El Gobierno contempla invertir 320 millones para desalar, reutilizar y trasvasar a partir de 2023

ALICANTE. El Gobierno tiene previsto invertir, a través del Ministerio de Transición Ecológica, alrededor de 300 millones de euros en infraestructuras hídricas en la provincia de Alicante los próximos años. Así lo anunció este viernes el director general del Agua, Teodoro Estrela, durante su intervención en la jornada 'Agua y Economía: anticipándonos al cambio climático', organizada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). 

Dichas inversiones se reparten entre desalación, trasvases y reutilización, y una parte estará financiada por los fondos europeos canalizados a través del PERTE del Agua, de manera que no supondrán costes adicionales para los usuarios. Así, Estrela avanzó que el Ministerio va a invertir 62 millones de euros en la ampliación de la capacidad de la desaladora de Torrevieja, hasta 120 Hm3 anuales, un proyecto que está redactado y revisándose, y que se licitará en el primer trimestre de 2023. A estos hay que sumar otros 69 millones para dotar a dicha desaladora de energía solar, con un proyecto cuya redacción se va a licitar ya y que podría salir a concurso a finales del año próximo.

Junto con la inversión en Torrevieja, de 131 millones, destacó los 90 millones que prevén destinar a la instalación de energía solar para rebajar el coste del trasvase Júcar-Vinalopó, en el que además está previsto aprobar un convenio a diez años a finales de ejercicio, tal como adelantó Alicante Plaza. Y por último, el Gobierno destinará 100 millones a financiar el proyecto del Consell para conectar las depuradoras de Alicante y recuperar 30 Hm anuales para el regadío, de los que 60 provendrán del PERTE. 

Estrela tomó la palabra para desgranar las actuaciones de la Dirección General del Agua en la recta final de una jornada que contó con dos meses de debate formadas por expertos, la intervención del catedrático Jorge Olcina para abordar los posibles escenarios fruto del cambio climático, y la inauguración a cargo de la consellera de Agricultura, Mireia Mollà. Todos los participantes coincidieron en la necesidad de aplicar criterios técnicos a la política hídrica, la conveniencia de contar con un mix de fuentes para el agua que usa la provincia, y la defensa del trasvase Tajo-Segura. El coste del agua, más en un contexto de escalada de precios de la energía como el actual, fue la principal preocupación.

Así, Mollà esgrimió el 72% de reutilización del agua en la provincia, conseguido con el canon de saneamiento que pagan los valencianos, y pidió que se mantenga el caudal ecológico del Tajo (para no limitar los trasvases) una vez que se acometa, "con el dinero de todos los españoles", la creación de un sistema de depuración en Madrid, cuyos retornos son el principal problema para la calidad del agua. "Si el agua no es pagable, no es un recurso", advirtió. La consellera consideró que, si con todos los elementos que hay sobre la mesa, se pone en cuestión el trasvase, "no será por una cuestión técnica, sino de otra índole, y sería triste", en alusión a los intereses políticos.

La primera mesa de debate contó con las intervenciones de Núria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec; José Vicente Andreu, presidente del sindicato agrario Asaja Alicante; David Beltrá, presidente de la asociación empresarial Mármol de Alicante; y Rubén Alfaro, alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Moderados por el redactor del Diario Información José Francisco Benito, los participantes consideraron que el agua debe ser una política de Estado, apostaron por un mix de soluciones donde el Tajo-Segura se mantenga, defendieron la reutilización y las buenas prácticas de la industria y abogaron por la colaboración público-privada para la gestión del recurso.

En la segunda mesa participaron Juan Ángel Conca, gerente de la Epsar; Aránzazu Fidalgo, jefa de la oficina de planificación hidrológica de la CHJ; Joaquín Melgarejo, catedrático de la Universidad de Alicante; y Carlos Conradi, director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Moderados por David Martínez, redactor jefe de Alicante Plaza, los participantes coincidieron en que el principal problema de las soluciones al estrés hídrico de la provincia es el coste, más con el precio actual de la energía, y apostaron por la reutilización (Conca) para lograr cierta "soberanía" hídrica y las energías renovables para abaratar el recurso. Melgarejo se mostró menos optimista y pidió mantener el Tajo-Segura para no tener que buscar fuentes alternativas para 110 Hm3, y alertó de la "hipoteca energética" del regadío.

Por su parte, el presidente de CEV Alicante, Joaquín Pérez, insistió en la apertura de la jornada en que “de una vez por todas, tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestras fuentes de suministro y a qué coste; tenemos que ser capaces de garantizar empleo y actividad económica, y tenemos que hacerlo siendo cada vez más fuertes frente a un entorno natural cambiante”. 

El presidente de la Comisión del Agua de CEV y consejero delegado de Hidraqua, Jordi Azorín, encargado de la clausura, recogió como conclusiones que "el problema del agua no es sólo de los agricultores, también es un problema para el turismo y la industria, y que en Alicante somos ejemplo de buena gestión de los recursos", algo en lo que coincidió el director general del Ministerio, con Benidorm, que hoy consume un 30% menos de agua que hace 40 años, como paradigma. "El trasvase es hoy irrenunciable", señaló Azorín, "pero prepararnos para el futuro nos obliga a tener alternativas".