Foto: EPMADRID (EP). El Gobierno ha descartado una reducción del IVA en las bombonas de gas butano y propano desde el 21% hasta el 5%, acorde con la rebaja aprobada recientemente para el gas, y confía en que el precio tope fijado de un reciente decreto ley sea suficiente para evitar subidas descontroladas.
En una respuesta registrada en el Congreso, el Ejecutivo explica que es una directiva europea la que dispone que los Estados miembros podrán aplicar un máximo de dos tipos reducidos no inferiores al 5% y se aplicarán únicamente a las entregas de bienes y a las prestaciones de servicios expresamente relacionados.
"Entre dichas categorías no se incluyen los gases licuados del petróleo entre las categorías de bienes a las que se puede aplicar un tipo reducido del impuesto", argumenta el Gobierno, indicando que es por ello por lo que "no es posible una reducción del tipo del IVA a las bombonas de gas butano y propano".
No obstante, en su respuesta el Ejecutivo recuerda que mediante las medidas desplegadas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania se estableció una limitación del precio máximo de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados. En concreto, el precio máximo de la bombona de butano de 12,5 kilogramos se fijó en 19,55 euros, en aplicación del Real Decreto ley 11/2022.
El Pleno del Congreso avaló el pasado jueves el decreto ley aprobado por el Gobierno para, entre otras medidas, rebajar hasta el 31 de diciembre el IVA aplicado a la factura del gas del 21% al 5%.
El decreto fue respaldado por el PSOE, PP, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT, Coalición Canaria, Más País-Equo, Compromís, Foro Asturias, el PRC y Teruel Existe. Eso sí, no contó con el apoyo de Vox, EH-Bildu, Junts, la CUP y el BNG, que prefirieron abstenerse.
Además de la rebaja fiscal, el decreto ley permite a las plantas industriales de cogeneración acogerse a la compensación prevista a los ciclos combinados por el 'tope al gas', la recuperación de la interrumpibilidad y medidas para facilitar la generación de energía renovable, al flexibilizarse los criterios para determinar la capacidad de transporte y simplificarse los trámites administrativos.
