El presidente de la FEMP, Abel Caballero; el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, en un momento de la reunión de la Junta de Gobierno.ALICANTE. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) afronta la recta final de su mandato, ante la disolución automática que conlleva la celebración de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo, con dos reivindicaciones esenciales -pactadas en la penúltima reunión ordinaria de su Junta de Gobierno celebrada este jueves en Alicante- por las que el conjunto de los ayuntamientos prevé dar la batalla política durante los próximos cuatro años. Por un lado, la exigencia de una mejora en el sistema de financiación local que procure un equilibrio en la asignación de recursos en la administración "en la que ya sucede todo", según enfatizó el presidente de la FEMP, Abel Caballero, al término de la reunión de la Junta de Gobierno del organismo. Y por otro, la solicitud de una mayor asignación de fondos europeos para ejecutar proyectos locales después de que se haya demostrado que "los ayuntamientos hemos sido capaz de gestionar hasta el 35% de los que se había asignado para el conjunto del país, cuando se preveía que recibiésemos en torno al 14%", incidió.
Con esos dos ejes centrales, se podría afrontar algunos de los retos pendientes que deben implementarse en el conjunto de ciudades del país, como la puesta en marcha de actuaciones que permitan aumentar el ahorro en costes energéticos (que se han llegado a triplicar en casi todos los ayuntamientos) o la implantación de un transporte público completamente gratuito para el ciudadano (más allá de la última propuesta de bonificación del 50% puesta en marcha en coordinación entre el Gobierno central, autonomías y ayuntamientos) como medida definitiva para avanzar en la descarbonización, como complemento a la instauración de las llamadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de fomento de la reducción del tráfico en vehículo privado propulsados con combustibles fósiles.
De hecho, en la reunión de la Junta de Gobierno de este jueves -desarrollada en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante- se aprobó un modelo de Ordenanza de Creación y Gestión de Zonas de Bajas Emisiones, a partir del trabajo desarrollado en el seno de la Comisión de Transporte, Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de la FEMP, que constituye un ejemplo básico para que cada ciudad de más de 50.000 habitantes (las que están obligadas por la Ley de Transición Ecológica) puedan implementar sus propias ordenanzas reguladoras, con determinación de condiciones de acceso a los anillos de esas ZBE y la formulación de posibles sanciones en caso de incumplimientos.
Por partes. En lo que respecta a la reivindicación de la reforma de la financiación local, durante la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP se consideró imprescindible que se arbitren soluciones para que los municipios puedan procurar los servicios que prestan a los ciudadanos ante la caída de ingresos que ha supuesto, por ejemplo, la modificación del método de cálculo del impuesto de la plusvalía, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dictada a finales de 2021, que Caballero consideró bien anulado por su carácter confiscatorio. No obstante, insistió en que esa decisión había producido una merma en la recaudación municipal, por lo que la FEMP demanda una primera compensación por los ingresos perdidos en los años anteriores y otra adicional, de carácter anual, que se cuantifican en 1.600 millones, por lo que respecta al agujero inicial, y la anual, en entre 800 y 900 millones más.
El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo (PSOE), Caballero, insistió en que esa merma en la recaudación estaría dificultando que los ayuntamientos pudiesen hacer frente a cuestiones como la cobertura del déficit generado en la prestación del servicio de transporte público, generada como consecuencia de la caída en el número de usuarios desde el estallido de la crisis sanitaria de la covid-19. Se trataría de una situación compartida en el conjunto de los municipios, según enfatizó Caballero, ante el temor que todavía persistiría entre la población a viajar en vehículos compartidos, pese a que la tendencia -al menos en lo que atañe a la ciudad de Alicante- apunta a la paulatina recuperación de viajeros.
Así, tanto Caballero como el alcalde de Alicante y vocal de la FEMP, Luis Barcala, enfatizaron en la necesidad de que no se afronte un debate sobre la reforma de la financiación autonómica que excluya a los municipios, puesto que son la administración más cercana a los ciudadanos y la que "cada vez soporta más atenciones y servicios que cubrir, y es la primera en dar respuesta a los ciudadanos, como se ha demostrado durante la pandemia", según recalcó Barcala.
