de 2009. En ese momento, Anticorrupción argumentó que había quedado fuera de esa primera instrucción el desarrollo de esa renovación contractual, a partir de 2009, en la que, según se sostenía, se había seguido manteniendo la misma operativa: el encargo de trabajos adicionales a la misma empresa, ampliando sus ingresos de forma indebida con trabajos nuevos, no previstos por contrato, a pesar de que era adjudicataria del servicio principal. Con ese procedimiento se habría llegado a abonar a Isjoma cerca de 400.000 euros más, según la versión que mantenía la Fiscalía.
No obstante, la juez concluye ahora que la Audiencia Provincial ya ha dictado sentencia absolutoria respecto a la primera causa, por lo que concluye que procede acordar el sobreseimiento de las diligencias derivadas del primer procedimiento, sin contemplar la posibilidad de un posible juicio.
Lo cierto es que, hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción había llegado a solicitar a la Audiencia la concesión de un plazo adicional para poder presentar el anuncio de recurso de casación de esa primera sentencia ante el Tribunal Supremo (TS). Con todo, no ha trascendido si se ha llegado a cumplimentar ese paso, transcurridos cerca de tres meses desde que se conociese el fallo absolutorio para todos los investigados en la primera causa.
Sea como fuere, lo cierto es que las segundas diligencias quedan sobreseídas temporalmente. En el caso de que devengan archivadas de forma definitiva, Llorens (ahora apartado de la primera línea de la política) quedaría exculpado de otra de las causas en las que se vio envuelto durante su etapa en el Ayuntamiento después de haber resultado exonerado de un delito de prevaricación por la adjudicación de las obras de la Plaza de Magallanes, en la contratación de las obras del Plan de Estímulo a la inversión (el llamado Plan E) y en la primera pieza del caso Isjoma.