Es más, el primer edil alicantino subrayó que "es necesario abordar esa reforma" de la financiación local "y asegurar los ingresos de los ayuntamientos porque, tanto en competencias propias como impropias, porque prestamos muchísimos servicios a los ciudadanos, que deben estar garantizados con estabilidad para que los ingresos permitan planificar los gastos a medio y largo plazo". Así, señaló que "los ayuntamientos necesitan una financiación más acorde con la realidad" y señaló que, en el caso de Alicante, los habitantes de hecho superan ampliamente los 350.000 censados. "Prestamos servicios sanitarios, educativos, de transporte, limpieza, seguridad, bomberos… se corresponden y sobredimensionan para una ciudad con muchos más habitantes que los de derecho", recalcó.
Otra cosa es que entre el conjunto de los ayuntamientos y de la propia Junta de Gobierno de la FEMP existan diferencias sobre cómo procurar esa financiación extra para los ayuntamientos en un contexto en el que sigue instalado el debate sobre la fiscalidad y la carrera emprendida por el conjunto de administraciones por bajar o por mantener o crear nuevos impuestos.
Esas diferencias de modelo se pusieron de manifiesto en la comparecencia pública posterior a la reunión de la Junta de Gobierno. De hecho, Caballero defendió la necesidad de la existencia de la recaudación fiscal como vía de autofinanciación de modo que los ingresos obtenidos sirvan para sufragar los servicios que se prestan, pero no para que puedan alimentar a otras administraciones que no apliquen esos impuestos, o no asumen el mismo nivel de servicios directos, en alusión a las autonomías. "Yo no estoy en contra de la bajada de impuestos bien entendida, siempre que permita garantizar el funcionamiento de la administración", apuntó.
Barcala, por su parte, defendió la fiscalidad blanda por la que apuesta su partido (PP) y consideró que "al final se trata de una cuestión de planteamiento ideológico y de un problema de mejora en la gestión, que en nuestro caso incluso nos ha permitido recaudar más bajando impuestos". En todo caso, aseguró que "lo que no puede admitirse es que cada vez se transfieran competencias impropias a los ayuntamientos y no se les dote de recursos necesarios para poder afrontarlos porque al final se acaba incrementando la carga", señaló.
Hubo mayor unidad en lo que respecta a la gestión de los fondos europeos, a los que Caballero presentó como "un elemento central de la acción de los gobiernos locales por el efecto que están teniendo" sobre pueblos y ciudades. Así, hizo hincapié en el aumento de la asignación inicialmente prevista para España y la eficiencia de los gobiernos locales a la hora de impulsar y gestionar proyectos, lo que habría propiciado el aumento en las expectativas en la disposición de esas asignaciones al pasarse del 14% que se planteaba en un primer momento, al 35% asignado hasta ahora.
Foto de grupo de los representantes de la Junta de Gobierno de la FEMP.Además, anunció que, de los 7.000 millones adicionales previstos para España, se solicitan 3.500 para los gobiernos locales, a destinar al Plan PIREP de edificios públicos y la renovación de alumbrado urbano a luminarias LED, entre otras cuestiones, con el fin de introducir medidas de ahorro energético ante la escalada de los precios de generación y compra de la electricidad.
Respecto a los plazos de ejecución de los proyectos subvencionados con fondos europeos, Caballero se mostró convencido de que, a la postre, el Gobierno central será sensible con las dificultades que entrañan los procesos de licitación y contratación para el conjunto de las administraciones, por lo que auguró que se concederán prórrogas adicionales en el caso de que resultase necesario como, según dijo, ya ha sucedido en el caso de la convocatoria de la línea específica sobre actuaciones relacionadas con el comercio.
Al margen de ello, la Junta de Gobierno de la FEMP también aprobó la firma de diez convenios y adendas. Entre otros, uno con la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de cara a la realización de actuaciones relacionadas con la erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito local; un Protocolo General de actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad y la FEMP en materia de delitos de odio; y un convenio con el Ministerio de Sanidad para impulsar la Red de Ciudades Saludables y la implementación local de la Estrategia de promoción de la Salud, entre otros. Se ha aprobado también el texto de la Declaración con motivo del Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, que se celebra el próximo 9 de marzo.
Con la reunión de la Junta de Gobierno de la FEMP -al margen de otros eventos de trascendencia nacional celebrados entre el lunes y el miércoles, como la gala de entrega de los Soles Repsol o la entrega de los Premios Nacionales de Investigación-, la ciudad de Alicante se ha convertido en sede del municipalismo español. Al margen de esa cita, este miércoles, la actividad institucional de la FEMP en Alicante se inició el pasado miércoles con el desarrollo de la jornada 'Turismo Sostenible e Innovador en los Municipios', que inauguró el alcalde Barcala, y que contó con sendas mesas redondas sobre el turismo de interior y de costa.
